La Justicia de San Juan intervino en el conflicto entre el Gobierno provincial y la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y estableció una advertencia económica ante eventuales nuevas medidas de fuerza que interrumpan el transporte público de pasajeros.
La decisión se produjo después de una presentación formal de Fiscalía de Estado, que solicitó medidas para garantizar la continuidad del servicio frente a las interrupciones que afectan a los usuarios.
Según los términos de la resolución informada, el gremio deberá afrontar una multa de $5 millones por cada jornada en la que se interrumpa la prestación del transporte. Además, la Justicia advirtió que las sanciones económicas podrían incrementarse de manera considerable si se concretan nuevas medidas de fuerza.
La intervención judicial se conoce en un contexto de tensiones gremiales, dificultades financieras de las empresas y negociaciones salariales pendientes dentro del sector.
Multas de $5 millones diarios ante nuevas interrupciones del transporte
La resolución judicial establece un mecanismo de sanciones económicas destinado a evitar nuevas paralizaciones del servicio público de pasajeros en San Juan.
La medida contempla una penalidad de $5 millones diarios para la organización sindical en caso de interrupción de las prestaciones, junto con la advertencia de un posible endurecimiento de las multas ante nuevos incumplimientos.
La presentación impulsada por Fiscalía de Estado se fundamentó en la necesidad de proteger el derecho a la movilidad de los usuarios y garantizar la continuidad de un servicio del que dependen miles de personas para sus actividades cotidianas.
Entre los sectores especialmente afectados por las interrupciones se encuentran los trabajadores y estudiantes que utilizan las líneas urbanas e interurbanas para trasladarse.
Desde el ámbito estatal señalaron que las sanciones buscan que los reclamos salariales y sectoriales se desarrollen dentro de los mecanismos legales correspondientes, evitando que las consecuencias de las disputas recaigan directamente sobre los pasajeros.
La intervención judicial no resuelve las diferencias laborales existentes, pero incorpora una consecuencia económica concreta ante eventuales nuevas interrupciones del servicio.
La Provincia intensificará los controles de horarios y frecuencias
Además de las sanciones previstas, las autoridades anticiparon un refuerzo de los controles sobre el cumplimiento de los recorridos, horarios y frecuencias del transporte público.
Estas tareas se desarrollarán con la participación de las áreas técnicas de la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan.
El objetivo es supervisar el funcionamiento de las líneas urbanas e interurbanas y verificar que las prestaciones se desarrollen de acuerdo con los diagramas establecidos.
La medida forma parte de la estrategia provincial para garantizar la regularidad del transporte y reducir las consecuencias que las interrupciones generan sobre los usuarios.
Las empresas advierten sobre los costos y la UTA analiza sus próximos pasos
Desde el sector empresario del transporte manifestaron expectativas ante la resolución judicial y reiteraron las dificultades económicas que atraviesa la actividad.
Entre los principales problemas mencionaron las diferencias en la distribución de subsidios y la evolución de los costos operativos, factores que, según las empresas, afectan la situación financiera del sistema.
Por su parte, los trabajadores nucleados en la UTA San Juan analizan cómo continuar sus reclamos en el marco de las próximas negociaciones salariales.
La advertencia judicial introduce un nuevo elemento en esas discusiones, debido al impacto económico que podrían generar las sanciones ante eventuales interrupciones del transporte.
El conflicto mantiene así tres cuestiones centrales: la continuidad del servicio para los pasajeros, los reclamos laborales de los trabajadores y las dificultades financieras planteadas por las empresas.
La resolución provincial establece consecuencias económicas ante nuevas paralizaciones, mientras las partes continúan frente al desafío de alcanzar acuerdos que permitan sostener el funcionamiento del transporte público en San Juan.
