El Gobierno nacional cuestionó la resolución de la Sala D de la Cámara Civil que declaró la nulidad de las resoluciones de la Inspección General de Justicia y del Ministerio de Justicia contra el traslado de la AFA a Pilar.
Desde la gestión de Javier Milei sostienen que la Inspección General de Justicia, bajo la nueva conducción de Alejandro Ramírez, buscará revertir la decisión en una instancia superior.
El eje del fallo y la disputa por la competencia
La Cámara Civil declaró la nulidad de las resoluciones de la IGJ y del Ministerio de Justicia que rechazaban la mudanza y disponían una intervención informativa por 180 días hábiles.
Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó el traslado del domicilio social a Pilar, las facultades de fiscalización quedaron bajo la órbita provincial. Por ese motivo, consideraron que el organismo nacional ya no tenía competencia territorial.
La sentencia cuestionó el accionar de la IGJ al señalar que se «erigió por encima» del organismo bonaerense al aplicar facultades revisoras sobre un par.
Asimismo, el tribunal desestimó las dudas sobre el funcionamiento efectivo de la sede ubicada en la calle Mercedes 1366, al remarcar que la AFA posee un contrato de comodato firmado con la Municipalidad de Pilar.
Cruces internos y estrategia de la Casa Rosada
La resolución judicial provocó pases de factura dentro del área de Justicia. El sector que lidera Juan Bautista Mahiques cuestionó a la gestión previa de la IGJ por no haber impugnado eficazmente las actas provinciales en su debido momento.
Sin embargo, en Balcarce 50 leen el fallo como un revés político y jurídico para el esquema de control que se había diseñado sobre el fútbol argentino.
Con la apelación, el Poder Ejecutivo buscará evitar que el cambio de jurisdicción clausure de forma definitiva las investigaciones y revisiones de balances, documentación contable y contratos que estaban bajo la lupa nacional.
El fallo, no obstante, aclaró que la decisión no interfiere con las causas penales y económicas que avanzan por vías independientes.
<p>El Gobierno nacional cuestionó el fallo de la Sala D de la Cámara Civil que anuló resoluciones de la IGJ y del Ministerio de Justicia contra el traslado de la AFA a Pilar. Desde la gestión de Javier Milei sostienen que el organismo, ahora conducido por Alejandro Ramírez, buscará revertir la decisión en una instancia superior.</p>
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La mudanza de la AFA a Pilar terminó convertida en una partida de ajedrez institucional donde cada organismo mueve una pieza y después acusa al otro de haber tocado el tablero. La Cámara Civil declaró la nulidad de las resoluciones de la IGJ y del Ministerio de Justicia, y en la Casa Rosada el fallo cayó con la delicadeza de un pelotazo en una reunión de escribanos.
El centro del conflicto es tan jurídico como futbolero: quién tiene la llave del control una vez que la asociación cambió su domicilio social. Para los camaristas, cuando la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó el traslado a Pilar, la fiscalización pasó a la órbita provincial. Para el Gobierno nacional, en cambio, el asunto todavía no está cerrado y la IGJ, ahora bajo la conducción de Alejandro Ramírez, buscará llevar la discusión a una instancia superior.
El fallo también dejó una frase con filo institucional: la IGJ se «erigió por encima» del organismo bonaerense. En términos tribunalicios, eso no es una caricia; es una tarjeta amarilla redactada con toga. El tribunal además desestimó las dudas sobre la sede en la calle Mercedes 1366 y remarcó que la AFA cuenta con un contrato de comodato firmado con la Municipalidad de Pilar, dato suficiente para que el expediente siga respirando del lado bonaerense.
La resolución provocó, además, pases de factura dentro del área de Justicia. El sector de Juan Bautista Mahiques apuntó contra la gestión previa de la IGJ por no haber impugnado con eficacia las actas provinciales en el momento oportuno. Traducido al idioma administrativo: alguien dejó pasar un tren, ahora todos miran el andén y nadie quiere hacerse cargo del boleto.
Con la apelación, el Ejecutivo intentará evitar que el cambio de jurisdicción cierre definitivamente la puerta a investigaciones y revisiones de balances, documentación contable y contratos que estaban bajo la lupa nacional. La Justicia aclaró que el fallo no interfiere con causas penales y económicas independientes, pero el mensaje político quedó flotando: en el fútbol argentino, hasta el domicilio social puede jugar tiempo suplementario.
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