Cristian Auguadra deberá presentarse ante el Congreso para explicar el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la manera en que el organismo interactúa con áreas estratégicas como Seguridad y Defensa.
La convocatoria se produce después de que el presidente Javier Milei ampliara las facultades del sistema de inteligencia mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941, firmado el 31 de diciembre pasado.
La norma generó cuestionamientos desde distintos sectores debido a que, entre otros cambios, habilitó a la SIDE a realizar “aprehensiones” de personas y a convocar a las Fuerzas Armadas para intervenir en tareas internas.
Pese a las críticas y la preocupación expresada tras la publicación del decreto, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió recién más de siete meses después.
El encuentro realizado durante la tarde del martes transcurrió sin grandes discusiones y fue considerado por algunos de los asistentes como una primera presentación formal de sus integrantes.
La comisión quedó bajo el control del oficialismo
La presidencia de la comisión quedó en manos del diputado nacional de La Libertad Avanza Sebastián Pareja, luego de una disputa entre el oficialismo y el PRO.
Cristian Ritondo había denunciado públicamente que le prometieron la conducción del organismo parlamentario, pero finalmente fue desplazado de esa posibilidad.
Dentro de la estructura libertaria, Pareja es considerado un aliado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Su función será controlar a Auguadra, quien llegó a la conducción de la SIDE con el respaldo del asesor presidencial Santiago Caputo.
Antes de la reunión, Pareja mantuvo conversaciones con los integrantes de la comisión y contactos con el responsable de la SIDE. A partir de esos intercambios, se resolvió convocarlo para que detalle cómo funciona actualmente el organismo, que ya tuvo tres responsables diferentes durante la gestión de Milei.
La discusión sobre los alcances del DNU 941 quedará planteada para la comparecencia de Auguadra ante los legisladores.
Pedidos de informes a Defensa y Seguridad
Durante la reunión también se resolvió avanzar con una serie de pedidos de informes para analizar el impacto de la reforma del sistema de inteligencia y definir futuras acciones de la comisión.
Uno de los requerimientos estará dirigido al Ministerio de Defensa para conocer qué consecuencias tuvo la aplicación del DNU 941 y qué modificaciones impulsó el ministro Carlos Presti dentro de la cartera.
Además, se aprobó un pedido de informes para la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de esclarecer posibles cambios dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
Los integrantes de la comisión recibieron información sobre la presunta designación de Miguel Gómez Goldin como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal, aunque el nombramiento todavía no fue oficializado.
Su incorporación, vinculada al sector político de Patricia Bullrich, coincidió con la salida del exfiscal platense Marcelo Romero, quien confirmó su renuncia y afirmó que dentro del Ministerio de Seguridad estaba “todo el mundo excitado con el poder” y que había “mucha paranoia y persecuta”.
El caso de los equipos de espionaje
Representantes del peronismo promovieron también un pedido para que la comisión pueda acceder a la causa judicial que tramita en San Isidro y que investiga a Facundo Leal, extitular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.
Durante un allanamiento en el departamento de Leal, los investigadores encontraron cámaras y grabadores ocultos, detectores de radiofrecuencia, inhibidores de señal y un teléfono satelital.
La comisión busca analizar el contenido del expediente que tramita en el juzgado de Lino Mirabelli y en la fiscalía de Fernando Domínguez. Una de las posibilidades es que el Congreso inicie su propia investigación para determinar a quiénes se habría espiado mediante esos dispositivos.
La Bicameral ya intervino anteriormente en investigaciones sobre presuntas maniobras de inteligencia ilegal, entre ellas el accionar del grupo conocido como los Súper Mario Bros, la denominada Gestapo antisindical y la vigilancia sobre familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
La discusión judicial por el DNU 941
La reforma del sistema de inteligencia también fue cuestionada ante la Justicia. A fines de mayo, la jueza Rita Ailán rechazó una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales para suspender los efectos del decreto.
El 1 de julio, el fiscal Miguel Gilligan dictaminó a favor de admitir la acción de amparo colectivo impulsada por el organismo de derechos humanos.
Sin embargo, una semana después, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal anuló las actuaciones realizadas hasta ese momento.
Los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriano consideraron que Ailán debió registrar el expediente como un proceso colectivo antes de rechazar la medida cautelar, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Corte Suprema.
Los camaristas entendieron que esa omisión afectó las garantías del debido proceso y ordenaron realizar un nuevo sorteo para que otro juez analice la acción presentada contra la reforma.
