La investigación judicial sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó nuevas medidas de prueba este lunes 28 de septiembre. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó avanzar con verificaciones destinadas a contrastar las explicaciones presentadas por la defensa sobre el origen de parte de sus bienes y ahorros, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Uno de los puntos centrales de la pesquisa está vinculado con ocho direcciones de Bitcoin que Adorni presentó como vinculadas a operaciones realizadas antes de su ingreso a la función pública. Según su defensa, la liquidación de esos activos permitió obtener US$591.544,61.
La investigación busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, y determinar si las explicaciones y documentos incorporados al expediente permiten justificar los movimientos económicos analizados por la Fiscalía.
La Justicia quiere verificar las ocho billeteras de Bitcoin
Pollicita pidió realizar una comprobación técnica sobre las ocho direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa. El objetivo es establecer si Adorni posee efectivamente el control de las claves privadas asociadas a esas billeteras y contrastar esa información con los movimientos registrados digitalmente.
Según la presentación realizada por el exfuncionario, las operaciones con criptomonedas habrían generado US$591.544,61. La defensa explicó que previamente se habían destinado US$199.883,20 de ahorros familiares a esas inversiones y que las transacciones fueron realizadas años antes de la llegada de Adorni al Gobierno nacional.
La versión presentada sostiene que las direcciones registraron operaciones entre 2014 y 2018 y que posteriormente quedaron sin saldo. El descargo también indicó que parte del dinero obtenido mediante la venta de los activos permaneció en efectivo fuera del sistema bancario.
Un sobre lacrado con las claves privadas
Para avanzar con la comprobación, el fiscal solicitó una diligencia destinada a verificar criptográficamente el control de las direcciones informadas. El procedimiento prevé la intervención del abogado defensor Matías Ledesma y del especialista técnico de parte, junto con personal especializado encargado de verificar el resultado.
La defensa deberá aportar el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de las ocho direcciones. A través de una billetera de administración se prevé firmar digitalmente un mensaje desde cada dirección y luego comprobar que esas firmas correspondan efectivamente con las cuentas de Bitcoin incluidas en el expediente.
El procedimiento deberá preservar la confidencialidad de las claves privadas y dejar constancia de las verificaciones realizadas. La prueba permitiría comprobar que quien dispone de esas claves tiene capacidad de control sobre las billeteras, aunque por sí sola no necesariamente determina quién ejecutó históricamente cada una de las operaciones.
La investigación patrimonial se amplió hacia años anteriores
Además del análisis de las criptomonedas, Pollicita dispuso ampliar temporalmente la reconstrucción económica del matrimonio. La Fiscalía pretende analizar los ingresos y la capacidad patrimonial de Adorni desde el 28 de febrero de 1998 y de Bettina Angeletti desde el 10 de octubre de 2000.
La medida apunta a verificar el origen del capital que, según la explicación de la defensa, permitió conformar los ahorros posteriormente destinados a la compra de criptomonedas. De esa manera, la pesquisa no se limitará al período en el que Adorni ocupó cargos públicos, sino que también analizará antecedentes económicos previos mencionados para justificar la formación de ese patrimonio.
Adorni presentó previamente un descargo para responder al requerimiento de justificación patrimonial formulado por la Fiscalía. En esa presentación sostuvo que la evolución de sus bienes tenía respaldo documental, contable y técnico y rechazó que existiera un incremento patrimonial sin explicación.
Las nuevas diligencias son medidas de investigación y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal. La Fiscalía deberá analizar los resultados de los peritajes y la información patrimonial incorporada al expediente para establecer si las explicaciones presentadas encuentran respaldo en las pruebas reunidas.
