El Gobierno nacional formalizó una protesta diplomática ante la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras el desplazamiento del patrullero británico HMS Medway por aguas argentinas, muy cerca de las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, sin que mediara una comunicación previa a las autoridades nacionales. Durante su recorrido, la embarcación arribó al puerto chileno de Punta Arenas para realizar tareas de reaprovisionamiento.
La controversia se intensificó luego de que autoridades fueguinas calificaran el episodio como una «provocación flagrante», mientras distintos legisladores nacionales también expresaron su preocupación y solicitaron explicaciones al Poder Ejecutivo.
La protesta formal de la Cancillería
La nota diplomática fue presentada el lunes 13 y difundida públicamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la tarde del miércoles. En el comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que el desplazamiento del HMS Medway «constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos» en el marco de la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991 y de los mecanismos de fortalecimiento de la confianza acordados entre ambos países.
Además, el Gobierno afirmó: «El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución».
El comunicado también remarca que los movimientos fueron inconsultos e ilegales y que contradicen los compromisos bilaterales vigentes en materia de medidas de confianza militar, además de señalar que se suman a acciones unilaterales que, según la posición argentina, contravienen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Cancillería recordó que dicha resolución exhorta a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras permanezca sin resolver la controversia de soberanía.
Asimismo, el Gobierno sostuvo que estas acciones «profundizan las tensiones en el Atlántico Sur», desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y dificultan los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica y negociada. Finalmente, reafirmó «una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes», concluyendo con la expresión: «Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son Argentinas».
Diputados reclamaron explicaciones al Ejecutivo
Tras conocerse el episodio, un grupo de diputados nacionales presentó un pedido de informes para conocer cuál fue la actuación del Gobierno frente al desplazamiento del HMS Medway y qué nivel de conocimiento tuvo sobre la maniobra.
La iniciativa fue impulsada por legisladores del Peronismo Federal: Guillermo Michel, Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz. Entre los puntos solicitados figuran detalles sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo y el posicionamiento oficial luego de que la Armada identificara la trayectoria de la embarcación.
La detección del HMS Medway
De acuerdo con información oficial, la Armada Argentina detectó e informó oportunamente a las autoridades nacionales sobre el desplazamiento del HMS Medway hacia el estrecho de Magallanes durante la primera semana del mes.
Según trascendió, el Reino Unido no habría realizado la notificación previa contemplada en acuerdos bilaterales como el Acuerdo Madrid II de 1990, que prevé mecanismos de comunicación destinados a evitar incidentes militares.
Al fundamentar el pedido de informes, Guillermo Michel sostuvo que «lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas».
El legislador agregó que el episodio «interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur» y consideró que la presencia militar británica en la zona compromete recursos pesqueros, energéticos, la proyección antártica y los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
