Luego de una extensa sesión marcada por contrapuntos y exposiciones de los distintos bloques, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó el acuerdo San Juan-Vicuña, mediante el cual la provincia podrá acceder a 250 millones de dólares destinados a infraestructura y obras vinculadas con las áreas de influencia minera.
La iniciativa obtuvo 27 votos a favor y 9 en contra. Buena parte de los rechazos correspondió al bloque Justicialista. Con la aprobación legislativa, el Gobierno provincial quedó habilitado para avanzar con la ejecución de los fondos contemplados en el convenio.
El tratamiento se desarrolló durante la Segunda Sesión Especial de la Cámara, convocada para abordar comunicaciones oficiales remitidas por el Poder Ejecutivo provincial relacionadas exclusivamente con el acuerdo.
La sesión comenzó a las 11 y la definición llegó durante la tarde, después de varias horas de debate.
Tras comenzar a las 11 hs., se definió en la tarde, con 27 votos a favor y 9 en contra, sobre todo del bloque Justicialista.
Con el acuerdo convertido en ley, el Gobierno provincial podrá acceder a los recursos para poner en marcha obras de infraestructura. Entre ellas aparece la intervención sobre la Ruta Nacional 40 Norte, anunciada previamente por el gobernador Marcelo Orrego.
Un aporte de US$250 millones antes del inicio de la producción
Uno de los principales puntos destacados por el Ejecutivo provincial es que el aporte se realizará antes de que el proyecto minero comience su etapa productiva. Según lo expresado por Orrego, se trata de una situación inédita para la minería sanjuanina por la magnitud del desembolso previo a la producción.
El gobernador aclaró que los 250 millones de dólares constituyen un compromiso firmado, fijo, no reembolsable ni compensable, y no una promesa futura.
Los recursos estarán orientados principalmente a obras hídricas, de saneamiento y de infraestructura, que podrán concretarse antes de que San Juan comience a recibir ingresos vinculados con las regalías del proyecto.
De acuerdo con lo planteado por el Gobierno provincial, esas inversiones también tendrán incidencia sobre otras actividades económicas, entre ellas el desarrollo agroindustrial, turístico, energético y productivo, además de la generación de empleo.
Negociaciones, regalías y nuevas inversiones
El gobernador indicó que el entendimiento fue producto de más de un año y medio de negociaciones, iniciadas a comienzos de 2025 durante una feria minera realizada en Toronto, Canadá.
Las conversaciones continuaron posteriormente en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York, con la participación de funcionarios provinciales y autoridades de Vicuña.
Orrego vinculó la firma del convenio con la confianza de la empresa en la provincia y sostuvo que esa decisión fue posible gracias a la seguridad jurídica, las reglas claras, el diálogo institucional y la promoción internacional impulsada por la administración provincial.
El acuerdo, además, se complementará con inversiones privadas que Vicuña realizará con recursos propios. Entre los proyectos mencionados se encuentran la construcción de una línea eléctrica y el Corredor Norte, considerados estratégicos para el desarrollo minero.
Otro de los alcances del convenio es la resolución de una controversia administrativa que se encontraba abierta desde 2022. Según explicó el Ejecutivo, el convenio reglamenta el aporte previsto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto y resuelve una objeción administrativa que la empresa mantenía desde 2022.
De esta manera, quedó establecido un mecanismo para el cumplimiento de esa obligación económica.
Un fideicomiso para financiar infraestructura
El esquema aprobado contempla además una contribución equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación, adicional al régimen vigente de regalías.
Se crea un aporte del 1,5% adicional a las regalías
Ese dinero será destinado exclusivamente a un fideicomiso para financiar infraestructura en la provincia.
El convenio también modifica el régimen de regalías provinciales. Según lo informado, pasarán a calcularse desde el inicio de la explotación sobre el 3% del valor bruto de facturación, con el objetivo planteado de brindar mayor previsibilidad al Estado provincial y a los inversores.
Los recursos serán administrados mediante un fideicomiso provincial. El gobernador aseguró que habrá auditorías y trazabilidad de los fondos, mientras que las obras deberán ejecutarse mediante los mecanismos de contratación pública establecidos por la legislación de San Juan.
