El coronel mayor retirado Ariel Guzmán presentó su renuncia como administrador encargado del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), luego de mantener una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti. Su salida se produjo en medio de una delicada situación financiera y operativa que atraviesa el sistema de cobertura de las Fuerzas Armadas.
Guzmán había sido designado en febrero de 2026 para conducir el proceso de transición previsto tras la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con la disolución del IOSFA. Su función consistía en administrar ese proceso y acompañar el traspaso de afiliados, activos, personal y obligaciones hacia las nuevas estructuras creadas por el Gobierno.
La salida se produjo después de una reunión con Presti y en momentos en que existen diferencias respecto de los tiempos y la forma en que se desarrolla la liquidación del organismo y la transición hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
Una deuda superior a los $213.000 millones
Uno de los principales problemas que atraviesa el sistema es el volumen de compromisos acumulados con prestadores y proveedores. El pasivo ronda actualmente los $213.000 millones, mientras persisten reclamos vinculados con pagos pendientes y con prestaciones demoradas o interrumpidas.
La crisis financiera se desarrolla mientras continúa la reorganización dispuesta por el Decreto 88/2026, publicado el 6 de febrero. La norma creó la OSFA en el ámbito del Ministerio de Defensa y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, al mismo tiempo que dispuso iniciar el proceso de disolución y posterior liquidación de IOSFA.
El decreto estableció que el proceso debía incluir la transferencia de activos y personal y contempló un período de transición para reorganizar estructuras, presupuestos, patrimonio, recursos humanos y obligaciones.
Protesta por cerca de 600 puestos de trabajo
La renuncia de Guzmán coincidió con una jornada de protesta encabezada por trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que se movilizaron hasta la sede central de la obra social en la Ciudad de Buenos Aires.
El gremio denunció que cerca de 600 puestos laborales se encuentran en riesgo como consecuencia del proceso de reorganización. Según la organización sindical, hacia fines de septiembre podrían finalizar los contratos de casi 400 trabajadores, mientras que parte del personal de planta permanente quedaría en disponibilidad.
ATE también cuestionó el posible cierre o reestructuración de 13 hoteles y dos recreos vinculados con la obra social, ubicados principalmente en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche.
Durante la protesta de este jueves, integrantes del gremio ingresaron a la sede central de la obra social, en la calle Paso al 500 de la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar por la continuidad laboral y exigir respuestas sobre el futuro del organismo y sus servicios.
Una transición todavía abierta
La reorganización comenzó formalmente en febrero, cuando el Gobierno decidió separar las coberturas correspondientes a las Fuerzas Armadas de aquellas destinadas a las fuerzas federales de seguridad. Desde entonces, IOSFA continuó funcionando durante el período transitorio mientras avanzaba el traslado hacia las nuevas entidades.
En comunicaciones oficiales anteriores, la propia administración había reconocido la existencia de deudas pendientes y dificultades operativas durante la transición, además de informar que continuaba trabajando con prestadores y proveedores mientras se concretaban los traspasos previstos.
La renuncia de Guzmán abre ahora una nueva etapa dentro de un proceso que todavía debe resolver el pasivo acumulado, la continuidad de las prestaciones y la situación laboral del personal alcanzado por la reorganización.
