El Gobierno de Javier Milei enfrenta tensiones internas y negociaciones de último momento para avanzar con la reforma electoral que contempla suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2027. La eliminación de las listas colectoras del proyecto provocó reproches entre sectores oficialistas y expuso las dificultades para consolidar una mayoría en el Senado.
La iniciativa forma parte de la agenda política del Ejecutivo de cara a las próximas elecciones presidenciales, en las que Milei pretende competir por un segundo mandato.
Las diferencias surgieron mientras la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta analizaba las modificaciones necesarias para emitir dictamen y habilitar el tratamiento de la propuesta en el recinto.
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En paralelo, el oficialismo sufrió otro contratiempo parlamentario en Diputados, donde no pudo concretarse una sesión prevista para abordar proyectos relacionados con Malvinas, la reforma del Banco Central y otras iniciativas legislativas.
En medio de ese escenario, un funcionario del Gobierno cuestionó las posiciones cambiantes de distintos sectores políticos.
“Son todos especuladores. No existe la pureza en la dirigencia política”, expresó al referirse a las dificultades que atraviesa la negociación.
La eliminación de las listas colectoras desató reproches dentro del oficialismo
Uno de los principales focos de conflicto fue la incorporación y posterior eliminación de las listas colectoras, también denominadas mecanismos de adhesión electoral.
La alternativa había sido sumada al proyecto como parte de las conversaciones destinadas a conseguir acompañamiento legislativo.
Sin embargo, Patricia Bullrich anunció que el mecanismo sería retirado del articulado para facilitar la obtención de las firmas necesarias en comisión.
La senadora mantuvo como prioridad la suspensión de las PASO y habilitó modificaciones relacionadas con la elección de representantes argentinos al Parlamento del Mercosur (Parlasur) y la simultaneidad de los comicios.
Los cambios sorprendieron a algunos integrantes del Gobierno, que consideraban que las negociaciones estaban encaminadas hacia un acuerdo diferente.
En una reunión de la mesa política oficialista, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había realizado un relevamiento de los legisladores aliados que podrían acompañar la iniciativa en una eventual votación.
El objetivo era establecer con mayor precisión el respaldo disponible antes de avanzar hacia el tratamiento parlamentario.
Un integrante de ese espacio sostuvo que “Santilli siempre habló del jueves”, en referencia al calendario previsto para la obtención del dictamen.
Acusaciones cruzadas entre sectores libertarios, radicales y el entorno de Bullrich
Las modificaciones del proyecto generaron distintas interpretaciones dentro del oficialismo sobre las responsabilidades políticas de la negociación.
Algunos dirigentes libertarios reconocieron que existió “desprolijidad” en el proceso y responsabilizaron a sectores de la Unión Cívica Radical por haber solicitado inicialmente la incorporación de las listas colectoras.
Según esa interpretación, el mecanismo había sido presentado como una condición para acompañar la suspensión de las primarias, pero posteriormente fue rechazado por los mismos sectores que habían impulsado su inclusión.
Desde el oficialismo también señalaron a un gobernador del Norte Grande como uno de los promotores de la propuesta.
“Ellos las pidieron, no se bancaron la opinión pública y las críticas internas y plantearon que había que sacarlas”, cuestionó un integrante de la mesa política.
Otro funcionario describió las negociaciones de manera similar.
“Nosotros presentamos un proyecto de máxima, ellos quisieron modificaciones, las incorporamos y ahora plantearon que no”, afirmó.
Las críticas también alcanzaron a Patricia Bullrich, encargada de las conversaciones con los distintos bloques del Senado.
Algunos dirigentes cuestionaron que se hubieran aceptado modificaciones sobre la elección de representantes al Parlasur sin consultar previamente su instrumentación con la Cámara Nacional Electoral.
Otras voces del oficialismo expresaron sospechas sobre el origen de determinados pedidos incorporados durante la negociación.
Desde un sector cercano a Karina Milei fueron especialmente críticos con la senadora.
“Siempre todo con Patricia es desprolijo”, señalaron.
También remarcaron la velocidad con la que se modificó el contenido de la propuesta: “Hasta el martes a la noche había colectoras y a las 12 se firmaba el dictamen. Hoy cambio todo”.
Sin embargo, otros integrantes del espacio defendieron la conducción de Bullrich y destacaron su intervención en la comisión.
“No hubo desprolijidades ni problemas. Patricia trabajó para que salga, salió todo 10 puntos y lo había anticipado. Mejor imposible”, sostuvieron.
Pese a las diferencias, el oficialismo busca evitar una confrontación abierta con Bullrich, a quien considera una figura relevante para alcanzar sus objetivos legislativos durante el cierre del año.
El PRO y los gobernadores aliados también quedaron en medio de la negociación
Las idas y vueltas del proyecto provocaron incomodidad entre algunos sectores que habían expresado su disposición a acompañar la reforma.
Uno de ellos fue el PRO, que durante una reunión de su mesa ejecutiva había decidido respaldar al Poder Ejecutivo en la suspensión de las PASO.
La incorporación de las listas colectoras generó una situación incómoda para ese espacio, debido a que durante la presidencia de Mauricio Macri se había firmado, en 2019, un decreto destinado a prohibir ese mecanismo electoral.
Una contradicción similar quedó expuesta en el caso del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a quien usuarios de la red social X le recordaron una publicación de 2021 en la que había manifestado su rechazo a las colectoras.
La eliminación del mecanismo buscó reducir esas resistencias y facilitar un acuerdo entre el oficialismo y sus aliados.
En paralelo, los operadores políticos del Gobierno continuaron las conversaciones con gobernadores y representantes parlamentarios para garantizar los apoyos necesarios.
El Gobierno calcula entre 39 y 41 votos para avanzar con la reforma electoral
Después de las modificaciones acordadas, el oficialismo confía en obtener el dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Para alcanzar ese objetivo necesita reunir al menos 10 firmas en comisión, según el cálculo político difundido por los negociadores.
La intención es que el proyecto pueda llegar al recinto durante la próxima semana, antes de la finalización del período ordinario de sesiones.
Los relevamientos realizados por los dirigentes libertarios, entre ellos los primos Menem y Diego Santilli, contemplan un piso de 39 votos favorables.
Sin embargo, algunas adhesiones estarían limitadas a la aprobación general del proyecto, ya que persisten objeciones sobre artículos específicos.
Otro dirigente oficialista elevó la estimación de respaldos disponibles.
“Hasta ahora tenemos 41. ¿Por qué no saldría si nadie quiere ir a una PASO? Solo el peronismo”, afirmó.
Las cifras reflejan las expectativas del Gobierno, aunque la aprobación dependerá de los votos que efectivamente se registren durante la sesión.
En la Casa Rosada también consideran probable que sea necesario convocar a sesiones extraordinarias para completar la agenda legislativa de 2026.
La suspensión de las PASO constituye una de las prioridades políticas del oficialismo, que busca modificar el esquema electoral antes de las elecciones presidenciales de 2027.
Por el momento, la iniciativa continúa su recorrido parlamentario entre negociaciones con aliados, diferencias internas y modificaciones destinadas a asegurar los respaldos necesarios para su tratamiento en el Senado.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta tensiones internas y negociaciones con sus aliados para avanzar con la reforma electoral que busca suspender las PASO de 2027. La eliminación de las listas colectoras del proyecto generó reproches entre sectores oficialistas y cuestionamientos a Patricia Bullrich. Mientras el Senado prepara el dictamen, la Casa Rosada calcula que podría reunir entre 39 y 41 votos para aprobar la iniciativa.
El Gobierno nacional quiere reformar las reglas electorales, pero antes deberá resolver un problema bastante más inmediato: conseguir que sus propios negociadores y aliados se pongan de acuerdo sobre qué reglas quieren reformar. La discusión por la suspensión de las PASO terminó convertida en una sucesión de incorporaciones, eliminaciones y reproches internos que dejó al proyecto con una característica inesperada: algunos artículos parecen tener una vida política más breve que las promesas de consenso.
El episodio central fueron las listas colectoras. Primero aparecieron en la propuesta como parte de las negociaciones para conseguir apoyos. Después comenzaron las objeciones y finalmente Patricia Bullrich anunció que serían retiradas para facilitar el dictamen. Una trayectoria legislativa completa, desde el entusiasmo hasta la despedida, desarrollada en apenas unos días. El mecanismo ni siquiera necesitó llegar al recinto para experimentar su primera derrota política.
En la Casa Rosada surgieron versiones contrapuestas sobre quién había pedido incorporarlo y quién decidió abandonarlo. Algunos funcionarios responsabilizaron a sectores radicales; otros apuntaron contra Bullrich. El desacuerdo alcanzó un nivel de precisión notable: no solamente discutían el contenido del proyecto, sino también a quién correspondía adjudicarle cada modificación. La reforma electoral avanzaba y, al mismo tiempo, se abría una investigación informal sobre la autoría de sus propios artículos.
La situación dejó al descubierto las diferencias entre los sectores que integran el oficialismo. Desde un espacio cercano a Karina Milei cuestionaron la conducción de las conversaciones, mientras otros dirigentes defendieron el trabajo de Bullrich y aseguraron que la negociación había sido exitosa. En definitiva, para unos hubo desprolijidad y para otros todo funcionó de manera excelente. Dos diagnósticos difíciles de conciliar, aunque aparentemente compatibles dentro de una misma coalición parlamentaria.
El PRO también quedó involucrado en las contradicciones del debate. El partido había anunciado su acompañamiento a la suspensión de las PASO, pero la incorporación de las colectoras generó incomodidad por sus antecedentes de rechazo a ese mecanismo. La política argentina tiene esa particularidad: conserva una memoria extraordinaria cuando se trata de recordar declaraciones ajenas, especialmente si existe una publicación antigua disponible para exhibirla.
Mientras tanto, los operadores del Gobierno cuentan votos. Las estimaciones oficialistas oscilan entre 39 y 41 apoyos, aunque algunos legisladores podrían acompañar la iniciativa en general y rechazar artículos específicos. La matemática parlamentaria vuelve a demostrar que sumar voluntades es bastante más complejo que sumar números: un voto favorable puede venir acompañado de condiciones, objeciones y negociaciones adicionales.
El oficialismo confía en avanzar con el dictamen y llevar la reforma al recinto la próxima semana. También contempla convocar a sesiones extraordinarias para completar su agenda legislativa. La paradoja es evidente: el Gobierno pretende simplificar el calendario electoral mientras necesita extender el calendario parlamentario para conseguirlo. La suspensión de las primarias todavía no está aprobada, pero las internas políticas ya están funcionando a pleno rendimiento.
