El aumento quedó formalizado en la norma que el secretario del área, Diego Pablo Masaragian, firmó el martes 17 de noviembre y que se publicó este miércoles 18 en el Boletín Oficial. El 2,20% surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre y se aplica sobre los valores que regían ese mes.
La suba es lineal, sin diferencias por tipo de prestación. La actualización anterior, de 1,90%, la había dispuesto la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos, se aplicó en octubre y siguió el IPC de septiembre, de modo que los aranceles acumulan dos subas mensuales consecutivas. La norma no crea prestaciones nuevas ni cambia las condiciones de acceso: solo actualiza los valores de las modalidades que ya están en el nomenclador.
Los nuevos montos, prestación por prestación
El anexo ordena los valores según el tipo de servicio y la categoría del prestador: A, B y C. Las modalidades de jornada doble quedaron así:
- Centros de día con jornada doble: $1.166.692,96 en la categoría A, $979.967,23 en la B y $746.193,92 en la C.
- Centros educativos terapéuticos con jornada doble: $1.310.557,92 (A), $1.100.312,05 (B) y $839.377,84 (C).
- Hogares permanentes que funcionan con un centro educativo terapéutico: $2.194.516,03 (A), $1.842.808 (B) y $1.465.570,71 (C).
Dentro de la categoría A, el anexo fija además los importes de otras modalidades:
- Formación laboral con jornada doble: $1.145.104,43.
- Escolaridad primaria con jornada doble: $1.228.995,40.
- Residencia permanente: $1.429.302,41.
- Hospital de día con jornada doble: $1.113.666,92.
Transporte, alimentación y las prestaciones de valor único
Otras prestaciones no se abren por categoría y tienen un importe propio en el mismo anexo:
- Estimulación temprana: $439.719,68.
- Apoyo a la integración escolar (módulos SAIE): $801.937,24.
- Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.
- Transporte: $953,22 por kilómetro recorrido.
- Alimentación: $5.223,37.
Quién paga y a quién le llega
Los importes del nomenclador son aranceles de referencia. La obra social, la empresa de medicina prepaga o el financiador obligado a garantizar la cobertura se los reconoce al prestador que brinda el servicio: el centro de día, el hogar, el transporte, el taller de formación laboral. No se liquidan a la persona con discapacidad.
El nomenclador abarca la rehabilitación, el traslado, la educación especial, los centros de día, los hogares y las residencias, la estimulación temprana, el acompañamiento para la integración escolar, la formación laboral, la escolaridad y la alimentación.
El adicional del 20% y qué pasa en San Juan
Las prestaciones que se brindan en las provincias patagónicas tienen un adicional del 20% por zona desfavorable, calculado sobre el arancel básico de cada modalidad y previsto en el artículo 7° bis de la Ley 24.901. San Juan no integra esa región, así que en la provincia rigen los valores de la tabla sin ese agregado.
Los montos son los que se toman como referencia para las prestaciones de noviembre. La norma no cambia la cobertura ni el circuito para acceder a las prestaciones: lo que se actualiza es el valor que se reconoce por cada una.
La Secretaría Nacional de Discapacidad actualizó 2,20% los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad que rigen en noviembre. El aumento sigue la inflación de octubre y se suma al 1,90% aplicado el mes anterior. Los montos son lo que la obra social o la prepaga reconoce al prestador, no un pago a la persona. El transporte se reconoce a $953,22 por kilómetro.
La burocracia estatal alcanzó una nueva cumbre de precisión aritmética: la Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó un incremento del 2,20% en los aranceles de noviembre, calculado con lupa de orfebre a partir del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El secretario Diego Pablo Masaragian estampó su firma el martes 17 y este miércoles 18 el Boletín Oficial inauguró el monumento al decimal perfecto, que encadena este avance al 1,90% otorgado el mes anterior. Nadie podrá acusar a la administración pública de no defender las finanzas con la ferocidad de quien calcula la cuenta de una cena compartida hasta el último centavo.
Conviene desactivar cualquier ilusión prematura: estos fondos no viajan a las cuentas de las personas, sino que representan la tarifa exacta que obras sociales y prepagas deben liquidar a los prestadores de servicios. El nomenclador desglosa un festival de planillas donde conviven los $1.166.692,96 de un centro de día con jornada doble en categoría A con los fascinantes $953,22 fijados por cada kilómetro de transporte, una cifra cuya fracción final de veintidós centavos parece pensada para saldar el desgaste microscópico del embrague en cada loma de burro.
El menú diario no se queda atrás, con un módulo de alimentación estipulado en quirúrgicos $5.223,37. Mientras las instituciones patagónicas acceden al adicional del 20% por zona desfavorable bajo el amparo de la Ley 24.901, San Juan contempla la escena desde la aridez de la tabla básica, sin agregados geográficos ni atajos administrativos. La normativa no amplía prestaciones ni inaugura facilidades de acceso: solo confirma que la subsistencia asistencial se dirime en el terreno épico de las décimas porcentuales.
