La medida se inició este lunes 9 de noviembre luego de que la fundación española Maldita.es publicó un informe en el que identificó más de mil videos dentro de la red social con material explícito de abuso sexual infantil.

A partir de esos datos, el Ministerio de Juventud e Infancia remitió un escrito formal a la Fiscalía General del Estado para que actúe y adopte las medidas necesarias destinadas a garantizar la protección integral de los niños y adolescentes que puedan resultar afectados.

Qué medidas analiza el Gobierno español

El Gobierno de España comunicó que se plantea paralizar los servicios de TikTok en el territorio español «si se ve oportuno», según informó la cartera ministerial encabezada por Sira Rego. La ministra solicitó una reunión con carácter urgente a los representantes de la plataforma en ese país.

El objetivo del encuentro oficial es «conocer las explicaciones de TikTok, así como las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en su plataforma», de acuerdo con el requerimiento formulado por Rego.

Desde la cartera calificaron los hechos documentados como de «extrema gravedad» y señalaron que la situación requiere «una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo».

Fallas en los algoritmos y alcance de la medida

Para la investigación de Maldita.es, las herramientas de la propia plataforma intervienen en la circulación de las publicaciones: «El resultado muestra que el abuso no se esconde en un rincón, sino que se apoya en las propias herramientas de TikTok. Son el propio buscador de TikTok y sus algoritmos de recomendación los que te llevan a material explícito de abuso sexual infantil».

En el mismo sentido, el Ministerio de Juventud e Infancia concluyó que el caso pone en evidencia «graves deficiencias» en los mecanismos de detección y moderación de contenidos de la empresa, además de advertir sobre el rol de sus sistemas de recomendación en la distribución de los archivos, lo que podría constituir una vulneración directa a los derechos de los menores.

Hasta este lunes no existe una decisión judicial firme ni un plazo establecido para resolver la continuidad del servicio en España. Al tratarse de un expediente en ese país, las actuaciones no contemplan cambios para los usuarios de Argentina.