La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó esta semana nuevas declaraciones testimoniales en el edificio de Comodoro Py, en el marco de una causa que avanza sobre presuntas irregularidades en el manejo de gastos personales y corporativos dentro de la estructura de la Vocería Presidencial.
Este miércoles, dos empleados de la declararon ante el fiscal federal . Se trata de Gisela Kocsis y Luis Alujú, quienes brindaron detalles sobre una serie de adquisiciones de alto valor que habrían sido facturadas a sus nombres, aunque destinadas al entorno del exfuncionario.
La causa, que tramita en los tribunales de , busca determinar si se utilizó un sistema de tarjetas de crédito de terceros para canalizar gastos que no se corresponderían con los ingresos declarados por el exvocero presidencial .
Declaraciones y operaciones bajo análisis
Según fuentes judiciales citadas en el expediente, Gisela Kocsis —secretaria privada en la Vocería y empleada del área de Medios y Comunicación desde 2011— reconoció su participación en distintas operaciones de compra.
Entre ellas, figura una transacción por $8.183.303,25 en la firma , vinculada a ropa de cama y blanquería. En ese caso, un tercero identificado como Angeleti habría trasladado dinero en efectivo a la sucursal para concretar el pago.
También se mencionó una compra posterior de alrededor de $400.000 en almohadas abonadas en efectivo, realizada aproximadamente 20 días después. A ello se suma la adquisición de un lavavajillas y un lavarropas por unos $3.100.000, destinados a una propiedad ubicada en . Según su testimonio, la operación fue abonada con su tarjeta y posteriormente el dinero habría sido reintegrado en efectivo.
El informe de Mercado Libre y otra compra bajo la lupa
En el caso de Luis Enrique Alujú, coordinador de Información de Gobierno dentro de la estructura de la Vocería y allegado histórico del exfuncionario, la investigación detectó —según el informe de — la compra de un proyector por $3.600.000.
La operación habría sido realizada con dos tarjetas a su nombre, aunque el testigo sostuvo que, si bien las transacciones se hicieron desde un usuario vinculado a Adorni, el producto habría sido entregado en una dirección de Asamblea.
El antecedente de Schiuma y el patrón en estudio
La causa ya contaba con la declaración de Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, quien admitió haber prestado su tarjeta para la compra de un monitor gamer por $2.185.000.
De acuerdo con su testimonio, el dinero habría sido devuelto posteriormente en efectivo por Manuel Adorni, aunque sin documentación que respalde el origen de los fondos.
Con estos elementos, los investigadores analizan un patrón de uso de tarjetas de terceros y adquisiciones de alto valor que, en conjunto, superarían los 139 millones de pesos en un período de poco más de dos años, mientras la Justicia intenta reconstruir el circuito completo de los movimientos financieros bajo análisis.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó nuevos testimonios en Comodoro Py, donde empleados de la Vocería Presidencial declararon ante el fiscal Gerardo Pollicita sobre compras de alto valor presuntamente realizadas con tarjetas de terceros. La causa analiza un esquema de gastos que habría superado los 139 millones de pesos en poco más de dos años.
Dos empleados de la Vocería Presidencial declararon en Comodoro Py por compras de electrodomésticos, ropa de cama y hasta proyectores que terminaron vinculados a un funcionario de alto rango. Y el detalle incómodo: las tarjetas no siempre parecían coincidir con quien finalmente se llevaba el producto.
En la economía paralela de la confianza administrativa, las tarjetas de crédito habrían funcionado como llaves maestras. Un pasaje al mundo donde el titular paga, otro usa, y el efectivo aparece como ese invitado que nadie recuerda haber llamado pero siempre llega puntual.
Este miércoles, se convirtió en escenario de declaraciones clave ante el fiscal , en el marco de una causa que investiga al exjefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. En los tribunales de , Gisela Kocsis y Luis Alujú describieron un circuito de compras donde los nombres en la factura no siempre coincidían con los beneficiarios finales.
La mecánica, según los testimonios, incluiría adquisiciones de alto valor facturadas a empleados del área, pero destinadas al entorno del exvocero. Kocsis, secretaria privada en la estructura de la Vocería desde 2011, admitió su intervención en operaciones que incluyen una compra de $8.183.303,25 en la firma , vinculada a ropa de cama y blanquería. En ese episodio, un tercero identificado como Angeleti habría trasladado efectivo a la sucursal para concretar el pago.
También relató una compra posterior cercana a los $400.000 en almohadas abonadas en efectivo, y la adquisición de un lavavajillas y un lavarropas por unos $3.100.000, destinados a una propiedad ubicada en . Según su declaración, la operación se realizó con su tarjeta y luego el dinero habría sido reintegrado en efectivo.
Por su parte, Luis Enrique Alujú, coordinador de Información de Gobierno y colaborador cercano del exfuncionario, declaró sobre una compra de un proyector por $3.600.000 realizada a través de dos tarjetas a su nombre. El registro surge de un informe de , aunque el testigo sostuvo que el producto habría sido entregado en una dirección vinculada a Asamblea.
El expediente ya contaba con el antecedente de Laura Daniela Schiuma, quien reconoció haber prestado su tarjeta para la compra de un monitor gamer por $2.185.000, con devolución posterior en efectivo. Sin documentación que respalde el origen de esos fondos, los investigadores observan un patrón que, en conjunto, superaría los 139 millones de pesos en poco más de dos años. Un sistema donde las tarjetas parecen rotar más que los discursos oficiales, pero con menos anuncios y más facturas.
La Justicia ahora intenta ordenar un rompecabezas donde los gastos aparecen dispersos, los titulares de las tarjetas no siempre coinciden con los beneficiarios y el efectivo funciona como un idioma común. En el centro del expediente, la pregunta ya no es qué se compró, sino quién terminó pagando realmente la cuenta.
