La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al reclamo de una madre que exige a la provincia de Entre Ríos una propuesta de educación inclusiva para su hija con discapacidad. El máximo tribunal cuestionó que la Justicia provincial hubiera rechazado el amparo por la existencia de un expediente administrativo, sin analizar si ese procedimiento permitía garantizar efectivamente el derecho de la adolescente a continuar sus estudios.

El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y se conoció durante el primer acuerdo de la Corte posterior a la visita del papa León XIV, quien había destacado en sus intervenciones públicas la dignidad de las personas con discapacidad.

Los magistrados ordenaron al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Corte Suprema. Desde el máximo tribunal se transmitió que la respuesta debería ser urgente.

De una propuesta de educación inclusiva a una escolaridad reducida

La causa comenzó con el reclamo de una mujer identificada como LPA, madre de una adolescente con discapacidad certificada que había cursado la escuela primaria mediante una propuesta educativa adaptada e inclusiva.

En 2024, la estudiante ingresó al primer año de la secundaria en una escuela de artes visuales. Al año siguiente decidió cambiarse a otro establecimiento, donde comenzaron las dificultades aproximadamente dos meses después del inicio del ciclo lectivo.

El 6 de mayo de 2025, la madre fue convocada por las autoridades del colegio. En esa reunión le propusieron inicialmente que su hija continuara sus estudios en una escuela de educación especial.

Ante la negativa de la mujer, el establecimiento ofreció una alternativa que implicaba una reducción considerable de la escolaridad: la adolescente cursaría únicamente cuatro materias, durante aproximadamente una hora diaria, cuatro días por semana.

Las asignaturas previstas eran Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología. La propuesta no incluía materias consideradas troncales dentro de la formación secundaria.

El 19 de mayo de 2025 se realizó una nueva reunión, en la que las autoridades educativas plantearon el traslado de la estudiante a una escuela especial determinada.

La madre volvió a rechazar esa alternativa y la adolescente dejó de asistir al establecimiento.

El argumento central de la mujer fue que ninguna de las propuestas respondía a una planificación pedagógica individualizada que contemplara las características y necesidades de su hija.

El amparo judicial y la decisión del Superior Tribunal entrerriano

Ante la falta de una solución, LPA presentó una acción de amparo para exigir que se garantizara el derecho de su hija a recibir una educación inclusiva.

En primera instancia, la Justicia hizo lugar al reclamo y ordenó al Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos que elaborara, en un plazo de 20 días corridos, un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) destinado a asegurar la inclusión escolar de la adolescente.

La provincia apeló la sentencia y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó la decisión.

El tribunal provincial consideró que el amparo no era la vía judicial correspondiente porque existía un procedimiento administrativo abierto en la Departamental de Escuelas de Rosario del Tala.

La madre recurrió entonces ante la Corte Suprema mediante una presentación directa, en la que denunció la vulneración de derechos constitucionales, entre ellos la tutela judicial efectiva, el interés superior del niño y el derecho a una educación inclusiva.

También advirtió que, como consecuencia de la situación, su hija llevaba cinco meses sin escolarización.

El reclamo llegó al máximo tribunal hacia finales de 2025. Desde abril siguiente, la Corte contaba con el dictamen de la Defensoría General de la Nación y estaba en condiciones de resolver.

La Corte cuestionó que un trámite administrativo reemplazara una solución efectiva

Al examinar las actuaciones, los jueces comprobaron que el 16 de abril de 2025, antes de la primera reunión con la madre, se había iniciado un expediente administrativo a partir de una presentación de la rectora del colegio.

La directiva había remitido un informe pedagógico sobre la estudiante a la supervisora zonal.

Después de que la madre rechazara tanto la escolaridad reducida como el traslado a una escuela especial, la supervisora informó la situación a la defensa pública y al Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia.

Según su interpretación, la negativa de la madre a aceptar las alternativas propuestas implicaba una vulneración del derecho a la educación.

Sin embargo, Rosatti y Rosenkrantz consideraron que la existencia del expediente no demostraba que las autoridades estuvieran adoptando medidas eficaces para resolver el conflicto.

Los magistrados cuestionaron que el Superior Tribunal entrerriano se hubiera limitado a mencionar el procedimiento administrativo sin verificar si constituía una vía adecuada para proteger los derechos de la adolescente.

Ese análisis resultaba especialmente relevante porque las propias autoridades provinciales habían manifestado que se encontraban agotadas las alternativas que podía ofrecer el sistema educativo local.

“Esta aseveración, plasmada en las actuaciones administrativas, mostraría que el mencionado procedimiento se encuentra concluido o, cuanto menos, no sería un canal idóneo para dar solución al conflicto. Frente a ello, los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que –atendiendo a los derechos involucrados– no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, escribieron Rosenkrantz y Rosatti.

De esta manera, la Corte estableció que los requisitos procesales no pueden convertirse en obstáculos que impidan obtener una respuesta judicial oportuna cuando están comprometidos derechos fundamentales.

Lorenzetti remarcó que el derecho a la educación debe garantizarse en la práctica

El juez Ricardo Lorenzetti acompañó la decisión mediante un voto concurrente, aunque desarrolló fundamentos propios.

En su argumentación puso especial énfasis en que la adolescente había sido privada del acceso efectivo a la educación y recordó que todas las personas tienen derecho a recibir enseñanza sin discriminación por motivos vinculados con una discapacidad.

También señaló la necesidad de adoptar medidas de acción positiva que aseguren una igualdad real de oportunidades.

“El derecho a la educación tiene una especial calificación en relación a personas vulnerables, como los niños y personas con capacidad diferente”, escribió Lorenzetti.

El magistrado mencionó distintas normas nacionales e internacionales que reconocen y protegen ese derecho.

Entre ellas se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el acceso a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla el derecho a un sistema educativo inclusivo.

También citó la Ley de Educación Nacional y la Constitución de Entre Ríos, que garantiza a las personas con discapacidad el acceso a la educación en todos los niveles, con la infraestructura necesaria.

Lorenzetti sostuvo que los derechos fundamentales tienen carácter operativo. Esto significa que no alcanza con reconocerlos formalmente: deben existir condiciones concretas para ejercerlos y mecanismos para exigir su cumplimiento.

“Una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental no solo diluye las finalidades de la legislación, sino que provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada”, escribió el juez supremo.

La referencia a la confianza en las instituciones adquirió especial relevancia en una sentencia centrada en la obligación estatal de garantizar derechos de personas en situación de vulnerabilidad.

El fallo, la visita del papa León XIV y el debate sobre discapacidad

El pronunciamiento se conoció después de la visita del papa León XIV, durante la cual el pontífice había destacado la dignidad de las personas con discapacidad y la importancia de no considerarlas una carga para la sociedad.

La coincidencia temporal situó la decisión judicial en un contexto de debate público sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad y las responsabilidades de las instituciones.

El tema también atraviesa la discusión política nacional por las políticas de ajuste de la administración de Javier Milei y sus consecuencias para el sector.

En paralelo, en los tribunales federales de Comodoro Py tramita una investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que estuvo dirigido por Diego Spagnuolo, abogado del Presidente.

En el caso de Entre Ríos, la Corte Suprema no dispuso directamente el contenido de la propuesta pedagógica que deberá recibir la adolescente, sino que ordenó al tribunal provincial emitir una nueva resolución respetando los derechos y criterios señalados en la sentencia.

El Superior Tribunal de Justicia entrerriano deberá volver a pronunciarse sobre el reclamo de la madre y la obligación de las autoridades educativas de garantizar una respuesta adecuada a la situación de su hija.

La decisión del máximo tribunal deja establecido que la existencia de actuaciones administrativas no puede justificar la falta de una solución efectiva cuando está comprometido el acceso de una adolescente con discapacidad a la educación inclusiva.