El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad la ley que regula el funcionamiento de las Escuelas de Verano en toda la provincia, con el objetivo de establecer condiciones comunes de seguridad, organización y cuidado para los niños, niñas y adolescentes que participan de estas actividades.
La iniciativa fue impulsada por María José Crimi y Diego Díaz, padres de Faustino Díaz Crimi, el niño que murió ahogado en febrero de 2025 mientras asistía a una escuela de verano privada que funcionaba en el Marista Rugby Club.
El proyecto fue presentado por la senadora Adriana Cano y atravesó distintas instancias legislativas antes de alcanzar su sanción definitiva.
La Cámara alta había aprobado la propuesta durante 2025, pero Diputados introdujo modificaciones recientemente, por lo que el texto debió regresar al Senado para su tratamiento final.
Los padres de Faustino acompañaron la sesión en la que se concretó la aprobación, después de haber reclamado públicamente que la normativa fuera sancionada antes del inicio de la temporada estival.
Sin embargo, los legisladores aclararon que la ley no llegará a aplicarse durante la próxima temporada de verano, debido a los plazos previstos para su reglamentación y adecuación administrativa.
Un registro público permitirá conocer qué Escuelas de Verano cumplen los requisitos
Uno de los principales cambios establecidos por la normativa es la creación de una nómina de Escuelas de Verano dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas, contemplado en la Ley Nº 6457.
Para obtener la constancia de inscripción, los responsables de cada establecimiento deberán presentar documentación específica con carácter de declaración jurada.
El objetivo es que madres, padres y tutores puedan consultar qué instituciones cumplen las condiciones exigidas para desarrollar actividades recreativas y deportivas destinadas a menores de edad.
La regulación alcanza a personas humanas y jurídicas privadas, clubes deportivos, asociaciones civiles, sindicatos, entes comunitarios y organismos públicos provinciales o municipales que organicen o desarrollen Escuelas de Verano.
En todos los casos, la responsabilidad por el funcionamiento de las actividades corresponderá exclusivamente al sujeto u organismo organizador.
Entre la documentación requerida se encuentran los datos de identificación del responsable legal, del coordinador general o responsable técnico y del establecimiento.
También será necesario presentar la habilitación municipal del predio, que acredite las condiciones edilicias y de salubridad, junto con una descripción del proyecto pedagógico.
Las instituciones deberán acreditar, además, la contratación de un seguro de responsabilidad civil y un servicio de emergencias médicas con traslado urgente, bajo la modalidad de Área Protegida.
La autoridad de aplicación tendrá que publicar en su página web u otros medios digitales el listado de establecimientos que hayan cumplido con las exigencias.
Asimismo, cada institución inscripta deberá exhibir de manera visible en su ingreso la documentación correspondiente, para facilitar su consulta por parte de las familias.
Guardavidas, profesores de Educación Física y capacitación obligatoria
La nueva ley establece requisitos específicos para el personal encargado de las actividades y para la supervisión de los participantes.
Cada Escuela de Verano deberá contar con un responsable del proyecto que sea profesor o licenciado en Educación Física matriculado, además de disponer de equipos adecuados para desarrollar las actividades previstas.
Todos los integrantes del personal deberán presentar certificado de antecedentes penales.
En cuanto a la cantidad de profesionales, la normativa establece que, para grupos de niños y niñas menores de cinco años, deberá haber un profesor de Educación Física y un auxiliar por cada grupo de hasta 15 participantes.
Para los mayores de esa edad, la proporción de profesionales y auxiliares será determinada posteriormente mediante la reglamentación.
La seguridad en los natatorios constituye uno de los ejes centrales de la ley, especialmente por las circunstancias que motivaron la presentación del proyecto.
Los establecimientos que dispongan de piletas deberán contar con al menos un guardavidas habilitado y registrado por cada 50 niños, niñas y adolescentes durante el uso del natatorio.
Además, las instalaciones deberán disponer de cerramientos de protección para reforzar las condiciones de seguridad en los sectores con agua.
La normativa establece que todo el personal deberá estar capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP), identificación de factores de riesgo y gestión de situaciones que puedan comprometer la integridad de los participantes.
También se contemplan instancias de capacitación destinadas a los propios niños, niñas y adolescentes, con contenidos adaptados a sus edades para que aprendan a reconocer posibles riesgos.
Otro punto importante es la definición de responsabilidades dentro de los natatorios.
La guardia, custodia y vigilancia directa de los participantes dentro del agua será una obligación inherente al personal del establecimiento.
Por su parte, el titular del predio y el responsable de la actividad deberán supervisar de manera directa y permanente el estado de las instalaciones y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Seguros, excursiones y plazos para implementar la ley
La regulación también establece obligaciones relacionadas con la cobertura ante accidentes y las actividades que se desarrollen fuera de los establecimientos.
Los organizadores deberán mantener vigente durante todo el período de funcionamiento una póliza de seguro de responsabilidad civil con cobertura integral para los participantes ante posibles accidentes o contingencias dentro del predio.
En el caso de actividades que incluyan pernocte o excursiones, será obligatorio contar con la autorización escrita de los padres o tutores.
Además, los traslados deberán realizarse mediante servicios de transporte debidamente habilitados.
La ley invita a los municipios mendocinos a adherir a sus disposiciones y a elaborar registros propios de instituciones que desarrollen Escuelas de Verano.
También fija un plazo de 180 días desde su publicación para adecuar los trámites de inscripción.
Ese período de implementación explica por qué, pese a la sanción definitiva, los legisladores anticiparon que las nuevas exigencias no podrán aplicarse durante la temporada estival inmediata.
La aprobación representa el resultado del reclamo sostenido por Diego Díaz y María José Crimi, quienes impulsaron la iniciativa tras la muerte de su hijo Faustino.
Con la sanción de la norma, Mendoza contará con un marco regulatorio específico para las Escuelas de Verano, destinado a establecer responsabilidades, facilitar el acceso de las familias a información sobre los establecimientos y reforzar las medidas de prevención y seguridad.
