La norma que decide es el Código Civil y Comercial de la Nación, en vigencia desde el 1 de agosto de 2015, que reemplazó a la anterior Ley de Nombres 18.248. Su artículo 69 es explícito: «El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez».

El artículo 62 reconoce a toda persona el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden. Ese es el punto de partida: el pedido no se resuelve en el Registro Civil, sino que termina en un expediente judicial.

Los motivos que la ley acepta

El artículo 69 enumera algunos de esos justos motivos: el seudónimo que haya adquirido notoriedad, la raigambre cultural, étnica o religiosa y la afectación de la personalidad del interesado, siempre que esté acreditada. La enumeración no es cerrada, pero cada motivo tiene que probarse.

En el expediente hay que explicar el motivo y acreditarlo. El juez decide si encaja en los supuestos que la ley admite y si el cambio procede. Una preferencia personal o un enojo familiar no figuran en la lista.

Hay un supuesto que no pasa por la Justicia. El mismo artículo dispone que no requieren intervención judicial los cambios de prenombre y apellido de quienes fueron víctimas de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad.

Quién decide y cómo se tramita

El artículo 70 fija el procedimiento. El pedido se tramita ante el juez del domicilio de la persona que lo solicita, con intervención del Ministerio Público, publicidad del pedido y derecho de terceros a oponerse. La publicidad implica que el pedido se da a conocer y que alguien puede presentarse a discutirlo.

El Código Civil y Comercial rige en todo el país, así que el artículo 69 se aplica igual a un pedido que se inicie en San Juan.

El trámite gratuito que no cambia el apellido

La confusión más frecuente llega por la ley 26.743 de Identidad de Género. Esa norma habilita la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila ante el Registro Nacional de las Personas, sin intervención judicial y sin exigir tratamiento médico ni psicológico.

La ley habla de nombre de pila. No incluye el apellido, que sigue regido por el artículo 69 del Código Civil y Comercial. Por eso el trámite administrativo y gratuito sirve para el nombre, pero no para quitarse el apellido paterno.

Qué pasa cuando la sentencia es favorable

Cuando una resolución judicial o una rectificación registral dispone el cambio de nombre o apellido, el DNI debe actualizarse. El Registro Nacional de las Personas tiene a su cargo la emisión del documento.

Sin sentencia, el apellido no se modifica: no existe un trámite administrativo equivalente para el apellido paterno. Con la resolución favorable, el paso siguiente es la actualización del documento en el Renaper.