El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó un nuevo elemento de incertidumbre a partir del conflicto diplomático entre Argentina y Brasil, ya que dos de las empresas con interés en participar de la licitación son operadores brasileños con amplia trayectoria en el sector.
Se trata de Sabesp y Águas do Rio, compañías que analizan conformar alianzas con empresas argentinas para competir por el control de la empresa de agua y saneamiento.
Los operadores brasileños que analizan competir
Sabesp, la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, es considerada la mayor empresa de agua y saneamiento de Brasil y de América Latina. Opera el sistema de abastecimiento y cloacas de millones de usuarios en el estado de San Pablo.
Por su parte, Águas do Rio, perteneciente al grupo privado Aegea Saneamento, presta servicios de agua potable y saneamiento en decenas de municipios del estado de Río de Janeiro tras obtener una importante concesión en 2021.
Ambas compañías aparecen entre los operadores internacionales que podrían asociarse con grupos locales para cumplir los requisitos establecidos en el proceso de privatización.
La experiencia técnica, una condición clave
El pliego exige que el operador técnico acredite experiencia comprobable tanto en la prestación de agua potable como en la recolección y tratamiento de desagües cloacales.
Durante el proceso de consultas, el Gobierno aclaró que no alcanza con antecedentes en uno solo de esos servicios, sino que la experiencia debe abarcar ambas actividades.
Según fuentes vinculadas al proceso, los interesados argentinos no reúnen por sí solos los requisitos técnicos exigidos, motivo por el cual avanzaron en conversaciones con operadores internacionales.
Entre los grupos locales interesados aparecen Grupo Roggio, actual operador de Aguas Cordobesas, y el empresario Mauricio Filiberti, propietario de Transclor.
El impacto del conflicto diplomático
La tensión entre Argentina y Brasil abrió interrogantes sobre la participación de compañías brasileñas en el proceso. Sin embargo, desde AySA consideran que todavía existe margen para que la situación política evolucione antes de la presentación de ofertas.
Las propuestas podrán presentarse, en principio, hasta el 27 de agosto, aunque dentro de la empresa no descartan que algún interesado solicite una prórroga, una posibilidad considerada habitual en procesos de privatización de esta magnitud.
Según esa evaluación, una extensión de los plazos podría permitir que disminuya la tensión bilateral antes de la definición de los oferentes.
Un contrato por tres décadas
La privatización contempla la venta del 90% de las acciones de AySA, mientras que el 10% restante permanecerá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años y establece un programa de inversiones por USD 15.040 millones durante ese período.
Durante los primeros cinco años deberán ejecutarse inversiones por USD 1.940 millones, seguidas por otros USD 2.030 millones en el segundo quinquenio.
Entre los objetivos previstos figuran ampliar la cobertura de agua potable y cloacas, mejorar la presión del servicio, instalar alrededor de 100.000 medidores por año y renovar cientos de kilómetros de redes de distribución.
Una empresa estratégica
AySA presta servicios de agua potable y saneamiento a más de 14 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, lo que la convierte en una de las empresas sanitarias más importantes de América Latina.
El resultado de la licitación dependerá de la competencia entre los oferentes y de la evolución del proceso durante las próximas semanas, mientras el escenario político regional agrega un nuevo factor de análisis para una de las privatizaciones más relevantes impulsadas por el Gobierno nacional.
