La Justicia federal avanza en la ejecución patrimonial derivada de la condena dictada en la causa Vialidad y analiza el decomiso de 141 bienes vinculados a Cristina Kirchner, sus hijos y empresarios condenados en el expediente. Entre los activos bajo revisión se encuentran los casi cinco millones de dólares secuestrados a nombre de Florencia Kirchner en el marco de la causa Hotesur.
El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, responsables de ejecutar las condenas confirmadas por la Corte Suprema en junio de 2025.
El avance del decomiso
Tras la ratificación de la sentencia, una de las consecuencias previstas por la Justicia es la ejecución de bienes para intentar recuperar los fondos que los tribunales determinaron como perjuicio económico ocasionado al Estado.
La cifra fijada por los peritos contables de la Corte asciende a 684.990.350.139,86 pesos, monto que la investigación vinculó con las irregularidades detectadas en la adjudicación de obras públicas durante el período analizado.
En ese contexto, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme recientemente una decisión del TOF 2 que habilita el avance sobre una primera etapa de decomisos. La medida comprende inmuebles, vehículos y otros activos identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Si bien Cristina Kirchner y sus hijos presentaron recursos ante la Corte Suprema para intentar frenar la ejecución patrimonial, en los tribunales consideran que esas presentaciones no suspenden las medidas ya confirmadas por instancias superiores.
Los bienes bajo análisis
El Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de 141 inmuebles, de los cuales 13 corresponden a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 a firmas relacionadas con Lázaro Báez. También se incluyeron 46 automotores y diversas cuentas bancarias.
Entre los activos mencionados figuran 4.664.000 dólares depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, además de otros fondos en cuentas bancarias que permanecen embargados en el marco de la causa Hotesur.
Según fuentes judiciales, el Tribunal aún aguarda información complementaria del Banco Galicia para resolver la situación de esos fondos y definir su eventual incorporación al proceso de decomiso.
La Justicia también analiza propiedades como el hotel Alto Calafate, inmuebles pertenecientes a la firma Los Sauces SA y distintas residencias ubicadas en Río Gallegos y El Calafate.
El criterio judicial
El TOF 2 estableció como criterio que podrán ser objeto de ejecución aquellos bienes incorporados al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015, período en el que se desarrollaron los hechos investigados en la causa Vialidad.
Los fiscales sostienen que la recuperación de activos constituye una herramienta central para reparar el daño ocasionado al Estado y evitar que los beneficios económicos obtenidos a través de delitos permanezcan en manos de los condenados.
En distintos pronunciamientos, tanto la Cámara de Casación como el Ministerio Público Fiscal remarcaron que el decomiso no sólo busca recuperar fondos, sino también impedir que los efectos económicos de los delitos continúen produciendo consecuencias patrimoniales para quienes resultaron beneficiados por las maniobras investigadas.
Con parte de la documentación ya incorporada al expediente y nuevos informes pendientes, el proceso de ejecución patrimonial continúa avanzando mientras la Justicia define el alcance final de los bienes que serán alcanzados por las medidas de decomiso.
