Patricia Bullrich aseguró este jueves que el Senado está preparado para tratar y aprobar la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que será debatida en medio de diferencias políticas entre la senadora y sectores del Gobierno nacional.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza ratificó su respaldo al proyecto y destacó los acuerdos alcanzados con legisladores aliados y opositores para avanzar con su sanción.
El tratamiento en el recinto está previsto para el 19 de noviembre, luego de que el oficialismo consiguiera un dictamen de mayoría sin introducir modificaciones al texto que llegó desde Diputados.
La decisión de Bullrich representó una diferencia con sectores de la Casa Rosada que pretendían modificar algunos aspectos de la iniciativa.
El episodio se suma a las recientes señales de autonomía política de la exministra de Seguridad, en un contexto de tensiones internas que, por el momento, el Gobierno decidió no profundizar.
Bullrich confirmó que el Senado está listo para tratar la Ley de Discapacidad
La senadora expresó públicamente su posición mediante una publicación en la red social X, en la que destacó la importancia de alcanzar acuerdos para resolver una problemática que afecta a las personas con discapacidad.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, remarcó la legisladora.
Leé también: Un mes sin sesionar y una agenda urgente: la difícil negociación de Bullrich para reactivar el Senado
Luego, agregó: “Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.
El mensaje fue interpretado en el marco de las diferencias recientes entre Bullrich y sectores del Gobierno de Javier Milei, especialmente por la estrategia legislativa utilizada para conseguir los apoyos necesarios.
La senadora había resistido los intentos de introducir modificaciones al proyecto que recibió media sanción en Diputados.
En lugar de avanzar con esos cambios, priorizó los acuerdos alcanzados con bloques aliados y representantes de la oposición.
Como resultado, consiguió un dictamen de mayoría que mantiene el texto original aprobado por la Cámara baja, lo que permitió encaminar su tratamiento en el Senado.
Las diferencias con la Casa Rosada y las señales de autonomía política
La estrategia de Bullrich dejó en evidencia distintas posiciones dentro del oficialismo respecto del tratamiento de la Ley de Discapacidad.
Mientras sectores del Ejecutivo buscaban modificar el proyecto, la jefa del bloque libertario en el Senado optó por preservar el consenso parlamentario que había permitido avanzar con la iniciativa.
Esta postura se suma a otras manifestaciones públicas en las que la legisladora reclamó que los resultados del programa económico del Gobierno alcancen a toda la población.
También había marcado diferencias respecto de determinadas estrategias políticas de la Casa Rosada y de algunas formas de comunicación del presidente Javier Milei.
En Balcarce 50 generó malestar la difusión de una imagen de una reunión de la mesa política propia de Bullrich, en medio de versiones sobre una eventual candidatura para 2027.
Sin embargo, las tensiones quedaron postergadas durante la visita del papa León XIV y, hasta el momento, el Gobierno decidió no profundizar el conflicto interno.
En ese escenario, la negociación por la Ley de Discapacidad se convirtió en una nueva muestra del margen de acción que Bullrich busca mantener dentro del oficialismo.
Qué establece la nueva Ley de Discapacidad
El proyecto que será tratado por el Senado introduce disposiciones vinculadas con las pensiones no contributivas, el acceso a prestaciones médicas, la participación de organismos especializados y las garantías administrativas para las personas con discapacidad.
Uno de sus puntos centrales es la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal.
De esta manera, la iniciativa busca garantizar que el acceso a un trabajo registrado no implique, por sí mismo, la incompatibilidad con esa prestación.
Además, permite que la pensión pueda percibirse junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
La propuesta también busca revertir algunos aspectos contemplados por el Gobierno en su proyecto de Presupuesto 2027.
Estas disposiciones forman parte de los acuerdos legislativos que permitieron reunir el respaldo necesario para avanzar con el tratamiento.
Incluir Salud y las garantías para evitar suspensiones de beneficios
Otro de los ejes de la iniciativa es la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que pueda adoptar en el futuro.
El proyecto incorpora la asignación de partidas presupuestarias destinadas a sostener esas prestaciones.
También establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas vinculadas con el sector.
En materia de suspensión de beneficios, la iniciativa incorpora mecanismos destinados a proteger el derecho de defensa de las personas afectadas.
La norma establece una notificación fehaciente y un plazo de 60 días para presentar un descargo antes de que la autoridad competente realice la revisión correspondiente.
El objetivo de este procedimiento es incorporar garantías administrativas frente a decisiones que puedan afectar la continuidad de las prestaciones.
El financiamiento, una de las claves del acuerdo parlamentario
La discusión sobre los recursos necesarios para aplicar la ley fue uno de los aspectos centrales de la negociación entre el oficialismo y los bloques que acompañaron el proyecto.
La iniciativa establece que los gastos deberán cubrirse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud.
Además, dispone que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al correspondiente al ejercicio anterior.
Esta garantía busca preservar los recursos destinados a las prestaciones frente a las variaciones del poder adquisitivo.
El proyecto también habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
La inclusión de estas previsiones presupuestarias fue determinante para conseguir el acompañamiento de distintos bloques parlamentarios.
Como parte de los acuerdos, también se asumió el compromiso de garantizar las partidas correspondientes en el Presupuesto 2027, que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados.
El Senado apunta a votar la iniciativa el 19 de noviembre
Con el dictamen de mayoría ya conseguido, el proyecto quedó encaminado para su tratamiento en una sesión prevista para el 19 de noviembre.
La propuesta llega al recinto sin modificaciones respecto del texto aprobado por Diputados, luego de que Bullrich priorizara los acuerdos parlamentarios frente a los cambios impulsados por sectores del Ejecutivo.
El debate se desarrollará en un contexto en el que el Gobierno también busca avanzar con otras iniciativas legislativas, entre ellas la reforma electoral y el Presupuesto 2027.
La sanción definitiva de la Ley de Discapacidad dependerá de la votación del Senado, mientras continúa la negociación de los recursos necesarios para garantizar su aplicación.
El resultado de esa sesión permitirá determinar si prospera el acuerdo construido entre el oficialismo, sus aliados y sectores de la oposición, y si el texto aprobado por Diputados se convierte finalmente en ley.
Patricia Bullrich confirmó este jueves que el Senado está preparado para tratar la nueva Ley de Discapacidad, cuya votación está prevista para el 19 de noviembre. La jefa del bloque de La Libertad Avanza consiguió un dictamen de mayoría sin modificar el texto aprobado en Diputados, pese a las diferencias con la Casa Rosada. La iniciativa protege pensiones, prestaciones médicas y recursos presupuestarios.
Patricia Bullrich protagoniza una situación que hasta hace poco parecía reservada a la ciencia ficción parlamentaria: consiguió acuerdos con la oposición, defendió un proyecto frente a las intenciones de modificarlo desde su propio Gobierno y anunció que el Senado está preparado para votarlo. Todo dentro de La Libertad Avanza, un espacio donde la disciplina política suele presentarse como una virtud indispensable, salvo cuando una de sus principales figuras descubre que negociar también puede producir resultados.
El asunto es la nueva Ley de Discapacidad, que llegará al recinto con dictamen de mayoría y una fecha prevista para su tratamiento: el 19 de noviembre. Bullrich decidió sostener el texto aprobado en Diputados, a pesar de que sectores de la Casa Rosada pretendían introducir cambios. La exministra de Seguridad parece haber encontrado una actividad más desafiante que enfrentar adversarios políticos: explicarles a sus propios aliados que un acuerdo parlamentario no necesariamente necesita ser desarmado después de conseguirse.
La senadora también difundió un mensaje sobre la necesidad de construir un país en el que nadie quede afuera. La declaración adquiere un significado particular en una discusión sobre pensiones, prestaciones médicas y derechos de las personas con discapacidad. En este caso, la inclusión no es solamente una consigna para colocar sobre una fotografía institucional: viene acompañada de artículos, mecanismos de notificación, partidas presupuestarias y una votación pendiente. Una cantidad considerable de trámites para convertir una idea ampliamente compartida en una obligación concreta.
Las diferencias con el Ejecutivo no surgieron de la nada. Bullrich ya había marcado posiciones propias sobre el alcance social del programa económico y sobre determinadas estrategias políticas del oficialismo. También generó incomodidad en Balcarce 50 al mostrar una reunión de su propia mesa política, en medio de versiones sobre una eventual candidatura en 2027. La autonomía comenzó a parecer menos una característica personal y más una cuestión que algunos integrantes del Gobierno observan con la misma tranquilidad con la que se descubre una filtración de agua sobre una computadora.
La visita del papa León XIV contribuyó a postergar la escalada de esa tensión. Pero los desacuerdos no desaparecieron por intervención del calendario. Bullrich sigue al frente de una negociación que consiguió respaldo de aliados y opositores, mientras el Gobierno deberá convivir con una iniciativa que no conserva exactamente el diseño que algunos sectores oficiales pretendían. La convivencia política exige flexibilidad, una palabra que suele pronunciarse con entusiasmo cuando debe practicarla el adversario.
El proyecto, además, aborda cuestiones bastante menos abstractas que las disputas internas: compatibilidad entre pensiones y empleo formal, continuidad de Incluir Salud, derecho a presentar descargos antes de perder beneficios y financiamiento protegido frente a la inflación. En otras palabras, el Senado discutirá medidas que afectan directamente la vida de personas con discapacidad, mientras una parte de la atención política se concentra en determinar cuánto margen de independencia puede ejercer una dirigente oficialista. La verdadera prueba llegará cuando los votos, las partidas y los derechos tengan que coincidir en una misma ley.
