Lo que comenzó como una denuncia por el robo de equipamiento tecnológico de ARSAT terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más sensibles que enfrenta hoy el Estado nacional.
La causa judicial, que tramita en el Juzgado Federal N°2 de San Isidro, ya no se limita al faltante de material estratégico de la Red Federal de Fibra Óptica. Con el avance de los allanamientos y las pericias, la Justicia comenzó a reconstruir una presunta trama de contrataciones, relaciones empresariales, movimientos patrimoniales y vínculos políticos que involucra a funcionarios que ocuparon cargos relevantes durante distintos gobiernos nacionales.
El caso tiene como figura central a Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y posteriormente titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), quien permanece detenido mientras avanza la investigación.
El robo que destapó una caja de Pandora
La causa tuvo su origen en la desaparición de equipamiento tecnológico perteneciente a ARSAT, almacenado en un predio operado por ALS, Argentina Logistic Services, en San Fernando.
Según la investigación, en enero de 2024 se detectó el faltante de material almacenado en quince contenedores vinculados a la Red Federal de Fibra Óptica.
Las cámaras de seguridad no funcionaban y el cerco perimetral eléctrico se encontraba cortado.
Lo que inicialmente parecía un hecho de inseguridad derivó en una revisión de los contratos adjudicados a la empresa encargada del almacenamiento y la logística.
Contratos bajo la lupa judicial
La Justicia investiga una serie de contrataciones realizadas entre 2021 y 2024.
La pesquisa señala que el 29 de junio de 2021 Juan Andrés Navarro, entonces gerente comercial de ARSAT, impulsó la contratación directa de ALS para el almacenamiento de bienes estratégicos.
Posteriormente se presentaron ofertas de ALS, Transportes Padilla y Tradelog, firmas sobre las cuales los investigadores analizan posibles vínculos que podrían haber afectado la competencia del proceso.
Según la documentación incorporada a la causa, ALS recibió contratos por más de 1,93 millones de dólares, además de adjudicaciones por decenas de millones de pesos.
Parte de esos procedimientos fueron firmados por Gerardo Boschin, entonces responsable de Compras y Contrataciones de ARSAT.
La denominada «banda de los mendocinos»
Dentro de ARSAT y otros organismos estatales, distintos sectores identificaban desde hace años a un grupo de funcionarios de origen mendocino que ocupó cargos estratégicos en áreas sensibles de la administración pública.
Entre los principales nombres mencionados en la investigación aparecen:
- Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular de ORSNA.
- Gerardo Boschin, ex responsable de Compras y Contrataciones de ARSAT y posteriormente presidente de Trenes Argentinos Operaciones.
- Juan Andrés Navarro, ex gerente comercial de ARSAT.
- Pablo Gastón Pagani, ex subgerente de Finanzas.
La investigación busca determinar cuál fue el grado de participación de cada uno en las decisiones administrativas actualmente bajo análisis.
Uno de los datos que más inquietud genera en ámbitos políticos es que varios integrantes de esta estructura ocuparon funciones durante el gobierno de Alberto Fernández y posteriormente continuaron vinculados a organismos estatales durante la administración de Javier Milei.
Los allanamientos que cambiaron la causa
El 29 de mayo de 2026, la investigación dio un salto inesperado.
Durante allanamientos realizados en inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza vinculados a Facundo Leal, los investigadores encontraron una cantidad de bienes que amplió significativamente el alcance de la causa.
Dinero secuestrado
- 803.754 dólares en una propiedad de Palermo.
- 1.787.600 dólares en Mendoza.
- 2.486.200 pesos argentinos.
- Moneda extranjera de distintos países.
El monto total hallado supera los 2,59 millones de dólares.
Drogas encontradas
- 128 gramos de ketamina.
- 164 gramos de cristal MDMA.
- 72 pastillas de MDMA.
- 14 gramos de cocaína.
- Un vapeador con cannabis.
Además, se secuestraron bolsas ziploc y elementos utilizados habitualmente para el fraccionamiento de sustancias.
Equipamiento de espionaje
Los investigadores también hallaron una valija con dispositivos tecnológicos de vigilancia y grabación.
Entre ellos aparecieron cámaras ocultas camufladas en anteojos, llaves de automóvil, lapiceras y controles remotos.
También fueron secuestrados un detector de radiofrecuencia, un GPS satelital con micrófono incorporado, un teléfono satelital Iridium 9555 y un inhibidor de señales capaz de bloquear comunicaciones celulares, GPS y WiFi.
Todo el material se encuentra actualmente bajo peritaje judicial.
Una pregunta incómoda: ¿quién controlaba ARSAT?
A medida que la investigación avanza, surge un interrogante cada vez más incómodo para la política.
ARSAT es una empresa estratégica para el Estado argentino. Administra infraestructura crítica de telecomunicaciones, satélites y la Red Federal de Fibra Óptica.
Por esa razón, la discusión ya no se limita únicamente a las responsabilidades individuales de los funcionarios investigados.
La pregunta central es otra:
- ¿Quién controlaba los procesos internos?
- ¿Qué auditorías se realizaron durante esos años?
- ¿Qué observaciones formularon los organismos de control?
- ¿Existieron alertas previas?
- ¿Quién recibió esos informes?
- ¿Quién autorizó ascensos y nuevas designaciones?
- ¿Cómo lograron escalar posiciones durante tantos años?
- ¿Cómo sobrevivieron a gobiernos de distinto signo político?
La continuidad de varios de los nombres investigados a través de distintas administraciones nacionales abrió un debate que excede a ARSAT.
La causa expone interrogantes sobre la existencia de estructuras burocráticas capaces de conservar influencia independientemente del resultado de las elecciones.
Una investigación en desarrollo
Actualmente, la Justicia investiga posibles delitos vinculados a direccionamiento de contratos, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, cohecho y eventual asociación ilícita.
Las pericias sobre computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de grabación podrían aportar nuevos elementos en los próximos meses.
Por ahora, el expediente ya logró algo que parecía improbable: poner bajo la lupa no sólo a funcionarios específicos, sino también a los mecanismos de control que debían supervisarlos.
