El Gobierno de Javier Milei busca acelerar en el Senado el tratamiento de la reforma de la Ley General de Sociedades, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Mientras el proyecto continúa su recorrido parlamentario, la Inspección General de Justicia (IGJ) avanzó con una resolución que implementa algunos de los cambios contemplados en la iniciativa oficial.
La reforma legislativa fue presentada en junio de 2026 y propone modificar las condiciones para constituir y administrar empresas en la Argentina. Entre sus principales objetivos se encuentran simplificar los procedimientos administrativos, ampliar la autonomía de los socios, incorporar herramientas digitales y reconocer nuevas modalidades de organización empresarial.
Sin embargo, el tratamiento parlamentario todavía no concluyó. La iniciativa fue analizada en la Comisión de Legislación General del Senado, donde recibió diferentes observaciones y continúa pendiente de definiciones para avanzar hacia su eventual aprobación.
En ese contexto, la IGJ publicó el 22 de septiembre la Resolución General 11/2026, que elimina determinadas exigencias administrativas y flexibiliza las condiciones de inscripción de sociedades. La medida entró en vigencia el 23 de septiembre y permite concretar algunos de los cambios que también forman parte de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo.
Menos trámites, múltiples actividades y capital mediante criptoactivos
La nueva resolución introduce modificaciones en los procedimientos de constitución e inscripción de sociedades comprendidas dentro de las competencias de la IGJ.
Uno de los principales cambios consiste en eliminar, como requisito general para constituir una sociedad, el dictamen obligatorio de precalificación profesional. Este documento era una de las exigencias administrativas que debían cumplir quienes iniciaban determinados trámites societarios.
La eliminación de su obligatoriedad busca reducir los costos y los tiempos necesarios para constituir una empresa, aunque la presentación continuará siendo posible de manera voluntaria y seguirá exigiéndose en los casos específicamente establecidos.
Florencia Galante, directora de Global Entity Management (GEM) en TMF Group, destacó la importancia de esta modificación para quienes buscan constituir nuevas sociedades.
«uno de los cambios más significativos es la eliminación del dictamen de precalificación profesional obligatorio para la constitución de sociedades».
«Esta modificación implica una reducción de costos y tiempos para los constituyentes.», explicó Galante.
Otra de las novedades está relacionada con la flexibilización del objeto social, que permite a una misma empresa desarrollar diferentes actividades económicas sin necesidad de que estén vinculadas entre sí.
Hasta ahora, las regulaciones registrales establecían determinadas condiciones sobre la relación entre las actividades declaradas por una sociedad. La nueva disposición elimina esas restricciones y permite incluir múltiples categorías dentro del objeto social.
Galante explicó que «la resolución también flexibiliza considerablemente el tratamiento del objeto social» y precisó que las sociedades podrán incorporar actividades sin necesidad de demostrar que mantienen una relación económica o funcional.
En particular, las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) podrán adoptar como objeto social la realización de cualquier actividad lícita, sin necesidad de establecer una descripción limitada de sus posibles negocios.
La especialista señaló que esta modificación otorga mayor flexibilidad operativa y permite evitar futuras reformas de los estatutos cuando las empresas deciden ampliar o diversificar sus actividades.
La Resolución General 11/2026 también habilita la utilización de activos virtuales para integrar el capital de las sociedades.
Esta posibilidad contempla determinadas condiciones, entre ellas la identificación y valuación de los activos, la acreditación de su titularidad y su depósito mediante proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante la Comisión Nacional de Valores.
Asimismo, las sociedades podrán constituir una sede electrónica mediante una dirección de correo electrónico que producirá efectos jurídicos una vez inscripta. Esta herramienta será complementaria y no reemplazará la sede física de la empresa.
Sturzenegger impulsa una reforma que incorpora empresas administradas con inteligencia artificial
Los cambios establecidos por la IGJ coinciden con varios de los objetivos de la reforma integral de la Ley 19.550 que el Poder Ejecutivo presentó ante el Senado.
El proyecto propone modificar la relación entre las normas legales y las decisiones que adoptan los socios al organizar sus empresas. La iniciativa busca ampliar la autonomía contractual y permitir que los estatutos establezcan diferentes condiciones de funcionamiento, dentro de los límites previstos por la legislación.
Según explicó Galante, «tanto la RG IGJ 11/2026 como el proyecto de reforma de la Ley 19.550 (que fue enviado en junio al Senado) parten de una idea común, que es reducir el control preventivo del Estado sobre la organización interna de las sociedades».
La especialista también destacó que, al permitir objetos sociales amplios y actividades económicas que no necesariamente están relacionadas entre sí, la IGJ anticipa algunos de los resultados contemplados por la futura reforma legislativa.
Entre las principales propuestas del proyecto se encuentran la constitución de sociedades mediante firma digital, la utilización de libros y registros electrónicos y la posibilidad de realizar asambleas a distancia.
La iniciativa también contempla ampliar las modalidades de organización empresarial, simplificar procedimientos registrales y actualizar las herramientas jurídicas disponibles para el desarrollo de nuevas actividades económicas.
Uno de sus aspectos más novedosos es la incorporación de las denominadas sociedades automatizadas, que podrían desarrollar operaciones mediante algoritmos y sistemas de inteligencia artificial.
Esta modalidad busca reconocer jurídicamente a organizaciones que utilizan herramientas tecnológicas para ejecutar parte de sus actividades y procesos de administración.
La regulación de estas sociedades continúa siendo uno de los aspectos discutidos durante el tratamiento parlamentario, especialmente en relación con la responsabilidad humana y los mecanismos de control.
El proyecto también incorpora instrumentos de inversión convertibles, que permitirían desarrollar operaciones de financiamiento empresarial sin generar necesariamente obligaciones de deuda inmediatas.
Además, contempla ampliar las posibilidades de resolver conflictos internos mediante mecanismos de arbitraje privado y, bajo determinadas condiciones, recurrir a legislaciones o jurisdicciones extranjeras.
La reforma permanece en el Senado mientras la IGJ adelanta modificaciones
La iniciativa impulsada por Sturzenegger fue presentada en junio y atravesó diferentes instancias de discusión parlamentaria durante los últimos meses.
El proyecto generó posiciones contrapuestas entre los especialistas convocados al Senado, particularmente sobre el alcance de la autonomía societaria, los mecanismos de supervisión y las nuevas modalidades empresariales vinculadas con la inteligencia artificial.
El tratamiento también se desarrolla en un contexto en el que otras iniciativas de desregulación promovidas por el ministro provocaron discusiones dentro del propio oficialismo.
Uno de esos antecedentes estuvo relacionado con la reforma laboral y la propuesta que contemplaba modificaciones en el régimen de remuneraciones para trabajadores que atravesaran determinadas situaciones de enfermedad o accidentes prolongados.
Las controversias sobre diferentes proyectos contribuyeron a incrementar la atención política sobre las iniciativas legislativas impulsadas desde el Ministerio de Desregulación.
En este escenario, el Gobierno busca avanzar con el tratamiento de la reforma societaria y completar las instancias necesarias para su eventual aprobación.
Mientras el Congreso continúa analizando el proyecto, la Resolución General 11/2026 ya permite implementar modificaciones administrativas dentro del ámbito de actuación de la IGJ.
La medida deroga 33 artículos reglamentarios, un anexo y dos resoluciones generales anteriores, además de modificar las condiciones de constitución y registro de diferentes sociedades.
Sin embargo, su alcance no equivale al de una reforma integral de la Ley General de Sociedades. Para modificar el régimen legislativo nacional será necesario completar el tratamiento parlamentario y obtener la aprobación correspondiente.
De esta manera, el Poder Ejecutivo avanza por dos vías: mediante los cambios reglamentarios que ya puede implementar la Inspección General de Justicia y a través del proyecto legislativo que permanece bajo análisis del Senado.
La definición parlamentaria será determinante para establecer el alcance definitivo de la modernización societaria propuesta por el Gobierno, especialmente en lo relacionado con las sociedades automatizadas, la autonomía contractual y las nuevas herramientas tecnológicas destinadas a la organización de empresas.
