La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció tres paros nacionales de 24 horas durante noviembre, en el marco de un nuevo plan de lucha para reclamar mejoras salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las medidas de fuerza están previstas para el martes 3, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre y alcanzarán al personal nodocente de las universidades nacionales de todo el país.
La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de FATUN, que resolvió profundizar las acciones gremiales ante la falta de avances en las negociaciones paritarias con el Gobierno nacional.
Desde la Federación explicaron que las jornadas de protesta forman parte de una estrategia destinada a «continuar con un plan de lucha hasta que el Gobierno Nacional entienda que la sociedad argentina quiere un futuro con educación».
El reclamo está dirigido a la administración del presidente Javier Milei y se concentra en dos cuestiones centrales: la recomposición de los ingresos de los trabajadores universitarios y el cumplimiento de la legislación aprobada para financiar el sistema de educación superior.
Paro universitario: las tres fechas confirmadas por FATUN
El cronograma anunciado por la organización gremial contempla tres jornadas de cese de actividades de 24 horas:
Martes 3 de noviembre: primera jornada de paro nacional del personal nodocente.
Jueves 12 de noviembre: segunda medida de fuerza prevista dentro del plan de lucha.
Lunes 16 de noviembre: tercera jornada de protesta anunciada por la Federación.
La convocatoria tiene alcance nacional y comprende a los trabajadores nodocentes de las universidades públicas, quienes cumplen funciones administrativas, técnicas, de mantenimiento y de apoyo al funcionamiento institucional.
La interrupción de estas tareas puede afectar distintos servicios y actividades universitarias, según la organización de cada institución y el nivel de adhesión a la medida.
FATUN fundamentó la decisión en la necesidad de obtener una respuesta salarial y presupuestaria por parte del Ejecutivo.
En su pronunciamiento, la Federación exigió una solución con carácter de «urgente» y sostuvo: «Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública».
El reclamo salarial y la falta de acuerdo con el Gobierno
El conflicto se desarrolla en un contexto de desacuerdo en las negociaciones paritarias entre el sector nodocente y el Gobierno nacional.
Los representantes gremiales consideran necesaria una recomposición salarial que permita recuperar los ingresos de los trabajadores universitarios.
Además de la cuestión salarial, FATUN reclama que se garanticen los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales y al desarrollo de sus actividades de investigación.
La Federación vincula estos planteos con la necesidad de sostener el sistema público de educación superior y asegurar condiciones adecuadas para el desempeño de sus trabajadores.
La convocatoria a tres jornadas de paro constituye una nueva instancia de presión gremial ante la ausencia de un acuerdo que permita resolver el conflicto.
Qué ocurre con la Ley de Financiamiento Universitario
Uno de los principales puntos de controversia es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación.
La norma atravesó un proceso de confrontación institucional luego de que el presidente Javier Milei dispusiera su veto.
Posteriormente, ambas cámaras del Congreso reunieron la mayoría de dos tercios necesaria para insistir con la ley y dejar sin efecto el veto presidencial.
Tras esa decisión legislativa, el Poder Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025.
Sin embargo, el Gobierno condicionó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento correspondientes y asignara las partidas necesarias dentro del Presupuesto nacional.
La administración nacional fundamentó esa posición en la falta de previsión presupuestaria y en el impacto fiscal que, según su evaluación, tendría la implementación de las disposiciones aprobadas.
Desde el sector gremial, en cambio, se exige el cumplimiento de la ley y la asignación de los recursos previstos para el sistema universitario.
Esta diferencia mantiene abierto el conflicto entre los trabajadores y el Ejecutivo, sin que las negociaciones hayan derivado en un acuerdo salarial y presupuestario.
Las tres jornadas de paro anunciadas para noviembre se inscriben en ese escenario de reclamos, con la recomposición salarial y el financiamiento de las universidades públicas como principales demandas.
El desarrollo de las negociaciones durante las próximas semanas será determinante para establecer si se producen avances que permitan modificar el escenario de conflicto planteado por FATUN.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció tres paros nacionales de 24 horas para el martes 3, jueves 12 y lunes 16 de noviembre. La medida alcanzará al personal nodocente de las universidades públicas y responde al reclamo de recomposición salarial, la falta de acuerdo paritario y la exigencia de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Las universidades nacionales volverán a encontrarse con un problema que no figura en los programas de estudio, pero que lleva bastante tiempo formando parte del calendario académico: el conflicto salarial. FATUN anunció tres paros de 24 horas y el sistema universitario sumará nuevas fechas a una agenda que, entre exámenes, clases y reclamos, empieza a parecer diseñada por alguien que confundió el calendario académico con un tablero de negociaciones interminables.
Las jornadas elegidas son el martes 3, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. Una distribución que ofrece tiempo suficiente para que el Gobierno y el gremio revisen sus posiciones, aunque el desacuerdo viene demostrando una resistencia que cualquier laboratorio universitario podría estudiar como fenómeno de larga duración. Los trabajadores nodocentes reclaman una recomposición salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Hasta ahora, las negociaciones no consiguieron producir el resultado esperado.
El conflicto tiene una particularidad institucional: el Congreso aprobó la ley, el Presidente la vetó, ambas cámaras insistieron con la mayoría necesaria y el Ejecutivo terminó promulgándola. Sin embargo, su aplicación quedó condicionada a la definición de fuentes de financiamiento y partidas presupuestarias. Es una secuencia que permite comprobar que una norma puede recorrer buena parte del sistema republicano y aun así permanecer a la espera de que alguien resuelva cómo convertirla en recursos disponibles.
La discusión enfrenta dos prioridades que el Gobierno y los gremios presentan de manera diferente. Desde el Ejecutivo se plantea el problema del impacto fiscal y la previsión presupuestaria. Desde FATUN se insiste en la recuperación de los salarios y el sostenimiento de las universidades públicas. Entre ambas posiciones quedan los trabajadores, las instituciones y una negociación que todavía no encontró un punto de acuerdo.
Los paros también recuerdan una característica poco visible del funcionamiento universitario: además de docentes, investigadores y estudiantes, existe una estructura de personal administrativo, técnico y de servicios que permite que las facultades funcionen diariamente. Cuando ese sector interrumpe sus tareas, la actividad institucional puede verse afectada aunque las aulas sigan teniendo bancos, pizarrones y programas de materias perfectamente redactados.
La Federación ya fijó las fechas y mantiene abierto el reclamo. El Gobierno, por su parte, sostiene sus objeciones presupuestarias a la aplicación de la ley. Así, la educación superior vuelve a quedar en medio de una discusión donde todos hablan del futuro, pero el desacuerdo se concentra en cuestiones bastante inmediatas: cuánto cobran los trabajadores, qué recursos reciben las universidades y cuándo se alcanzará una solución.
