El presidente Javier Milei continúa siguiendo de cerca el nivel de morosidad en la Argentina y, según los datos oficiales que recibió, mantiene la convicción de que la situación no representa un riesgo real para el sistema financiero. En ese marco, considera que el Estado no debería intervenir directamente porque se trata de un conflicto entre privados, aunque ahora analiza una medida para desalentar el endeudamiento.
La alternativa que estudia el Gobierno consiste en pedirle al titular del Banco Central, Santiago Bausili, que modifique mediante una comunicación la normativa que regula la manera en que debe informarse el Costo Financiero Total (CFT), el indicador que refleja cuánto terminará pagando realmente un cliente al tomar un préstamo o realizar una compra en cuotas.
Qué cambiaría en la información sobre los créditos
Actualmente, la normativa establece criterios para garantizar que el CFT sea visible para los usuarios de servicios financieros y no quede oculto entre otros datos del contrato.
En documentos como contratos, recibos o notas de débito, el valor numérico del CFT y el signo “%” deben aparecer de manera legible y destacada. La norma contempla que puedan mostrarse con un tamaño al menos doble respecto del resto de la información, manteniendo la misma fuente y sus proporciones, o mediante una tipografía o color que permita diferenciarlos.
También deben informarse la tasa de interés o descuento anual pactada, expresada en porcentaje y con al menos un decimal; la tasa de interés efectiva anual equivalente; la indicación de si la tasa es fija o variable y, en este último caso, los parámetros de ajuste.
En materia de publicidad, las exigencias son todavía mayores. El CFT debe exhibirse con una tipografía de color destacado, con la misma fuente y con un tamaño al menos cinco veces superior al utilizado para informar la tasa nominal anual.
El requisito alcanza a publicaciones en diarios, carteles, internet y folletos, además de radio, televisión y medios digitales. También contempla los casos en los que la información crediticia es difundida por terceros, como inmobiliarias, concesionarias, supermercados u otros intermediarios.
La propuesta de Patricia Bullrich
La iniciativa tomó impulso a partir de un planteo realizado por la senadora Patricia Bullrich, quien sostuvo que los bancos y las fintech deberían brindar información todavía más clara sobre las condiciones de los préstamos para evitar que los clientes se endeuden sin conocer el costo total.
A la salida de una sesión en el Congreso, Bullrich reclamó que esas empresas deberían “generar mecanismos concretos de refinanciación, hacerse cargo y ayudar” a los clientes que actualmente no pueden cumplir con sus compromisos.
“Tiene que aparecer un cartel gigante como en la brutalidad de los etiquetados frontales (de los alimentos), que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000′. Porque el Costo Financiero Total, uno cuando lo mira en letra chiquitita, se da cuenta el robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”, sostuvo en declaraciones televisivas.
La propuesta llegó a Milei, quien la consideró interesante y comenzó a analizar las distintas alternativas que podrían implementarse. Por el momento no existe una definición sobre una eventual modificación.
“No hace falta una ley para implementar algo así, es una decisión del BCRA. Tenemos que recuperar el discurso sobre este asunto, pero también tenemos que poner a los bancos y a las fintech a trabajar”, explicó una fuente vinculada con la iniciativa.
La discusión por la morosidad llega al Congreso
El tema podría ser abordado este martes durante la reunión de Gabinete que encabezará Milei en la Casa Rosada. En el encuentro no estará el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien se encuentra en los Estados Unidos para participar del G20 de Finanzas que se desarrolla en la ciudad de Ashville, Carolina del Norte.
Con una medida de este tipo, el Gobierno buscaría desincentivar la toma de deuda a futuro, pero sin utilizar recursos del Presupuesto para asistir a las personas que ya se encuentran en mora. Ese es uno de los principales puntos de diferencia con las propuestas impulsadas desde la oposición.
El peronismo consiguió en la Cámara de Diputados un principio de quórum y pretende forzar el 9 de septiembre una sesión para tratar o emplazar uno de los proyectos vinculados con la morosidad que están actualmente en carpeta.
Esas iniciativas apuntan a que el Gobierno intervenga con recursos para facilitar los procesos de refinanciación. Milei se opone a esa alternativa porque considera que el Poder Ejecutivo no debe “rescatar” a las compañías que asumieron el riesgo de otorgar esos préstamos y sostiene que, de acuerdo con los datos del propio Banco Central, el sistema financiero no atraviesa una situación límite.
