La actual dirigencia de Deportivo Español, encabezada por María Sol Méndez, prepara una presentación ante la Justicia contra Ricardo Caruso Lombardi, exentrenador y exmanager de la institución, por presuntas irregularidades vinculadas con la explotación de dos canchas de césped sintético del club.
Según sostiene la conducción de la institución, la denuncia incluirá acusaciones por usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita. Los señalamientos deberán ser analizados por la Justicia y, hasta que exista una resolución, constituyen acusaciones formuladas por el club.
El contrato por las canchas que quedó bajo la lupa
De acuerdo con una auditoría impulsada por la nueva dirigencia, se detectó un convenio que otorgaba hasta 2036 la concesión y explotación de dos canchas de césped sintético mediante la intervención de Uriel Videtta y Zoe Capital, firma vinculada con el entramado de Generación Zoe.
La conducción actual sostiene que el acuerdo fue celebrado durante la gestión anterior, encabezada por Diego Elías, y que no habría sido tratado por la Comisión Directiva ni por la Asamblea.
Según las condiciones denunciadas por el club, Deportivo Español debía percibir $1.000.000 anuales y disponía de una hora diaria de utilización de las canchas. La institución afirma, además, que ese dinero nunca fue percibido.
El convenio también habría limitado el uso de las instalaciones por parte de las divisiones inferiores de Deportivo Español, que podían utilizar las canchas una vez por semana.
La denuncia por una presunta amenaza
La actual Comisión Directiva resolvió dar de baja el contrato al considerarlo perjudicial e irregular. A partir de esa decisión, según la versión que será presentada por el club, se produjo un nuevo episodio que también podría formar parte de la causa.
La dirigencia acusa a Caruso Lombardi de haber amenazado a sus integrantes con «matarlos» mediáticamente en TN Deportivo y en el canal de streaming Aura si no modificaban su posición respecto de la rescisión del convenio.
La presentación buscará determinar si ese episodio puede tener consecuencias penales. Será la Justicia la encargada de establecer la existencia de los hechos denunciados y su eventual calificación jurídica.
El buffet y la situación de las tierras
Otro de los puntos cuestionados está relacionado con un espacio que habría sido subconcesionado para la construcción de un buffet dentro del predio. Según la denuncia, la obra se realizó sin los permisos correspondientes y el establecimiento funcionó sin la habilitación requerida.
La dirigencia sostiene que el local recibió distintas sanciones hasta que finalmente fue clausurado por la Agencia Gubernamental de Control.
La presentación judicial también pondrá el foco en la situación jurídica del predio al momento de celebrarse el contrato. Según plantea la actual conducción, cuando se firmó el acuerdo Deportivo Español todavía no contaba con la autorización de uso de esas tierras por parte de la Ciudad de Buenos Aires, que habría sido obtenida recién en diciembre de 2025.
En ese contexto, el club considera que deberá investigarse si existió explotación económica o cobro de cánones sobre tierras públicas sin contar entonces con los derechos necesarios para hacerlo. La dirigencia entiende que esas circunstancias podrían tener relevancia bajo el artículo 181 del Código Penal, cuestión que deberá ser determinada por la Justicia.
La denuncia prepara así un expediente que reúne cuestionamientos sobre la concesión de las canchas, las condiciones económicas del acuerdo, el uso del predio, una presunta amenaza y posibles irregularidades administrativas. Caruso Lombardi deberá responder a esas acusaciones en caso de que la presentación avance judicialmente.
