El peronismo buscará incorporar al sector pesquero al endurecimiento de las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en las Islas Malvinas sin autorización argentina, en el marco del debate que se abrirá en el Congreso tras los anuncios realizados por Javier Milei.
Desde el bloque que conduce Germán Martínez anticiparon que esa será una de las propuestas que impulsarán cuando comience la discusión para modificar la Ley 26.659, norma que actualmente establece condiciones y sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
El peronismo busca incorporar a las empresas pesqueras
El planteo opositor apunta particularmente a la actividad pesquera, uno de los principales componentes de la economía de las islas. Según el sector, existen empresas extranjeras que desarrollan actividades pesqueras en Malvinas y que, mediante firmas asociadas u otras razones sociales, también cuentan con licencias para operar en la costa continental argentina.
Dentro de ese universo, el foco está puesto especialmente sobre compañías de origen español.
Milei anunció recientemente medidas contra las empresas vinculadas con proyectos de explotación petrolera en las islas y anticipó que el alcance podría extenderse a “otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales”.
El Gobierno también inició procedimientos sancionatorios contra personas y empresas presuntamente vinculadas con actividades hidrocarburíferas desarrolladas en Malvinas sin autorización argentina.
Beneficios fiscales y la base naval de Tierra del Fuego
La discusión parlamentaria podría extenderse más allá del sector pesquero. El diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto para dejar sin efecto el convenio de doble imposición con el Reino Unido, que contempla beneficios fiscales para empresas británicas que obtienen rentas en Argentina.
Otra de las iniciativas que el bloque buscará incorporar está vinculada con la base naval integrada de Tierra del Fuego, cuya reactivación fue anunciada por Milei.
El peronismo pretende establecer que la instalación no pueda quedar bajo operación de fuerzas extranjeras. El planteo surge en medio de versiones y sospechas dentro de sectores políticos y militares sobre una eventual participación de Estados Unidos en el proyecto, aunque no existe una definición oficial que establezca que Washington vaya a asumir su manejo.
También apuntan a revisar empresas beneficiadas por el RIGI
Dentro del bloque peronista también se analiza impulsar una comisión investigadora para determinar si compañías alcanzadas por beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mantienen vínculos con actividades desarrolladas en Malvinas.
Uno de los casos que quedó bajo cuestionamiento político es el de Harbour Energy, que posee una participación del 15% en Southern Energy, sociedad involucrada en uno de los principales proyectos argentinos de producción y exportación de gas natural licuado.
Sobre esa compañía existe un planteo según el cual Harbour Energy mantiene continuidad jurídica con Premier Oil, firma que fue inhabilitada por Argentina por realizar actividades hidrocarburíferas en áreas vinculadas con Malvinas sin autorización nacional.
La eventual situación de empresas con participación en proyectos beneficiados por el RIGI será así otro de los puntos que la oposición buscará poner bajo análisis cuando el Congreso comience a discutir el nuevo esquema de sanciones vinculado con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
