El Gobierno nacional modificará algunos de los puntos más cuestionados del capítulo de discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que el Ejecutivo pretende mantener el nomenclador de prestaciones y garantizar actualizaciones que, como mínimo, acompañen la inflación, aunque ratificó que no modificará la incompatibilidad entre determinadas pensiones no contributivas y el trabajo formal.
Durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier buscó transmitir tranquilidad a las familias y aseguró: “El mensaje para la familia de las personas con discapacidad es que se queden tranquilas, que no van a perder el beneficio mientras Javier Milei sea presidente; que los valores, por lo menos, se van a actualizar por inflación”.
El anuncio implica una revisión de algunos aspectos que habían quedado incluidos originalmente en el proyecto presupuestario y que generaron cuestionamientos políticos y legislativos.
“Hay una intención de actualizar los valores, por lo menos de acuerdo a la inflación. Como decimos siempre, este gobierno no emite moneda, protege el equilibrio fiscal, tiene como prioridad, de nuevo, a las personas con discapacidad”, manifestó el portavoz.
El nomenclador seguirá y tendrá actualizaciones por inflación
Ravier confirmó que el esquema previsto para el Nomenclador de Prestaciones Básicas será revisado. “En relación al nomenclador, habrá cambios”, aseguró.
“Puede haber negociaciones, puede haber una ayuda en algún momento mayor. Son definiciones políticas pero, como mínimo, va a acompañar el IPC la actualización”, agregó el funcionario.
Actualmente, la Secretaría Nacional de Discapacidad aplica un mecanismo de incrementos mensuales vinculado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor. En septiembre de 2026, el Gobierno oficializó una actualización del 1,7% sobre los aranceles de agosto. La administración nacional había comunicado en febrero la implementación del mecanismo mensual basado en el IPC.
El sistema comprende prestaciones de rehabilitación, centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, escolaridad, apoyos y transporte, entre otras actividades contempladas dentro del régimen de atención integral.
La pensión podrá perderse ante determinados empleos formales
El Gobierno, en cambio, no prevé modificar la disposición que establece incompatibilidades entre la pensión no contributiva y el trabajo formal dentro del esquema propuesto.
“Para este Gobierno, una persona que tiene discapacidad no es una persona que tenga incapacidad para trabajar y para generar ingresos. Esto también es muy importante. Entonces, una persona que trabaja a pesar de tener un certificado de discapacidad, si trabaja en relación de dependencia y tiene un ingreso determinado, en todo caso puede perder el beneficio de la pensión no contributiva”, señaló Ravier.
“Pero porque tiene un ingreso formal como cualquier persona que no tiene discapacidad”, añadió el vocero.
La discusión representa uno de los puntos centrales del proyecto. La legislación de emergencia vigente creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y sujeta a requisitos médicos y socioeconómicos.
Según el texto presupuestario descripto en la iniciativa, el Ejecutivo pretende volver a la denominación de Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y establecer incompatibilidades con determinados vínculos laborales registrados.
Ravier tampoco brindó una definición sobre el futuro del Certificado Único de Discapacidad (CUD) ni precisó si se aplicarán modificaciones adicionales en el sistema de certificación.
Qué cambios había planteado el Presupuesto 2027
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso incluye una serie de reformas al régimen de discapacidad concentradas principalmente entre los artículos 36 y 41. Las modificaciones alcanzan el sistema de pensiones, las prestaciones y el mecanismo de determinación de los aranceles.
Uno de los principales cambios propuestos es reemplazar la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social por una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, cuyo monto continuaría siendo equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
El esquema planteado establece además incompatibilidades con ciertos vínculos laborales formales y con inscripciones en regímenes tributarios, lo que modificaría las condiciones contempladas en el sistema vigente.
Otro de los ejes originales se encontraba en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. La Ley 27.793 incorporó el principio de igualdad de los aranceles para las entidades obligadas por la Ley 24.901 y estableció un mecanismo de actualización vinculado con el régimen de movilidad, junto con un estudio anual de costos.
El proyecto presupuestario proponía modificar ese esquema y otorgar mayor capacidad a los distintos financiadores para establecer valores. Para las prestaciones cubiertas por el Estado nacional, contemplaba actualizaciones periódicas y el uso del IPC como referencia si los nuevos montos no fueran fijados dentro del plazo previsto.
Las declaraciones de Ravier introducen ahora una modificación política respecto de ese planteo: el Gobierno aseguró que conservará el nomenclador y que los valores tendrán como piso la evolución de la inflación.
En materia presupuestaria, el proyecto prevé para 2027 $6,094 billones destinados al programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y otros $1,165 billones para la atención médica de los beneficiarios.
La discusión se trasladará al Congreso, donde el oficialismo deberá buscar respaldo para aprobar el Presupuesto 2027. Mientras avanzan las negociaciones, el Ejecutivo ya anticipó que revisará parte del capítulo dedicado a discapacidad, aunque mantendrá su criterio de vincular el acceso a determinadas pensiones con la situación laboral y los ingresos formales de los beneficiarios.
