La sentencia lleva las firmas de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado y revocó el rechazo de primera instancia que había recibido la demanda contra ANSES. El caso llegó a la Cámara como un reclamo individual, el de Galletta por su propio haber.
Qué ordenó la Cámara y con qué fórmula
La Cámara ordenó recalcular el haber de Galletta desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive con la fórmula de la Ley 27.426. Esa norma combinaba cada trimestre un 70% de la variación del IPC nacional y un 30% de la variación del RIPTE, con actualizaciones en marzo, junio, septiembre y diciembre.
La movilidad es el mecanismo con el que se actualizan los haberes según un índice, y de ella depende cuánto gana o pierde un jubilado frente a la inflación. La fórmula que la Cámara dejó de lado para este caso fue la de la Ley 27.609, la que se aplicó en ese período.
Para el tramo siguiente, el fallo dispuso empalmar el haber con la actualización mensual por IPC del Decreto 274/2024, que se aplica desde los haberes de julio de 2024 y toma la inflación de dos meses antes del pago.
La diferencia que midió el fallo
En la comparación entre marzo de 2021 y marzo de 2024, la sentencia registró un aumento acumulado de 553,55% por movilidad frente a una variación del IPC de 1.129,07%. La diferencia quedó estimada por la Cámara en una pérdida de poder de compra de 46,83%.
El tribunal cuestionó que la fórmula de la Ley 27.609 no incluyera una variable atada a los precios ni un piso frente a la aceleración inflacionaria. Sobre esa base la declaró inconstitucional para el caso concreto.
Qué se descuenta y qué límites puso la sentencia
La liquidación parte del haber de Galletta y, según la Cámara, debe descontar los aumentos, adelantos y bonos ya cobrados. Sobre el resultante se aplica la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central. El monto de la liquidación y la fecha de pago no están precisados.
La sentencia también condicionó la inconstitucionalidad del tope del artículo 9 de la Ley 24.463 a que provoque una quita igual o superior al 15%. Y admitió la prescripción que planteó ANSES, que recorta los períodos hacia atrás que se pueden reclamar.
A quién alcanza el fallo
La sentencia produce efectos directos en el expediente de Galletta y no ordena reajustar de manera automática los haberes de los demás jubilados. Para un jubilado de San Juan, el fallo no genera por sí solo una suba en el recibo: sus fundamentos podrían invocarse en un reclamo propio, que se resolverá con su haber y sus propias fechas, en una resolución aparte.
El estado procesal de la causa tampoco está confirmado: no está informado si ANSES apeló la decisión ni si el fallo quedó firme.
Cómo se actualizan los haberes en noviembre
El régimen vigente es la actualización mensual por IPC del Decreto 274/2024. Este mes, la ficha oficial de indicadores consigna un haber mínimo SIPA de $444.158 y un bono extraordinario de $70.000, que llevan el total a $514.158 para quien percibe ambos conceptos. Son los montos que quedaron fijados con el aumento de noviembre.
El mecanismo toma la variación del IPC de dos meses antes del pago, así que la próxima actualización de los haberes se calcula con ese dato.
La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó recalcular el haber de Carmen Galletta con la fórmula de la Ley 27.426 entre enero de 2021 y junio de 2024. El fallo rige solo en ese expediente y no dispone un aumento automático para el resto de los jubilados. Los haberes de noviembre se actualizan por IPC, con un mínimo de $444.158 y un bono de $70.000.
En un rapto de lucidez aritmética, la Cámara Federal de la Seguridad Social descubrió lo que cualquier ciudadano sospechaba: si los precios aumentan un 1.129,07% y los haberes apenas suben un 553,55%, el bolsillo pierde un 46,83% de poder adquisitivo. Con las firmas de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, el tribunal revocó el rechazo de primera instancia y declaró inconstitucional la fórmula de la Ley 27.609 para el caso de Carmen Galletta. Entre enero de 2021 y junio de 2024, su haber deberá recalcularse con la Ley 27.426, aquella fórmula que combinaba trimestralmente un 70% de inflación y un 30% de variación salarial del RIPTE.
La consagración judicial, sin embargo, viene con la habitual dosis de suspenso burocrático: el beneficio es estrictamente individual y ningún jubilado en San Juan verá un centavo extra sin iniciar su propio expediente. La liquidación definitiva ni siquiera tiene cifra ni fecha de pago, y deberá descontar aumentos, adelantos y bonos ya percibidos, aplicando la tasa pasiva del Banco Central mientras se aguarda confirmar si ANSES apeló la decisión. Para completar el laberinto, el organismo logró imponer la prescripción sobre reclamos anteriores y el tope del artículo 9 de la Ley 24.463 solo se considerará inconstitucional si la quita supera el 15%.
Desde julio de 2024, la causa empalma con el Decreto 274/2024, mecanismo que indexa con el IPC de dos meses atrás y que en noviembre deja el haber mínimo en 444.158 pesos, más un bono de 70.000 para alcanzar los 514.158 pesos. Una proeza forense que demuestra que para ganarle una discusión numérica a la previsión social argentina se necesita la paciencia de un monje y la perseverancia de quien litiga contra molinos de viento estadísticos.
