En una entrevista televisiva brindada este domingo 22 de noviembre, el canciller Pablo Quirno ratificó la postura de rechazo a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El funcionario exigió la paralización inmediata de las tareas del proyecto Sea Lion —encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum junto a la británica Rockhopper Exploration— antes de que concluya el arbitraje internacional en curso.
La decisión del Tribunal del Mar
La presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, reclama medidas provisionales para suspender cualquier tipo de perforación, frenar nuevas autorizaciones y resguardar el medio marino. La definición de los jueces se conocerá el próximo sábado 28 de noviembre, tras las audiencias iniciadas para frenar las maniobras comerciales en la zona en disputa.
Bajas empresarias y debate legislativo
En el plano operativo, dos contratistas —una de origen inglés y otra israelí— comunicaron formalmente a Rockhopper que no continuarán prestando servicios en Sea Lion ante el riesgo de sufrir sanciones y litigios legales, una determinación informada por la firma petrolera ante la Bolsa de Londres. La incertidumbre sobre el plan extractivo coincide con la discusión sobre las reservas estimadas y el proyecto en la cuenca malvinense.
En tanto, en el ámbito parlamentario nacional, el Poder Ejecutivo no consiguió el quórum necesario para habilitar el tratamiento en la Cámara de Diputados de su proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, destinado a endurecer las penalidades a las compañías que operen sin autorización argentina.
El canciller Pablo Quirno ratificó este domingo 22 de noviembre el rechazo oficial a la explotación de petróleo en las Islas Malvinas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar definirá el sábado 28 de noviembre si dicta las medidas cautelares solicitadas contra el proyecto Sea Lion. En paralelo, dos empresas contratistas desistieron de participar en las tareas tras la advertencia por eventuales sanciones legales.
En un nuevo capítulo de nuestra diplomacia a base de ruegos solemnes y café frío de madrugada, el canciller Pablo Quirno apareció este domingo 22 de noviembre en televisión para exigir que frenen ya mismo las tareas del proyecto Sea Lion antes de que termine el arbitraje internacional. Porque nada impresiona más a un consorcio integrado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration que un funcionario argentino mirando fijo a cámara un domingo para pedirles cordura antes de que los señores togados de Hamburgo emitan veredicto.
Toda la fe nacional está depositada en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, esa meca náutica alemana que este sábado 28 de noviembre deberá decidir si concede medidas provisionales para congelar perforaciones, bloquear autorizaciones y salvar los corales australes. El optimismo se infló gracias a que dos contratistas, una inglesa y otra israelí, le avisaron a Rockhopper que se bajan del barco ante el pánico a sufrir sanciones y litigios, forzando a la petrolera a mandar la incómoda notificación a la Bolsa de Londres mientras calculan si las reservas estimadas justifican semejante estrés procesal.
Pero como la coherencia vernácula siempre guarda un remate antológico para el final, el frente interno decidió sabotear la épica: el Poder Ejecutivo ni siquiera consiguió el quórum en la Cámara de Diputados para tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con la que pretendía endurecer las multas a quienes operen sin permiso criollo. Así, mientras esperamos que unos magistrados en Alemania nos salven el petróleo el 28 de noviembre, nuestros propios legisladores confirmaron que sentarse en una banca un día de sesión sigue siendo una proeza logística infinitamente más compleja que perforar el fondo del océano Atlántico.



