Una joven identificada como María Valentina Rampulla fue imputada en San Juan por la presunta usurpación de una profesión, luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan.
De acuerdo con la acusación formulada por Fiscalía, la joven se habría presentado públicamente como traductora e intérprete de inglés y habría ofrecido servicios profesionales sin contar con un título universitario habilitante ni con matrícula en el organismo correspondiente.
La imputación no implica una declaración de culpabilidad. Durante la audiencia, Rampulla se abstuvo de declarar y posteriormente accedió a una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, mecanismo que permite suspender el proceso penal mientras la persona imputada cumpla una serie de condiciones.
La denuncia del Colegio de Traductores
La investigación comenzó después de una presentación realizada por el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan, que puso bajo análisis la actividad profesional que Rampulla promocionaba en redes sociales.
Según la Fiscalía, en esas publicaciones la joven se presentaba como traductora, intérprete y profesora universitaria de inglés, además de atribuirse experiencia en ámbitos empresariales, técnicos y vinculados con la actividad minera.
Durante la investigación se solicitaron informes para determinar si contaba con formación académica y habilitación profesional. Las actuaciones incorporadas al expediente señalaron que no figuraba matriculada en el Colegio de Traductores de San Juan.
También se realizaron averiguaciones sobre los antecedentes académicos que exhibía públicamente. Ante diferencias surgidas entre las informaciones conocidas sobre la institución universitaria involucrada, ese dato forma parte de las actuaciones y deberá ser considerado dentro del expediente judicial.
Mensajes y publicaciones tras la intervención del Colegio
La Fiscalía también señaló que, luego de la intervención del Colegio profesional, Rampulla habría realizado publicaciones y enviado mensajes dirigidos contra integrantes de la institución.
Como consecuencia de esa situación se solicitaron medidas destinadas a impedir el contacto y el acercamiento hacia miembros del organismo que intervino en la denuncia.
Esas restricciones quedaron incorporadas posteriormente entre las condiciones que deberá respetar durante el período establecido para la suspensión del juicio a prueba.
Probation por un año y tareas comunitarias
Durante la audiencia judicial, la joven decidió abstenerse de prestar declaración. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo para aplicar una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año.
Entre las condiciones impuestas figura la realización de 24 horas de tareas comunitarias en la Municipalidad de Santa Lucía.
Además, deberá realizar un aporte de $200.000, dividido en dos cuotas de $100.000, destinado a beneficio de la Cruz Roja San Juan.
También tendrá que cumplir reglas de conducta durante el plazo establecido, entre ellas no acercarse ni mantener contacto con integrantes del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan.
La suspensión de juicio a prueba no constituye una condena penal ni implica que se haya declarado judicialmente la culpabilidad de Rampulla. Si cumple las condiciones fijadas durante el período establecido, el proceso podrá avanzar conforme a las reglas previstas para este tipo de acuerdos.
