La jueza Amanda Díaz, del 11º Juzgado Civil, suspendió la asamblea del Consejo de Martilleros y Corredores de San Juan convocada para el viernes 13 de noviembre. El encuentro debía tratar las cuentas de la entidad y elegir autoridades, en medio de una demanda contra su presidente, Héctor Daniel Molina.

La magistrada dispuso conservar la situación institucional hasta garantizar la regularidad formal y contable del Consejo. La medida fue dictada el miércoles y notificada el jueves, antes de los llamados previstos para las 9:30 y las 10.

Para Díaz, realizar la asamblea podía modificar las condiciones que analiza el proceso y frustrar el resultado de la sentencia. También aclaró que la suspensión preserva las funciones esenciales de la entidad y el ejercicio profesional de sus matriculados.

Los cuestionamientos por balances y matrículas

Los seis profesionales que iniciaron la demanda denuncian la falta de balances de los últimos diez años. Además, aseguran que depositaron el pago de la matrícula anual en una cuenta bancaria personal de Molina.

La habilitación profesional de este año fue fijada en 750.000 pesos. El Consejo reúne aproximadamente a 40 afiliados, aunque el detalle de los pagos efectivamente realizados integra los puntos que deben esclarecerse.

Al analizar la contestación presentada por Molina, Díaz advirtió reconocimientos que consideró de gravedad institucional. La administración de los fondos y la documentación contable forman parte de los cuestionamientos sometidos a la Justicia.

Una lista única y un pedido de intervención

La Junta Electoral había oficializado únicamente a la lista Unión. David Ángel Espejo encabezaba la propuesta para presidir el Consejo, mientras que Molina figuraba como candidato a primer vocal titular.

La demanda fue presentada en agosto por Gustavo Federico Sommo, Eduardo Barbano, María Clara Carrizo, Mariela Cruz, Gustavo Mauricio Turell y Juan Pablo Arabel Trucco. Los representa el abogado Roberto Pelegrina.

Durante el trámite, Díaz ordenó secuestrar documentación de la sede del Consejo y dispuso mantener sin cambios la nómina de profesionales habilitados. La magistrada cuestionó el cumplimiento tardío y parcial de requerimientos anteriores por parte de Molina.

Los demandantes reiteraron el pedido de intervención judicial de la entidad. Esa solicitud deberá ser resuelta por la Cámara Civil, mientras continúa suspendido el recambio de autoridades.