Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, vinculados a la droguería Suizo Argentina, se presentaron este miércoles por la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de la investigación judicial por presuntas maniobras de sobreprecios en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Jonathan Kovalivker, accionista de la compañía, fue el primero en concurrir a la sede judicial. Presentó un escrito y se retiró alrededor de las 11 sin realizar declaraciones a la prensa. Posteriormente, su hermano Emmanuel también se presentó ante la Justicia.
Ambos integran la primera tanda de una extensa lista de aproximadamente 40 personas convocadas a declaración indagatoria en la causa impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y tramitada ante el juez Ariel Lijo.
Las comparecencias habían sido previstas inicialmente para el jueves 29, pero fueron postergadas a pedido del abogado Magram. Según información judicial, hasta el cierre de la cobertura no se habían presentado nuevas solicitudes de prórroga.
La Justicia investiga una presunta estructura de sobreprecios en la ANDIS
La investigación apunta a determinar si la droguería Suizo Argentina intervino de manera irregular en las decisiones administrativas y comerciales de la ANDIS, particularmente en los procedimientos de adquisición de medicamentos de alto costo.
De acuerdo con la hipótesis de la acusación, la empresa habría desarrollado un mecanismo de influencia sobre el organismo estatal para favorecer sus propios intereses económicos.
Fuentes judiciales vinculadas al expediente sostuvieron que la firma “capturó completamente una agencia estatal (la ANDIS) para ponerla al servicio de sus intereses económicos”.
En la misma línea, afirmaron que “Las decisiones institucionales de la ANDIS fueron tomadas por la Suizo Argentina SA en coordinación con los altos funcionarios a cargo”.
Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis investigativa y deberán ser evaluadas durante el proceso judicial para establecer las eventuales responsabilidades de los imputados.
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, este último integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), situaron el período investigado entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
Según la acusación, durante esos meses Suizo Argentina “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas”.
Los investigadores consideran que ese presunto mecanismo habría permitido comercializar medicamentos a valores superiores a los correspondientes, mediante operaciones con sobreprecios.
Uno de los datos centrales del expediente es el volumen de fondos públicos recibidos por la compañía. En 15 meses, Suizo Argentina percibió $137.118.708.357 de la ANDIS, lo que la convirtió en la empresa privada que recibió la mayor cantidad de dinero del organismo durante el período analizado.
Inhibición de bienes para 36 imputados
En paralelo con las citaciones a indagatoria, el juez Ariel Lijo dispuso, a pedido del fiscal Picardi, la inhibición general de bienes de 36 de los aproximadamente 40 imputados en la investigación.
La medida alcanza a los hermanos Kovalivker y a empleados jerárquicos de la droguería Suizo Argentina, entre otras personas investigadas.
La resolución judicial fundamentó la decisión en la necesidad de “evitar que el tiempo del proceso frustre el posible recupero de activos y las eventuales restituciones y/o indemnizaciones civiles”.
La inhibición busca preservar el patrimonio de los involucrados ante la posibilidad de que, durante el avance de la causa, se determinen obligaciones económicas derivadas de los hechos investigados.
El magistrado también estableció que los imputados podrán designar abogados defensores particulares. En caso de no hacerlo, se les asignará un defensor oficial para garantizar su representación durante el procedimiento.
El episodio en Nordelta y la investigación por el allanamiento
La causa judicial también tiene una derivación vinculada con el operativo realizado en el barrio privado Nordelta, cuando la Justicia intentó concretar un allanamiento en el domicilio de Jonathan Kovalivker.
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba, conocido como probation, presentado por Claudio Ariel De Vincentis, jefe de seguridad del complejo residencial.
De Vincentis está acusado de haber obstaculizado el trabajo judicial entre la noche del 21 de agosto y la madrugada del 22 de agosto, durante el procedimiento ordenado por el juez Sebastián Casanello.
Según la imputación, el responsable de seguridad realizó reiteradas llamadas a sus empleados mientras se desarrollaba el operativo.
En una de esas comunicaciones, atendida por el comisario Lucas Alberetti, a cargo del procedimiento, De Vincentis se habría presentado como supervisor e intentado averiguar hacia dónde se dirigía la comitiva judicial.
El expediente también registra una llamada realizada a las 00.42 del 22 de agosto, durante la cual Hugo Martín Bogarín atendió a De Vincentis y le informó que los funcionarios buscaban a los Kovalivker, antes de que le retiraran el teléfono.
Tres minutos después de esa comunicación, Jonathan Kovalivker salió del barrio privado, una circunstancia incorporada a la investigación sobre el desarrollo del allanamiento.
Desde la droguería Suizo Argentina sostuvieron que Jonathan se dirigía al allanamiento de las oficinas de la empresa.
Por otra parte, Emmanuel Kovalivker fue detenido cuando intentaba abandonar Nordelta, en un episodio en el que llevaba 266.000 dólares distribuidos en sobres de papel madera y siete millones de pesos.
La investigación sobre el accionar del personal de seguridad del barrio privado se desarrolla en paralelo con el expediente principal por las presuntas irregularidades en las contrataciones de la ANDIS.
Con las presentaciones de los hermanos Kovalivker en Comodoro Py, la causa avanza en una nueva etapa procesal que incluye las declaraciones de los imputados, el análisis de las operaciones comerciales investigadas y las medidas patrimoniales destinadas a preservar activos ante eventuales responsabilidades judiciales.
