La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este martes 17 de noviembre el Contrato de Fideicomiso Público «Fideicomiso Aporte DIA Vicuña» y su Anexo I, la herramienta con la que se administrarán los fondos que la empresa Vicuña Argentina S.A. aporta para obras de infraestructura en la provincia, según informó el Ministerio de Minería de San Juan.
La iniciativa obtuvo 22 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones en el recinto legislativo, luego de que el cuerpo tratara la propuesta en el marco de la sesión especial convocada para debatir el financiamiento minero. El proyecto había ingresado al tratamiento parlamentario como una Comunicación Oficial del Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N° 72, correspondiente al Expediente N° 2841-2026.
Cómo funcionará el fondo de US$ 250 millones
El fideicomiso canalizará un aporte extraordinario de US$ 250 millones, realizado por única vez y de carácter no reembolsable, destinado a financiar obras viales, hídricas y de saneamiento en distintos puntos de la provincia, según el Acta Compromiso firmada el 5 de agosto de 2026.
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El contrato celebrado el 7 de octubre de 2026 fija como fiduciante al Gobierno de San Juan y como entidad fiduciaria al Banco de San Juan S.A., según detalló el Ministerio de Minería. El mecanismo cubre todo el circuito operativo de las obras: desde la publicación de las convocatorias y la selección de las firmas adjudicatarias hasta la certificación técnica de las tareas y el desembolso de los pagos correspondientes a cada etapa.
Los recursos tendrán afectación exclusiva a los proyectos comprendidos en el Acta Compromiso. La selección estará a cargo de un comité ejecutivo y todas las obras se ejecutarán mediante licitación pública, con registros contables específicos, auditorías externas y la supervisión del Tribunal de Cuentas provincial.
El respaldo legal y el esquema minero
La sanción de la ley completa los compromisos de infraestructura previstos en la Ley 2836-M y ratifica formalmente los decretos provinciales N° 1066-MM-2026 y N° 1472-MM-2026, de acuerdo con lo informado por la cartera de Minería.
El Acta Compromiso inicial había sido suscrita el 5 de agosto de 2026 entre el gobernador Marcelo Orrego y los directivos de la empresa minera. Posteriormente, el contrato del fideicomiso fue firmado por el mandatario provincial y el ministro de Minería, Juan Pablo Perea Fontivero, junto a los apoderados del Banco de San Juan S.A., Gustavo Daniel López y Adolfo Emilio Muchino.
El esquema habilita al Poder Ejecutivo provincial a dictar las resoluciones y medidas complementarias necesarias para poner en marcha el fideicomiso, con la condición de no alterar el objeto ni las bases esenciales del acuerdo. La ratificación se articula además con la Ley de Desarrollo Local Minero, sancionada en julio de 2026, orientada a vincular las inversiones de la actividad extractiva con el desarrollo de infraestructura y proveedores sanjuaninos.
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La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este martes 17 de noviembre el contrato de fideicomiso del aporte de Vicuña Argentina S.A. La herramienta administrará US$ 250 millones destinados a obras viales, hídricas y de saneamiento. La votación resultó con 22 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones. Las obras saldrán por licitación pública con auditorías externas y control del Tribunal de Cuentas.
Cuchillo, tenedor y 250 millones de dólares para repartir en obras públicas sanjuaninas. La Legislatura provincial le dio el visto bueno al fideicomiso del proyecto Vicuña con 22 votos a favor, dos en contra y siete legisladores que prefirieron mirar la sesión desde la tribuna del silencio. Todo con el Banco de San Juan de administrador, porque en esta provincia nadie confía en una alcancía estatal sin candado bancario.
La plata la pone la minera, por única vez y sin devolución, para asfalto, caños de agua y cloacas. El trámite legislativo llegó empujado por el Ejecutivo provincial, completando ese circuito administrativo donde un expediente junta más sellos y firmas que un pasaporte diplomático antes de que aparezca la primera máquina motoniveladora en la calle.
El diseño del fondo promete un comité ejecutivo que elija los proyectos, licitaciones públicas de punta a punta, auditorías de afuera y la mirada atenta del Tribunal de Cuentas. Todo un blindaje de cristal para garantizar que cada billete termine en cemento fresco y no en el agujero negro de la burocracia habitual.
Lo que todavía no tiene fecha fija es el cronograma de llamados a concurso ni la lista con el orden exacto de los proyectos. Habrá que esperar que el comité se siente a deliberar con la planilla de cálculo, mientras los intendentes afilan el lápiz rezando para que la cloaca del barrio califique antes que el puente del vecino.
