Comodoro Py es el nombre con el que se conoce al complejo de tribunales federales penales ubicado en la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es un juzgado aislado ni una sede administrativa más: es el principal centro neurálgico de la justicia federal penal argentina.
Allí funcionan los 12 Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, varios Tribunales Orales Federales, la Cámara Federal de Casación Penal, fiscalías, defensorías y dependencias de apoyo. En términos simples, es el lugar donde una parte decisiva del Poder Judicial tramita los expedientes que involucran al poder político, económico y criminal de escala nacional.
Su competencia abarca algunos de los delitos federales más sensibles: corrupción en la función pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado, asociación ilícita, lavado de dinero de alto vuelo, narcotráfico organizado, trata de personas, delitos ambientales de escala nacional, falsificación de moneda y causas que involucran a funcionarios de alto nivel o redes que atraviesan varias provincias.
Por eso, Comodoro Py se transformó en una marca política e institucional. Es el lugar donde la Argentina intenta juzgar a sus propias élites. También es el espacio donde muchas investigaciones se demoran, se traban, prescriben o quedan bajo sospecha de selectividad. Allí conviven condenas resonantes con expedientes eternos, avances judiciales con nulidades escandalosas y promesas de independencia con conflictos de interés que erosionan la confianza pública.
La imagen que mejor define al complejo es doble: corazón y laberinto. Corazón, porque allí late una parte central de la rendición de cuentas del sistema democrático. Laberinto, porque las causas pueden entrar con enorme impacto público y perderse durante años entre apelaciones, subrogaciones, vacantes, recusaciones, peritajes, cambios de tribunal y decisiones que el ciudadano común suele mirar desde afuera, como quien intenta entender un contrato de telefonía escrito en arameo.
Qué hay dentro de Comodoro Py y quién decide qué
Para entender el poder real de Comodoro Py hay que distinguir sus piezas. Los juzgados federales de primera instancia son, en el viejo esquema procesal, los que investigan inicialmente muchas causas penales. Allí se ordenan medidas de prueba, indagatorias, procesamientos, sobreseimientos y elevaciones a juicio.
La Cámara Federal de Apelaciones revisa esas decisiones. Si un juez procesa, sobresee, dicta una falta de mérito o toma una medida cuestionada, las partes pueden recurrir y la Cámara decide si confirma, revoca o modifica. En la práctica, esa instancia puede acelerar, frenar o redireccionar expedientes de enorme impacto político.
Los Tribunales Orales Federales, conocidos como TOF, intervienen cuando una causa llega a juicio. Son los encargados de realizar el debate oral, escuchar pruebas, testigos, acusaciones y defensas, y dictar sentencia. Allí se definen absoluciones o condenas en los expedientes que superaron la etapa de instrucción.
La Cámara Federal de Casación Penal es la máxima instancia penal federal antes de la Corte Suprema. Revisa sentencias y decisiones relevantes de los tribunales orales. Por eso, su rol es clave: una condena o una absolución todavía puede atravesar esa instancia antes de quedar firme o llegar al máximo tribunal.
También intervienen fiscalías, defensorías y dependencias de apoyo. Los fiscales impulsan la acusación penal y, con la reforma procesal, ganan protagonismo en la investigación. Las defensorías garantizan la defensa técnica de los imputados. Todo ese entramado opera dentro de un sistema donde no existe un “jefe único”, sino un conjunto de órganos con funciones distintas y tensiones permanentes.
El complejo depende del Poder Judicial de la Nación. En su funcionamiento institucional intervienen el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Cámara Federal, los tribunales orales, Casación, fiscalías y defensorías. Es un sistema formalmente colegiado, pero profundamente atravesado por la política de los nombramientos, las vacantes y los equilibrios de poder.
Un edificio que nació para Vialidad y terminó juzgando al poder
El edificio de Comodoro Py no fue construido originalmente para la Justicia. Se levantó a mediados del siglo XX para albergar la Dirección Nacional de Vialidad y fue inaugurado parcialmente en 1952. La ironía histórica quedó servida: una sede pensada para la obra pública terminó convertida en el epicentro de expedientes sobre obra pública, corrupción y poder estatal.
La construcción es una mole funcionalista de hormigón, muy distinta del Palacio de Tribunales, sede histórica de la Corte Suprema. Con el paso de las décadas, Comodoro Py fue reconvertido en sede judicial federal y ganó centralidad a medida que crecían las causas de corrupción de alcance nacional.
Hoy funciona como símbolo físico de la justicia que investiga a funcionarios, empresarios, operadores y redes criminales complejas. Su nombre ya no remite únicamente a una dirección. En la discusión pública argentina, “Comodoro Py” significa tribunales federales, poder político, causas sensibles, jueces influyentes, fiscales de alto perfil y expedientes capaces de modificar una carrera política.
Cómo se nombran los jueces y dónde aparece la tensión política
El procedimiento formal para designar jueces federales parece ordenado. Primero, el Consejo de la Magistratura abre concursos públicos, evalúa antecedentes, toma exámenes y elabora una terna vinculante con tres nombres. Luego, el Presidente de la Nación elige uno de esos candidatos y envía el pliego al Senado.
Después, el Senado debe prestar acuerdo en sesión pública. Si ese paso se completa, el Presidente firma el decreto de designación y el juez jura. A partir de entonces, cuenta con inamovilidad, una garantía constitucional pensada para proteger su independencia frente a presiones políticas.
El problema no está sólo en el diseño formal, sino en su funcionamiento concreto. El Consejo de la Magistratura tiene integrantes provenientes de distintos sectores, incluidos representantes políticos. El Presidente interviene en la elección final y el Senado funciona como filtro decisivo. Así, los poderes políticos participan en el ingreso de quienes luego pueden investigarlos.
Ese mecanismo genera una tensión estructural: el sistema necesita jueces independientes, pero su selección pasa por actores que tienen intereses políticos directos. Esa contradicción atraviesa la historia de Comodoro Py y alimenta una pregunta persistente: hasta qué punto un fuero construido con fuerte intervención de la política puede juzgar a la política sin condicionamientos.
El caso de Ariel Lijo funciona como ejemplo actual de esa tensión. Lijo, juez federal de Comodoro Py a cargo del Juzgado N°4 desde hace años, fue propuesto por Javier Milei para integrar la Corte Suprema. En 2025, el Senado rechazó su pliego. Luego, Milei lo nombró “en comisión” por decreto, pero la Corte le exigió renunciar primero a su cargo como juez federal. Lijo no lo hizo y continuó en Comodoro Py.
Ese episodio expuso el cruce entre el Poder Ejecutivo, el Senado, la Corte Suprema y el fuero federal. También mostró cómo un juez con causas sensibles puede quedar en el centro de una disputa institucional mayor. Según el relevamiento, casos como el presunto enriquecimiento de Manuel Adorni pasaron en algún momento por su órbita.
AMIA: la herida judicial que marcó a Comodoro Py
Comodoro Py no nació con las causas contra el kirchnerismo ni con la agenda judicial de la última década. Ya tenía un historial profundo antes de 2015. Uno de los expedientes más graves fue el del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994, cuya investigación original quedó a cargo del juez federal Juan José Galeano.
La causa derivó en un escándalo institucional mayúsculo. La investigación estuvo marcada por el pago ilegal de testigos, entre ellos Carlos Telleldín, por el armado de una “conexión local” falsa con policías bonaerenses y por graves irregularidades que terminaron contaminando el expediente.
El primer juicio oral, realizado entre 2001 y 2004, fue declarado nulo. Todos los acusados fueron absueltos. El resultado significó un golpe enorme para la credibilidad del sistema judicial y dejó al descubierto una investigación atravesada por maniobras irregulares, presiones y decisiones que terminaron perjudicando la búsqueda de justicia.
Galeano y fiscales vinculados al caso fueron destituidos y condenados posteriormente. La causa AMIA también derivó en la investigación de Alberto Nisman y en el expediente por el Memorándum con Irán de 2013, en el que Cristina Fernández de Kirchner tiene pendiente un juicio oral por presunto encubrimiento.
En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por fallas graves en la investigación. El caso AMIA quedó así como una de las demostraciones más dolorosas de lo que ocurre cuando una causa federal de máxima sensibilidad se contamina desde el inicio: el daño no es sólo jurídico, sino histórico, político y social.
Siemens, armas, Skanska y los antecedentes de los años 90 y 2000
Otra causa emblemática fue la causa Siemens. La multinacional alemana pagó coimas millonarias para quedarse con la licitación del sistema de DNI y pasaportes durante el gobierno de Carlos Menem. El expediente fue investigado en tribunales federales porteños e involucró a altos funcionarios, entre ellos Carlos Corach.
La empresa reconoció el pago de sobornos en Estados Unidos. En la Argentina, en cambio, la causa estuvo atravesada por demoras y cuestionamientos. El contraste fue fuerte: mientras en el exterior la compañía admitía las coimas, en el país el expediente avanzaba con lentitud y bajo sospechas, incluso por vínculos personales de algunos operadores judiciales con involucrados.
También pasaron por el fuero federal causas vinculadas al tráfico de armas a Ecuador y Croacia, expediente en el que Carlos Menem fue procesado y condenado en instancia oral; el caso Skanska, por sobreprecios en gasoductos; y distintas investigaciones sobre corrupción en privatizaciones y contratos públicos durante los años 90 y 2000.
Estos antecedentes muestran que Comodoro Py ya era, antes de la etapa kirchnerista, el lugar donde se concentraban los grandes expedientes de corrupción nacional. La novedad posterior no fue la existencia de causas sensibles, sino la magnitud política, mediática y judicial que adquirieron desde 2015 en adelante.
Ciccone: el vicepresidente, la imprenta y el negocio privado
La causa Ciccone Calcográfica fue uno de los expedientes más impactantes de la última década. En 2014, el juez Ariel Lijo procesó al entonces vicepresidente Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles. La investigación giró en torno a la compra irregular de la imprenta de billetes por parte de testaferros vinculados a Boudou.
El caso combinó poder político, negocio privado y una empresa estratégica para el Estado. La imprenta no era un activo cualquiera: tenía capacidad para imprimir billetes y documentación sensible. Por eso, el expediente tuvo una carga institucional de enorme peso.
Boudou fue condenado en juicio oral. La causa se convirtió en un ejemplo concreto de Comodoro Py produciendo una condena real contra un funcionario de máxima jerarquía. También consolidó a Ariel Lijo como uno de los jueces federales más observados del sistema.
Vialidad: obra pública, Santa Cruz y una condena histórica
La causa Vialidad se inició en 2016 y se convirtió en una de las investigaciones más relevantes contra Cristina Fernández de Kirchner. El expediente analizó la adjudicación de obras viales en Santa Cruz y el presunto direccionamiento de contratos en favor de Lázaro Báez.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión, con arresto domiciliario, por administración fraudulenta agravada. El Tribunal Oral, las instancias de apelación y las confirmaciones superiores validaron el fallo en lo esencial.
La causa estuvo atravesada por fuertes debates procesales. Entre ellos, planteos sobre non bis in idem, cuestionamientos al juez Julián Ercolini y discusiones sobre la imparcialidad de distintos actores judiciales. Aun así, la condena quedó firme en su núcleo principal según el informe.
Vialidad ocupó un lugar central en la discusión pública porque condensó una acusación clásica de corrupción estatal: obra pública, empresario beneficiado, estructura administrativa y responsabilidad política. También profundizó la polarización alrededor de Comodoro Py, con sectores que vieron en el fallo una condena necesaria y otros que lo leyeron como expresión de persecución judicial.
Cuadernos: empresarios, exfuncionarios y el expediente de las coimas sistemáticas
La causa Cuadernos de las Coimas comenzó en 2018 y se basó en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. La investigación denunció un sistema de pagos de coimas de empresarios a funcionarios kirchneristas vinculados a la obra pública.
El expediente tuvo una magnitud excepcional. Involucró a exfuncionarios, empresarios, intermediarios, choferes, arrepentidos y operadores. Cristina Fernández de Kirchner fue procesada como jefa de asociación ilícita.
El juicio oral tramita ante el TOF 7, que fue mudado a Comodoro Py para acelerar las audiencias. La causa incluye decenas de arrepentidos, entre empresarios y exfuncionarios, lo que la convirtió en uno de los expedientes más voluminosos y sensibles del fuero federal.
Según el relevamiento, peritajes de 2025 confirmaron la autoría de los cuadernos. En marzo de 2026, Cristina Fernández de Kirchner declaró y calificó la investigación de “mafiosa”. Esa frase quedó como parte de la disputa política y judicial que rodea al expediente.
Cuadernos representa una de las caras más complejas de Comodoro Py: por un lado, una investigación sobre una presunta matriz de corrupción extendida; por otro, un expediente atravesado por cuestionamientos, discusiones sobre prueba, arrepentidos y derivaciones políticas de enorme intensidad.
Hotesur, Los Sauces y D’Alessio: el ecosistema paralelo
La agenda judicial vinculada al kirchnerismo también incluyó Hotesur y Los Sauces, causas relacionadas con hoteles de la familia Kirchner y presunto lavado de dinero. Esos expedientes fueron asociados al mismo ecosistema de investigaciones sobre patrimonio, empresarios contratistas y posibles maniobras de retorno de fondos.
Otro capítulo fue el caso D’Alessio, que abrió un escándalo paralelo vinculado al universo Cuadernos. La investigación apuntó a maniobras de extorsión con “pruebas” falsas y dejó expuestas conexiones entre supuestos operadores, periodistas, abogados, servicios de inteligencia informales y sectores judiciales.
Ese expediente fue importante porque mostró que alrededor de las causas de corrupción también pueden operar redes de presión, filtraciones, operaciones y extorsiones. En otras palabras: Comodoro Py no sólo investiga el poder, sino que también puede quedar rodeado por actores que intentan influir, condicionar o explotar políticamente esas investigaciones.
$Libra: criptomonedas, política y una investigación en curso
Entre los casos actuales aparece el caso $Libra. En febrero de 2025, Javier Milei promocionó en X el token cripto $Libra. Tras esa publicación, el activo subió con fuerza y luego colapsó, generando pérdidas millonarias.
Para un lector no especializado, la lógica básica es sencilla: un token funciona como un activo digital cuyo precio puede subir o bajar de manera brusca según la demanda, la confianza y las expectativas. Si una figura de alto poder político lo promociona públicamente, eso puede disparar compras. Si luego el precio se desploma, quienes ingresaron tarde pueden perder grandes sumas.
La investigación federal sigue en curso, con intervención del fiscal Eduardo Taiano y la UFECI. Según el relevamiento, los peritajes muestran llamadas previas entre Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y el trader Mauricio Novelli.
El expediente permanece en etapa de investigación. Su relevancia institucional reside en que vuelve a ubicar a Comodoro Py frente a un caso donde se mezclan poder político, activos financieros, redes digitales, eventuales beneficios privados y perjuicios económicos para terceros.
Adorni: patrimonio, Bitcoin y una causa abierta
También continúa abierta la investigación por presunto enriquecimiento de Manuel Adorni. El expediente apunta a un supuesto aumento patrimonial inexplicable, con menciones a propiedades, viajes, ahorros no declarados y Bitcoin.
Adorni reconoció ahorros no declarados provenientes de trabajos previos y Bitcoin. Según el informe, la causa pasó en algún momento por la órbita del juzgado de Ariel Lijo y derivó luego al fiscal Gerardo Pollicita.
El caso todavía no tiene una definición de fondo. Sin embargo, su presencia en el mapa de Comodoro Py muestra que el fuero federal continúa recibiendo expedientes vinculados al oficialismo de turno, lo que vuelve a colocar sobre la mesa la discusión por los ritmos, prioridades y criterios de avance de las investigaciones.
Lago Escondido: la postal del conflicto de interés
Uno de los episodios que más alimentó las dudas sobre la independencia judicial fue Lago Escondido. En octubre de 2022, días antes del fallo de Vialidad, un grupo viajó en avión privado a la estancia de Joe Lewis, en Río Negro.
Según denuncias y chats filtrados, participaron los jueces Julián Ercolini, de Comodoro Py e instructor de Vialidad; Carlos Mahiques, de Casación Penal; Pablo Cayssials y Pablo Yadarola. También fueron mencionados Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires; Marcelo D’Alessandro, exministro de Seguridad porteño; empresarios y directivos vinculados al Grupo Clarín; y otros operadores.
El impacto político del viaje fue enorme. No sólo por los nombres involucrados, sino por el contexto: jueces con intervención en causas sensibles compartiendo una estadía privada con funcionarios, empresarios y actores vinculados al poder económico y mediático.
La investigación periodística reveló chats en los que se discutía cómo manejar la difusión pública de la noticia. Ese detalle profundizó las sospechas, porque el problema dejó de ser únicamente el viaje y pasó a ser también la reacción coordinada frente a su exposición.
Se abrió una causa penal. Sin embargo, en diciembre de 2023, el juez Sebastián Ramos anuló el expediente y sobreseyó a todos los imputados por falta de indicios de delito.
El contraste quedó instalado: un episodio de enorme impacto público, con fuertes cuestionamientos éticos e institucionales, terminó judicialmente cerrado. Lago Escondido se convirtió así en una postal de las tensiones de Comodoro Py: no siempre lo que erosiona la confianza ciudadana encuentra traducción penal, y no siempre lo legal alcanza para despejar lo políticamente opaco.
La reforma procesal: del juez que investiga al fiscal que acusa
Entre 2025 y 2026, el Gobierno impulsó la implementación del Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py. La reforma introduce el sistema acusatorio, que modifica el reparto de poder dentro del proceso penal.
En el viejo sistema, el juez tenía un rol fuerte en la instrucción. Investigaba, ordenaba medidas, conducía el expediente y luego definía si correspondía avanzar hacia un juicio. En el nuevo esquema, el fiscal pasa a tener el protagonismo de la investigación, mientras el juez controla garantías y resuelve planteos.
La promesa de la reforma es clara: más oralidad, audiencias públicas, plazos más estrictos y menos causas dormidas durante años en expedientes escritos. El objetivo declarado es reducir la impunidad estructural y las demoras que caracterizaron históricamente al fuero federal.
Sin embargo, el cambio también genera nuevas tensiones. Si antes se discutía el poder de los jueces para acelerar o cajonear causas, ahora parte de esa discusión se traslada a los fiscales. La pregunta de fondo no desaparece: quién tiene la llave de una investigación, quién decide su ritmo y qué controles existen para evitar discrecionalidad.
La implementación tuvo varias prórrogas y finalmente se concretó alrededor de abril de 2026. Según el relevamiento, hubo resistencia interna de algunos sectores judiciales y fiscales. Al mismo tiempo, persisten vacantes importantes en varios Tribunales Orales Federales, lo que produce subrogaciones y lentitud.
Vacantes, subrogaciones y demoras: la maquinaria lenta
Uno de los problemas estructurales de Comodoro Py es la existencia de vacantes crónicas. Muchos Tribunales Orales Federales funcionaron durante años sin jueces titulares plenos. Esa situación obliga a cubrir lugares con subrogantes, es decir, magistrados que ocupan temporalmente cargos vacantes.
Las subrogaciones no son necesariamente ilegales ni irregulares por sí mismas, pero generan una percepción de mayor fragilidad institucional. Un juez titular tiene estabilidad plena en su cargo. Un subrogante, en cambio, puede quedar más expuesto a cambios, acuerdos o equilibrios internos del sistema.
Las vacantes también impactan en los tiempos. Si faltan jueces, los tribunales tienen más dificultades para integrar salas, fijar audiencias, sostener debates orales y dictar sentencias. El resultado es conocido: causas que duran 10, 15 o 25 años sin resolución definitiva.
La demora no es un problema administrativo menor. En materia penal, el paso del tiempo deteriora pruebas, debilita testimonios, favorece prescripciones y reduce la capacidad del sistema para dar respuestas creíbles. Una condena dictada décadas después puede llegar tarde; una absolución tardía también puede dejar a una persona sometida durante años a una sospecha pública sin cierre.
Selectividad percibida: quién avanza rápido y quién espera
Otra tensión permanente es la selectividad percibida. El informe señala una impresión extendida: las causas contra gobiernos anteriores suelen acelerarse, mientras las causas contra el gobierno de turno tienden a avanzar con mayor lentitud.
Esa percepción atraviesa distintas etapas políticas y no se limita a un sector partidario. Cada cambio de gobierno reactiva la sospecha de que Comodoro Py puede moverse con mayor intensidad cuando investiga al poder que ya se fue, y con más prudencia cuando el expediente toca al poder que está sentado en la Casa Rosada.
El problema de la selectividad no se resuelve únicamente contando condenas o sobreseimientos. También importa el tiempo. Una causa que avanza diez años después puede tener un efecto político muy distinto de una causa que se activa en plena disputa electoral o durante un conflicto de poder.
Por eso, en Comodoro Py el calendario judicial suele leerse también como calendario político. Las fechas de indagatorias, procesamientos, audiencias, elevaciones a juicio y fallos pueden modificar escenarios públicos, aunque formalmente respondan a decisiones procesales.
El poder económico dentro de los expedientes
Comodoro Py no investiga sólo a políticos. En casi todos los grandes casos aparecen empresarios, lobistas, operadores judiciales, intermediarios financieros o actores económicos con capacidad de influencia.
Siemens mostró el vínculo entre contratación estatal y coimas empresarias. Ciccone expuso la relación entre poder político, testaferros y una empresa estratégica. Cuadernos colocó bajo la lupa un presunto sistema de pagos de empresarios a funcionarios. Libra incorporó un componente financiero digital, con criptomonedas, traders y promoción política.
Ese patrón revela una cuestión central: la corrupción de alto nivel rara vez es un fenómeno puramente estatal. Necesita contraparte privada, circuitos financieros, intermediarios y protección. El expediente judicial suele llegar cuando esa trama ya está armada, cuando los contratos fueron firmados, los pagos circularon o las pérdidas ya ocurrieron.
Por eso, la independencia judicial no se mide sólo frente al poder político. También se mide frente al poder económico. Un sistema capaz de investigar funcionarios pero débil frente a empresarios, financistas u operadores queda incompleto. Y un sistema permeable a todos ellos se convierte en parte del problema que dice combatir.
El laberinto sigue abierto
Comodoro Py es la institución donde la Argentina intenta, con distinto éxito, juzgar a su propio poder. Ha producido condenas reales, como las de Amado Boudou en Ciccone, Cristina Fernández de Kirchner en Vialidad y Juan José Galeano por irregularidades en la investigación de la AMIA.
Pero también ha producido nulidades escandalosas, demoras de décadas, prescripciones y percepciones fuertes de influencia política y económica. Su historia combina avances institucionales con fracasos resonantes. Por eso no puede ser presentado únicamente como garantía republicana ni como maquinaria de persecución: es un sistema más complejo, más opaco y más contradictorio.
El edificio de 1952 sigue en pie. Los nombres cambian: Ercolini, Lijo, Mahiques, nuevos fiscales, nuevos pliegos, nuevos gobiernos, nuevas causas. Pero las tensiones estructurales persisten: nombramientos políticos, vacantes, demoras, conexiones con élites económicas, reuniones informales, disputas internas y reformas que prometen ordenar lo que durante años funcionó con demasiados márgenes de discrecionalidad.
La reforma del Código Procesal Penal Federal puede modificar una parte del funcionamiento. Puede dar más poder a los fiscales, imponer audiencias orales y fijar plazos más estrictos. Pero la pregunta central sigue abierta: si el problema es sólo procesal o si también es político, cultural e institucional.
En el fondo, Comodoro Py obliga a mirar una pregunta incómoda: si este sistema, tal como está armado, puede juzgar al poder sin terminar siendo parte del poder. También deja otra: si la reforma procesal romperá el círculo de impunidad o simplemente redistribuirá la capacidad de demorar causas.
La última pregunta es la más difícil: qué herramientas reales tienen los ciudadanos para exigir que la justicia que investiga al poder sea verdaderamente independiente. Porque si el fuero que debe controlar a las élites queda atrapado entre nombramientos políticos, empresarios influyentes, vacantes, subrogaciones y expedientes eternos, el problema ya no es sólo judicial. Es democrático.
Hasta junio de 2026, el diagnóstico es tan claro como incómodo: Comodoro Py sigue siendo el corazón y el laberinto de la justicia federal argentina. Allí se define una parte crucial de la rendición de cuentas del país. Y allí, también, la Argentina sigue buscando la salida.
