La Justicia federal avanza en una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) durante el período en que estuvo intervenida. En ese marco, el juez Sebastián Casanello ordenó el embargo de las cuentas bancarias de HTECH Innovation y citó a declaración indagatoria a su titular, Sergio Aguirre, socio comercial de Martín Menem.
Embargos e indagatorias en la investigación
La causa investiga un presunto desvío de $266.675.288 entre noviembre de 2024 y julio de 2025, período en el que Osprera permaneció intervenida por decisión del Gobierno nacional.
A pedido del fiscal Guillermo Marijuan, el magistrado también citó a declaración indagatoria a Virginia Montero y Marcelo Petroni, quienes se desempeñaron como interventores de la obra social. Ambos fueron alcanzados, además, por medidas de embargo sobre sus bienes.
Según la resolución judicial, Montero deberá declarar el 10 de agosto, Petroni el 11 de agosto y Aguirre el 13 de agosto. También fueron convocados Stefano Zanetti y María Casandra Mirabelli, socios de Aguirre en HTECH Innovation.
La hipótesis de la fiscalía sobre HTECH Innovation
En su resolución, Casanello sostuvo que, de acuerdo con la hipótesis presentada por la fiscalía, HTECH Innovation obtuvo desembolsos provenientes de la obra social mediante la contratación investigada.
«Por las características de la maniobra, en los términos presentados por la fiscalía, se advierte que la empresa, a través de la contratación cuestionada, obtuvo los desembolsos de la obra social intervenida. La empresa abrió cuentas bancarias a través de las cuales se canalizaron los pagos presuntamente espurios y se habrían repartido las ganancias ilícitas», señaló el magistrado.
Asimismo, el juez afirmó que, mientras se efectuaban esos pagos, Aguirre y sus socios adquirieron vehículos de alta gama. «Eso expone que tales adquisiciones estarían asociadas a una fuente presuntamente ilícita derivada de la contratación de HTECH», sostuvo en el fallo.
Los vínculos empresariales y la contratación bajo análisis
Sergio Aguirre constituyó HTECH Innovation en abril de 2024, cuatro meses después de la asunción de Javier Milei. Además, mantiene una sociedad comercial con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la firma TR Nutrition.
De acuerdo con la última declaración jurada patrimonial de Menem, el legislador posee el 50% de las acciones de esa empresa, dedicada a la importación y comercialización de suplementos nutricionales y productos dietarios.
La investigación señala que HTECH Innovation fue contratada por Virginia Montero para realizar trabajos sobre los sistemas informáticos de Osprera. Según consta en el expediente, en noviembre de 2024 la empresa recibió dos pagos por $40.251.879 y $7.733.119.
Uno de los aspectos que analiza la Justicia es que esas facturas correspondían a los comprobantes 0000001 y 0000002, es decir, fueron las primeras emitidas por HTECH Innovation.
En el mismo expediente también es investigado el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Según la acusación del fiscal Guillermo Marijuan, habría integrado un supuesto «plan criminal para hacerse de la conducción de la Uatre», sindicato del cual depende Osprera.
En esa hipótesis también aparecen mencionados el diputado de La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni; el exdirector de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino; y otros tres acusados.
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por el secretario general de la Uatre, José Voytenco.
La Justicia federal citó a declaración indagatoria a Sergio Aguirre, titular de HTECH Innovation y socio comercial de Martín Menem, en una causa que investiga un presunto desvío de más de $266 millones durante la intervención de Osprera. También fueron convocados los exinterventores de la obra social y otros directivos de la empresa, mientras avanzan embargos sobre bienes y cuentas.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
$266 millones bajo la lupa, cuentas embargadas y una empresa cuyas primeras facturas ya estaban cobrando de una obra social intervenida. Hay emprendimientos que tardan años en despegar. Otros debutan con la velocidad de un trámite que, por una vez, no pide fotocopia.
La investigación judicial pone el foco en una contratación que, según la hipótesis fiscal, terminó moviendo fondos millonarios mientras la obra social estaba bajo intervención. Como inaugurar un kiosco y que el primer día ya le vendiera toda la producción a un supermercado. El detalle, claro, es que después aparecen vehículos de alta gama y las preguntas llegan antes que las respuestas.
Ahora la escena se traslada a los tribunales. El juez ordenó embargos, fijó fechas de indagatoria y dejó asentado que la empresa habría canalizado pagos que la fiscalía considera presuntamente irregulares. En expedientes de este tipo, los números suelen hablar más fuerte que los comunicados.
La causa también salpica a funcionarios que estuvieron al frente de la intervención y amplía la investigación hacia otras personas mencionadas en la acusación. El tablero suma nombres mientras la Justicia intenta determinar si hubo un circuito organizado para desviar recursos de una obra social.
Las sociedades comerciales, las declaraciones juradas y las contrataciones públicas quedaron reunidas en un mismo expediente. A veces la realidad consigue que un organigrama empresarial parezca el mapa de un cableado improvisado.
El resto lo dirán las indagatorias. Los expedientes tienen la mala costumbre de recordar que las coincidencias, cuando se acumulan, dejan de parecer casualidades.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La Justicia federal avanza en una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) durante el período en que estuvo intervenida. En ese marco, el juez Sebastián Casanello ordenó el embargo de las cuentas bancarias de HTECH Innovation y citó a declaración indagatoria a su titular, Sergio Aguirre, socio comercial de Martín Menem.
Embargos e indagatorias en la investigación
La causa investiga un presunto desvío de $266.675.288 entre noviembre de 2024 y julio de 2025, período en el que Osprera permaneció intervenida por decisión del Gobierno nacional.
A pedido del fiscal Guillermo Marijuan, el magistrado también citó a declaración indagatoria a Virginia Montero y Marcelo Petroni, quienes se desempeñaron como interventores de la obra social. Ambos fueron alcanzados, además, por medidas de embargo sobre sus bienes.
Según la resolución judicial, Montero deberá declarar el 10 de agosto, Petroni el 11 de agosto y Aguirre el 13 de agosto. También fueron convocados Stefano Zanetti y María Casandra Mirabelli, socios de Aguirre en HTECH Innovation.
La hipótesis de la fiscalía sobre HTECH Innovation
En su resolución, Casanello sostuvo que, de acuerdo con la hipótesis presentada por la fiscalía, HTECH Innovation obtuvo desembolsos provenientes de la obra social mediante la contratación investigada.
«Por las características de la maniobra, en los términos presentados por la fiscalía, se advierte que la empresa, a través de la contratación cuestionada, obtuvo los desembolsos de la obra social intervenida. La empresa abrió cuentas bancarias a través de las cuales se canalizaron los pagos presuntamente espurios y se habrían repartido las ganancias ilícitas», señaló el magistrado.
Asimismo, el juez afirmó que, mientras se efectuaban esos pagos, Aguirre y sus socios adquirieron vehículos de alta gama. «Eso expone que tales adquisiciones estarían asociadas a una fuente presuntamente ilícita derivada de la contratación de HTECH», sostuvo en el fallo.
Los vínculos empresariales y la contratación bajo análisis
Sergio Aguirre constituyó HTECH Innovation en abril de 2024, cuatro meses después de la asunción de Javier Milei. Además, mantiene una sociedad comercial con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la firma TR Nutrition.
De acuerdo con la última declaración jurada patrimonial de Menem, el legislador posee el 50% de las acciones de esa empresa, dedicada a la importación y comercialización de suplementos nutricionales y productos dietarios.
La investigación señala que HTECH Innovation fue contratada por Virginia Montero para realizar trabajos sobre los sistemas informáticos de Osprera. Según consta en el expediente, en noviembre de 2024 la empresa recibió dos pagos por $40.251.879 y $7.733.119.
Uno de los aspectos que analiza la Justicia es que esas facturas correspondían a los comprobantes 0000001 y 0000002, es decir, fueron las primeras emitidas por HTECH Innovation.
En el mismo expediente también es investigado el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Según la acusación del fiscal Guillermo Marijuan, habría integrado un supuesto «plan criminal para hacerse de la conducción de la Uatre», sindicato del cual depende Osprera.
En esa hipótesis también aparecen mencionados el diputado de La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni; el exdirector de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino; y otros tres acusados.
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por el secretario general de la Uatre, José Voytenco.
La Justicia federal citó a declaración indagatoria a Sergio Aguirre, titular de HTECH Innovation y socio comercial de Martín Menem, en una causa que investiga un presunto desvío de más de $266 millones durante la intervención de Osprera. También fueron convocados los exinterventores de la obra social y otros directivos de la empresa, mientras avanzan embargos sobre bienes y cuentas.
$266 millones bajo la lupa, cuentas embargadas y una empresa cuyas primeras facturas ya estaban cobrando de una obra social intervenida. Hay emprendimientos que tardan años en despegar. Otros debutan con la velocidad de un trámite que, por una vez, no pide fotocopia.
La investigación judicial pone el foco en una contratación que, según la hipótesis fiscal, terminó moviendo fondos millonarios mientras la obra social estaba bajo intervención. Como inaugurar un kiosco y que el primer día ya le vendiera toda la producción a un supermercado. El detalle, claro, es que después aparecen vehículos de alta gama y las preguntas llegan antes que las respuestas.
Ahora la escena se traslada a los tribunales. El juez ordenó embargos, fijó fechas de indagatoria y dejó asentado que la empresa habría canalizado pagos que la fiscalía considera presuntamente irregulares. En expedientes de este tipo, los números suelen hablar más fuerte que los comunicados.
La causa también salpica a funcionarios que estuvieron al frente de la intervención y amplía la investigación hacia otras personas mencionadas en la acusación. El tablero suma nombres mientras la Justicia intenta determinar si hubo un circuito organizado para desviar recursos de una obra social.
Las sociedades comerciales, las declaraciones juradas y las contrataciones públicas quedaron reunidas en un mismo expediente. A veces la realidad consigue que un organigrama empresarial parezca el mapa de un cableado improvisado.
El resto lo dirán las indagatorias. Los expedientes tienen la mala costumbre de recordar que las coincidencias, cuando se acumulan, dejan de parecer casualidades.