La Justicia federal intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que, en caso de persistir el incumplimiento, podrá aplicar multas por cada jornada de demora.
La resolución fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick y se concentra en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición y actualización de los salarios docentes y no docentes y con los programas de becas destinados a estudiantes.
La decisión establece que el Poder Ejecutivo deberá acreditar el “cumplimiento total” de la cautelar dentro de un plazo perentorio de cinco días. En caso contrario, el magistrado advirtió que podrá disponer astreintes, es decir, multas por cada día de demora.
Una cautelar que ya quedó firme
La medida judicial no es nueva. En diciembre de 2025, Cormick había ordenado el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno apeló esa decisión y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó posteriormente la cautelar.
El expediente llegó luego a la Corte Suprema de Justicia. El 25 de junio de 2026, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo por considerar que no existía una sentencia definitiva susceptible de revisión en esa instancia. De esa manera, dejó firme la medida cautelar mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo del conflicto.
La orden alcanza específicamente a dos puntos de la legislación. El artículo 5 establece mecanismos de recomposición salarial para el personal docente y no docente de las universidades nacionales y dispone negociaciones paritarias con actualizaciones vinculadas con la inflación. El artículo 6 establece la recomposición de programas de becas estudiantiles, entre ellos Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otros programas contemplados en la norma.
En septiembre, Cormick ya había rechazado un planteo del Ejecutivo para dejar sin efecto la cautelar y había exigido al Estado la presentación de documentación destinada a demostrar el grado de avance en el cumplimiento.
El reclamo salarial de universidades y gremios
El nuevo pronunciamiento se produce en medio de un conflicto salarial que continúa abierto. Universidades y organizaciones gremiales calculan que todavía resta una recomposición del 31,2% para alcanzar lo que consideran correspondiente según la legislación vigente. Esa cifra constituye una estimación del sector universitario dentro de la negociación con el Ejecutivo.
El Gobierno ofreció un 3% en la última instancia paritaria, propuesta que no logró cerrar el conflicto. Como consecuencia, los gremios universitarios avanzaron con medidas de fuerza y se convocó a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre.
Antes de esta nueva disputa, el Ejecutivo, representantes universitarios y organizaciones gremiales habían firmado el 10 de junio un acuerdo que contemplaba una recomposición de la masa salarial del 24,33%, distribuida entre un incremento aplicado en junio y otro tramo previsto para octubre. El alcance de aquel acuerdo y su suficiencia para cumplir la cautelar siguieron siendo objeto de discusión judicial y gremial.
Qué puede pasar si el Gobierno no cumple
La nueva resolución de Cormick establece un plazo concreto. El Poder Ejecutivo dispone de cinco días para acreditar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar.
Si el juez considera que al vencimiento de ese período el Estado continúa sin ejecutar totalmente lo ordenado, podrá disponer sanciones económicas diarias destinadas a forzar el cumplimiento de la resolución.
La intimación no resuelve todavía la cuestión de fondo sobre la totalidad de la Ley de Financiamiento Universitario. La cautelar actualmente firme se refiere específicamente a los artículos vinculados con salarios y becas, mientras el expediente principal continúa su trámite judicial.
La nueva decisión judicial agrega así presión al Ejecutivo en momentos en que universidades, docentes y trabajadores no docentes mantienen sus reclamos salariales y preparan nuevas medidas de protesta. El próximo paso dependerá de la respuesta que presente el Gobierno dentro del plazo de cinco días fijado por la Justicia.
