El Gobierno de Javier Milei enfrenta tensiones internas y negociaciones de último momento para avanzar con la reforma electoral que contempla suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2027. La eliminación de las listas colectoras del proyecto provocó reproches entre sectores oficialistas y expuso las dificultades para consolidar una mayoría en el Senado.

La iniciativa forma parte de la agenda política del Ejecutivo de cara a las próximas elecciones presidenciales, en las que Milei pretende competir por un segundo mandato.

Las diferencias surgieron mientras la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta analizaba las modificaciones necesarias para emitir dictamen y habilitar el tratamiento de la propuesta en el recinto.

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En paralelo, el oficialismo sufrió otro contratiempo parlamentario en Diputados, donde no pudo concretarse una sesión prevista para abordar proyectos relacionados con Malvinas, la reforma del Banco Central y otras iniciativas legislativas.

En medio de ese escenario, un funcionario del Gobierno cuestionó las posiciones cambiantes de distintos sectores políticos.

“Son todos especuladores. No existe la pureza en la dirigencia política”, expresó al referirse a las dificultades que atraviesa la negociación.

La eliminación de las listas colectoras desató reproches dentro del oficialismo

Uno de los principales focos de conflicto fue la incorporación y posterior eliminación de las listas colectoras, también denominadas mecanismos de adhesión electoral.

La alternativa había sido sumada al proyecto como parte de las conversaciones destinadas a conseguir acompañamiento legislativo.

Sin embargo, Patricia Bullrich anunció que el mecanismo sería retirado del articulado para facilitar la obtención de las firmas necesarias en comisión.

La senadora mantuvo como prioridad la suspensión de las PASO y habilitó modificaciones relacionadas con la elección de representantes argentinos al Parlamento del Mercosur (Parlasur) y la simultaneidad de los comicios.

Los cambios sorprendieron a algunos integrantes del Gobierno, que consideraban que las negociaciones estaban encaminadas hacia un acuerdo diferente.

En una reunión de la mesa política oficialista, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había realizado un relevamiento de los legisladores aliados que podrían acompañar la iniciativa en una eventual votación.

El objetivo era establecer con mayor precisión el respaldo disponible antes de avanzar hacia el tratamiento parlamentario.

Un integrante de ese espacio sostuvo que “Santilli siempre habló del jueves”, en referencia al calendario previsto para la obtención del dictamen.

Acusaciones cruzadas entre sectores libertarios, radicales y el entorno de Bullrich

Las modificaciones del proyecto generaron distintas interpretaciones dentro del oficialismo sobre las responsabilidades políticas de la negociación.

Algunos dirigentes libertarios reconocieron que existió “desprolijidad” en el proceso y responsabilizaron a sectores de la Unión Cívica Radical por haber solicitado inicialmente la incorporación de las listas colectoras.

Según esa interpretación, el mecanismo había sido presentado como una condición para acompañar la suspensión de las primarias, pero posteriormente fue rechazado por los mismos sectores que habían impulsado su inclusión.

Desde el oficialismo también señalaron a un gobernador del Norte Grande como uno de los promotores de la propuesta.

“Ellos las pidieron, no se bancaron la opinión pública y las críticas internas y plantearon que había que sacarlas”, cuestionó un integrante de la mesa política.

Otro funcionario describió las negociaciones de manera similar.

“Nosotros presentamos un proyecto de máxima, ellos quisieron modificaciones, las incorporamos y ahora plantearon que no”, afirmó.

Las críticas también alcanzaron a Patricia Bullrich, encargada de las conversaciones con los distintos bloques del Senado.

Algunos dirigentes cuestionaron que se hubieran aceptado modificaciones sobre la elección de representantes al Parlasur sin consultar previamente su instrumentación con la Cámara Nacional Electoral.

Otras voces del oficialismo expresaron sospechas sobre el origen de determinados pedidos incorporados durante la negociación.

Desde un sector cercano a Karina Milei fueron especialmente críticos con la senadora.

“Siempre todo con Patricia es desprolijo”, señalaron.

También remarcaron la velocidad con la que se modificó el contenido de la propuesta: “Hasta el martes a la noche había colectoras y a las 12 se firmaba el dictamen. Hoy cambio todo”.

Sin embargo, otros integrantes del espacio defendieron la conducción de Bullrich y destacaron su intervención en la comisión.

“No hubo desprolijidades ni problemas. Patricia trabajó para que salga, salió todo 10 puntos y lo había anticipado. Mejor imposible”, sostuvieron.

Pese a las diferencias, el oficialismo busca evitar una confrontación abierta con Bullrich, a quien considera una figura relevante para alcanzar sus objetivos legislativos durante el cierre del año.

El PRO y los gobernadores aliados también quedaron en medio de la negociación

Las idas y vueltas del proyecto provocaron incomodidad entre algunos sectores que habían expresado su disposición a acompañar la reforma.

Uno de ellos fue el PRO, que durante una reunión de su mesa ejecutiva había decidido respaldar al Poder Ejecutivo en la suspensión de las PASO.

La incorporación de las listas colectoras generó una situación incómoda para ese espacio, debido a que durante la presidencia de Mauricio Macri se había firmado, en 2019, un decreto destinado a prohibir ese mecanismo electoral.

Una contradicción similar quedó expuesta en el caso del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a quien usuarios de la red social X le recordaron una publicación de 2021 en la que había manifestado su rechazo a las colectoras.

La eliminación del mecanismo buscó reducir esas resistencias y facilitar un acuerdo entre el oficialismo y sus aliados.

En paralelo, los operadores políticos del Gobierno continuaron las conversaciones con gobernadores y representantes parlamentarios para garantizar los apoyos necesarios.

El Gobierno calcula entre 39 y 41 votos para avanzar con la reforma electoral

Después de las modificaciones acordadas, el oficialismo confía en obtener el dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Para alcanzar ese objetivo necesita reunir al menos 10 firmas en comisión, según el cálculo político difundido por los negociadores.

La intención es que el proyecto pueda llegar al recinto durante la próxima semana, antes de la finalización del período ordinario de sesiones.

Los relevamientos realizados por los dirigentes libertarios, entre ellos los primos Menem y Diego Santilli, contemplan un piso de 39 votos favorables.

Sin embargo, algunas adhesiones estarían limitadas a la aprobación general del proyecto, ya que persisten objeciones sobre artículos específicos.

Otro dirigente oficialista elevó la estimación de respaldos disponibles.

“Hasta ahora tenemos 41. ¿Por qué no saldría si nadie quiere ir a una PASO? Solo el peronismo”, afirmó.

Las cifras reflejan las expectativas del Gobierno, aunque la aprobación dependerá de los votos que efectivamente se registren durante la sesión.

En la Casa Rosada también consideran probable que sea necesario convocar a sesiones extraordinarias para completar la agenda legislativa de 2026.

La suspensión de las PASO constituye una de las prioridades políticas del oficialismo, que busca modificar el esquema electoral antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Por el momento, la iniciativa continúa su recorrido parlamentario entre negociaciones con aliados, diferencias internas y modificaciones destinadas a asegurar los respaldos necesarios para su tratamiento en el Senado.