El empresario sanjuanino Fernando Palluchini declaró este martes 29 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal 7, en una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos. Durante su testimonio, aseguró que su empresa constructora estuvo al borde de la quiebra después de negarse a participar de un presunto sistema de retornos que, según su relato, permitía agilizar los pagos correspondientes a la obra pública.
La jornada también incluyó las declaraciones de efectivos de la Policía Federal que participaron del allanamiento realizado en agosto de 2018 al departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los testimonios estuvieron centrados en reconstruir el procedimiento y aclarar las contradicciones surgidas a partir de declaraciones anteriores.
El debate oral comenzó en noviembre de 2025 y se desarrolla ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, en los tribunales federales de Retiro. La causa tiene 86 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, procesada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho.
El empresario sanjuanino que denunció presuntos retornos y aseguró que casi quiebra
Fernando Palluchini, quien durante los hechos investigados presidía una empresa constructora de San Juan, compareció como testigo después de haber sido imputado y posteriormente sobreseído durante la investigación que estuvo a cargo del Juzgado Federal 11.
Según explicó, su incorporación al expediente se produjo porque su empresa figuraba en una lista que el financista Ernesto Clarens presentó ante la Justicia para acceder al régimen de imputados colaboradores.
Durante su declaración, el empresario describió un presunto mecanismo mediante el cual determinadas constructoras podían agilizar el cobro de certificados de obra a cambio de entregar dinero.
“Si uno integraba la camarita y aportaba el dinero que ellos pedían que era un retorno de esa manera te agilizaban el pago de certificado”, declaró bajo juramento.
Palluchini sostuvo que su compañía nunca aceptó participar de ese sistema y que esa decisión tuvo consecuencias económicas importantes.
También relató que su hermano y socio sabía que el financista Ernesto Clarens era una persona que, presuntamente, podía intervenir para destrabar los pagos pendientes.
Según su testimonio, cuando su hermano se comunicaba telefónicamente con Clarens, recibía la siguiente respuesta: “La forma de cobrarlo es que te pongas con lo que hay que poner, y de esa forma se destraba”.
El constructor aseguró que, ante la negativa de su empresa a realizar esos presuntos pagos, llegaron a acumular demoras de hasta 200 días en el cobro de los certificados de obra. La situación los obligó a recurrir a la Justicia para reclamar el dinero y, de acuerdo con su declaración, la firma estuvo cerca de quebrar.
El empresario también se refirió a las circunstancias en las que prestó declaración indagatoria el 27 de febrero de 2019, cuando todavía se encontraba imputado en la investigación.
Recordó que, mientras esperaba en el juzgado federal de Claudio Bonadio, trasladaron al lugar al empresario detenido Hugo Dragonetti, quien, según describió, se encontraba en condiciones “deplorables”.
Palluchini interpretó aquella situación como una forma de intimidación. “Para mí fue un mensaje atemorizante, como decir: ‘No se hagan los locos o acepten las cosas’“, manifestó durante la audiencia.
Su declaración concluyó después de responder preguntas del juez Germán Castelli y de distintas defensas, que solicitaron precisiones sobre su indagatoria y otros aspectos de su relato. Posteriormente, el tribunal dispuso un cuarto intermedio de cinco minutos.
El allanamiento a Cristina Kirchner: los policías negaron haber recibido órdenes de Bonadio
La audiencia continuó con los testimonios de efectivos de la Policía Federal que participaron del allanamiento realizado el 23 de agosto de 2018 en el departamento de Cristina Kirchner, ubicado en la esquina de Uruguay y Juncal, en la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los declarantes fue el comisario Eduardo Agostini, quien brindó detalles sobre el operativo y las comunicaciones mantenidas con el juzgado durante el procedimiento.
El policía explicó que, al llegar al edificio, se informó al encargado sobre la realización del allanamiento. Según recordó, el trabajador no presentó objeciones y permitió el ingreso de los efectivos.
En el departamento se encontraba el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi. Agostini señaló que estuvo a cargo de leer el acta correspondiente al procedimiento.
También recordó que se solicitó a los participantes dejar sus teléfonos celulares para evitar la difusión de imágenes, debido a la repercusión pública del operativo.
Durante su declaración, el comisario explicó que algunas consultas al juzgado fueron realizadas por él y otras por Juan Carlos Barrales, quien estaba a cargo del allanamiento y ya había comparecido anteriormente ante el tribunal.
Uno de los puntos centrales del interrogatorio estuvo relacionado con las declaraciones del encargado del edificio, Julio César Silva, quien había asegurado que durante el operativo escuchó una conversación telefónica entre un policía y el entonces juez federal Claudio Bonadio.
Según había relatado Silva, el magistrado habría ordenado que los efectivos permanecieran en el edificio hasta encontrar elementos de interés para la investigación.
En su declaración anterior, el encargado manifestó: “hubo un momento, a las 18.30, no me puedo olvidar, cuando llamó el juez al comisario inspector a cargo. A los gritos, que se sentían, le dijo que no había nada en el edificio y el juez le dijo: ‘Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo’”.
Sin embargo, Agostini negó haber mantenido comunicaciones directas con Bonadio durante el allanamiento. Aseguró que siempre se contactó con uno de los secretarios del juzgado y que, según su conocimiento, Barrales tampoco habló con el magistrado.
Cuando le preguntaron específicamente por la presunta comunicación mencionada por el encargado, respondió: “No, no se hizo eso”.
El comisario también ratificó ante el juez Germán Castelli que había confeccionado íntegramente el acta del procedimiento y que las consultas telefónicas al juzgado se realizaron sin utilizar el altavoz.
Consultado sobre la posibilidad de que Silva hubiera escuchado las conversaciones, explicó que el encargado circulaba por distintos sectores del edificio durante el allanamiento.
“Hasta nos dio agua caliente para tomar mate, puede ser que haya estado al lado mío”, señaló, aunque aclaró que no recordaba con certeza si el trabajador había permanecido cerca durante alguna de las comunicaciones.
Las preguntas buscaron establecer las circunstancias del operativo y contrastar los testimonios sobre las presuntas instrucciones atribuidas al fallecido juez federal.
Posteriormente, declaró el comisario Mauro Ezequiel Amhed, quien también participó del procedimiento realizado en la propiedad de la expresidenta.
El efectivo explicó que el operativo estaba organizado por sectores y que había recorrido la totalidad del departamento, incluido el dormitorio matrimonial de Néstor y Cristina Kirchner.
Amhed recordó que, antes de comenzar el registro, Barrales realizó una consulta al juzgado y que, por disposición judicial, se solicitó al abogado Carlos Beraldi que permaneciera fuera del departamento.
Ante las preguntas de la fiscal Fabiana León, el comisario también confirmó la existencia de una puerta blindada que permitía ingresar al vestidor.
Las características de ese sector de la vivienda ya habían sido abordadas durante una audiencia anterior, cuando el tribunal exhibió imágenes del inmueble registradas durante el allanamiento.
Una declaración reservada y la continuidad del juicio
La jornada judicial finalizó con el testimonio de un agente del Cuerpo de Inteligencia Criminal de la Policía Federal Argentina, quien declaró bajo condiciones de confidencialidad debido a su vinculación con actividades de inteligencia.
Por ese motivo, el Tribunal Oral Federal 7 dispuso interrumpir la transmisión pública de la audiencia, que se realizaba mediante el canal de YouTube del Poder Judicial, y ordenó verificar que no hubiera público presente en la sala.
La declaración se desarrolló a puertas cerradas, bajo las condiciones de reserva establecidas para el testigo.
Tras finalizar esa instancia, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves, cuando continuará el debate oral.
El proceso judicial comprende las acusaciones por una presunta estructura de recaudación ilegal vinculada con contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Las declaraciones incorporadas durante esta audiencia serán evaluadas por el tribunal junto con el resto de las pruebas presentadas a lo largo del juicio.
