La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el último recurso presentado por Atanor S.C.A. y dejó firme la sentencia que responsabiliza a la compañía por haber provocado un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná, a la altura de su planta industrial de San Nicolás.
La resolución pone fin a uno de los litigios ambientales más extensos de los últimos años dentro del sector agroquímico argentino. El proceso judicial fue impulsado por vecinos de la ciudad bonaerense y organizaciones ambientalistas, y confirma en todos sus términos las decisiones adoptadas tanto en primera como en segunda instancia. Desde 2023, el expediente permanecía bajo análisis de la Suprema Corte, que finalmente ratificó los fallos anteriores.
Los fundamentos del fallo
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, representada por el abogado Fabián Maggi, quien sostuvo desde el comienzo que la actividad industrial de Atanor contaminaba el río mediante sus efluentes.
Según explicó el letrado, la sentencia se apoya en tres ejes centrales: la confirmación de que el daño ocasionado al río Paraná es irreversible, la determinación de que la empresa operó en un marco de ilegalidad y la conclusión de que los controles estatales fueron insuficientes durante todo el proceso.
El fallo también cuestiona el accionar de la Autoridad del Agua (ADA) y del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires por no haber fiscalizado adecuadamente la totalidad de los compuestos químicos vinculados con la actividad de la planta. De acuerdo con Maggi, esa situación podría derivar en eventuales consecuencias penales para funcionarios públicos por presuntos incumplimientos de sus deberes y falsedad ideológica.
Fundada en 1938, Atanor es una de las principales proveedoras de agroquímicos del país y la única empresa de Latinoamérica que fabrica glifosato, fenóxidos y atrazina. Desde 1997 integra el Grupo Albaugh, de origen estadounidense, con operaciones en distintos países de América y Europa.
Las pruebas incorporadas al expediente
Durante el proceso judicial se reunieron pericias técnicas y estudios científicos que acreditaron la presencia de atrazina en niveles superiores a los permitidos, además de otros compuestos derivados de la formulación de agroquímicos que llegaban al río mediante distintos sistemas de descarga.
Un informe de la Autoridad del Agua, fechado en febrero de este año y basado en muestras tomadas en octubre de 2025 en el arroyo Yaguarón, registró concentraciones de glifosato de hasta 1,9 microgramos por litro, de su metabolito AMPA de hasta 1,4 microgramos por litro y de atrazina de hasta 0,6 microgramos por litro. También detectó la presencia de azoxistrobina e imidacloprid en varias de las muestras analizadas.
Maggi sostuvo que esos resultados demuestran que la empresa continuó generando impacto ambiental incluso durante las tareas de remediación ordenadas por la Justicia sobre el suelo y el acuífero subterráneo. Según indicó, las propias acciones de recomposición estarían trasladando contaminantes hacia el curso del río.
Sin embargo, el informe de la ADA también señala que, debido al uso extendido de esas sustancias en la actividad agropecuaria y a que se encuentran autorizadas por Senasa, resulta complejo determinar si la totalidad de la contaminación detectada corresponde exclusivamente a la actividad desarrollada por Atanor o si existen aportes provenientes de otras fuentes de la cuenca.
Esa continúa siendo la principal línea de defensa de la empresa, que sostiene que la presencia de agroquímicos en el Paraná no puede atribuirse únicamente a su planta industrial. Maggi rechazó esa postura y afirmó que constituye un intento de diluir responsabilidades.
La situación de la planta
La sentencia firme llega mientras la planta de San Nicolás atraviesa un proceso de relocalización productiva. En marzo de 2024, la explosión de uno de sus reactores dejó un operario herido, obligó a evacuar a vecinos del barrio cercano y motivó denuncias por síntomas respiratorios y la aparición de manchas blancas sobre plantas, veredas y vehículos.
Además de la causa ambiental ya resuelta, los directivos de Atanor enfrentan otra investigación judicial por presuntos delitos ambientales vinculados con la explosión de 2024. La causa está a cargo del fiscal Patricio Mujica Díaz, titular de la Unidad Federal de Investigaciones N.º 1 de San Nicolás, y, según indicó Maggi, podría avanzar hacia la instancia de juicio en el corto plazo.
En paralelo, la Justicia mantiene vigente la obligación de la empresa de continuar con las tareas de recomposición ambiental sobre el suelo y el acuífero subterráneo. Respecto del río Paraná, la sentencia estableció que el daño ambiental reviste tal magnitud que no existe una recomposición viable.
Para Maggi, el fallo constituye un antecedente de relevancia tanto por el reconocimiento judicial del daño ambiental como por la decisión de mantener las tareas de remediación bajo control de la Justicia.
