La causa judicial por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sufrió un importante retroceso después de que la jueza Mónica Lucero aceptara un planteo de nulidad presentado por las defensas. La resolución dejó sin efecto todas las actuaciones realizadas después del 13 de octubre y provocó que diez personas que habían sido imputadas perdieran esa condición procesal hasta que se celebre una nueva audiencia de formalización.

La decisión se conoció durante la tercera jornada de audiencias, cuando se esperaba que la magistrada resolviera el incidente planteado por los abogados defensores de Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

El Ministerio Público ya había expuesto los hechos que considera presuntamente delictivos en la contratación y ejecución de la obra, además de formular las imputaciones correspondientes.

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Sin embargo, el planteo de las defensas modificó el curso del procedimiento y obligó a retrotraer las actuaciones.

La nulidad no implica el cierre de la investigación ni una absolución de los involucrados. Su consecuencia inmediata es que las imputaciones deberán formularse nuevamente si el Ministerio Público pretende avanzar con el proceso penal.

Por qué la jueza Mónica Lucero anuló las actuaciones

El conflicto procesal se originó en una recusación presentada contra la magistrada por los abogados Juan Pablo Ortega y Nasser Uzair.

Los defensores habían cuestionado la intervención de Lucero por «falta de imparcialidad manifiesta».

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Según el planteo, la jueza no debía resolver por sí misma el rechazo de la recusación sin permitir que el Tribunal de Impugnación revisara la cuestión.

Los abogados sostuvieron que la forma en que se había desestimado la presentación afectaba la validez de las actuaciones posteriores.

Ese argumento fue incorporado como fundamento de un pedido de nulidad durante la audiencia de formalización.

Finalmente, Lucero hizo lugar al planteo y dejó sin efecto las actuaciones realizadas después del 13 de octubre.

La resolución generó sorpresa en el ámbito judicial porque el Ministerio Público ya había avanzado con la exposición de las acusaciones contra los investigados.

Como consecuencia, el expediente regresó a la etapa de investigación preliminar.

Qué pasará con la causa del Acueducto Gran Tulum

Tras la resolución, la controversia sobre la recusación quedó en manos del Tribunal de Impugnación.

Ese organismo deberá determinar si Mónica Lucero puede continuar interviniendo en la investigación o si corresponde su apartamiento.

Mientras se resuelve esa cuestión, las audiencias realizadas con posterioridad al 13 de octubre carecen de validez procesal.

Esto incluye las formalizaciones efectuadas por el fiscal Sebastián Gómez contra diez de las once personas vinculadas con la investigación.

En términos procesales, esas diez personas dejaron de estar formalmente imputadas como consecuencia de la nulidad.

La investigación penal continúa, pero el Ministerio Público deberá realizar una nueva formalización para restablecer las imputaciones.

La decisión tampoco supone que los hechos investigados hayan sido descartados. El planteo resuelto se refiere a la validez del procedimiento y no al fondo de las acusaciones.

Quiénes habían sido imputados y qué delitos les atribuía la Fiscalía

Antes de la nulidad, el Ministerio Público había formulado imputaciones contra diez personas por presuntas irregularidades vinculadas con la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum.

Entre los investigados se encontraban el exgobernador Sergio Uñac, Cristian Andino y el expresidente de OSSE Sergio Ruiz.

A los tres se les habían atribuido los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.

Se trataba de la calificación legal más amplia entre las formuladas durante las audiencias que posteriormente quedaron sin efecto.

Por otra parte, Gustavo Mastelone, Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso habían sido imputados por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.

Según la atribución realizada por la Fiscalía, los cinco habían sido señalados como partícipes necesarios del primer delito y autores del segundo.

En tanto, Guillermo Nicolás Sirerol y Juan Carlos Caparrós, también expresidentes de OSSE, habían sido imputados como autores de ambos delitos.

Estas calificaciones correspondían a las acusaciones expuestas por el Ministerio Público antes de la decisión judicial que anuló las actuaciones.

Por lo tanto, ninguna de esas imputaciones mantiene actualmente su validez formal dentro del procedimiento afectado por la nulidad.

La situación procesal de los investigados dependerá de las próximas decisiones judiciales y de una eventual nueva audiencia de formalización.

El Tribunal de Impugnación deberá definir la continuidad de la jueza

El próximo paso relevante será la revisión del planteo de recusación contra Mónica Lucero.

El Tribunal de Impugnación tendrá que analizar los argumentos de las defensas y determinar si corresponde que la magistrada permanezca al frente del expediente.

Si se confirma su continuidad, el proceso podrá retomar su curso con las actuaciones que correspondan. Si se dispone su apartamiento, deberá definirse qué magistrado intervendrá en adelante.

En cualquiera de los escenarios, la Fiscalía deberá adecuar sus próximos pasos a la resolución que adopte el tribunal.

La causa del Acueducto Gran Tulum quedó nuevamente en una instancia preliminar, sin las imputaciones formalizadas en las audiencias anuladas y a la espera de una definición sobre la continuidad de la jueza.

La investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la obra sigue abierta, aunque su avance dependerá ahora de que se resuelva la controversia procesal que provocó la nulidad.