Argentina y Chile buscaron reducir la tensión diplomática generada durante los últimos días por una serie de declaraciones relacionadas con el Estrecho de Magallanes, un paso estratégico que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Buenos Aires ratificó que no existe un reclamo argentino sobre ese territorio y que reconoce plenamente la soberanía chilena. Sin embargo, la preparación de una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas abrió un nuevo escenario de posible fricción bilateral.
La controversia comenzó después de distintas afirmaciones realizadas por funcionarios y autoridades militares argentinas. Entre ellas estuvieron las declaraciones del contraalmirante Hernán Montero sobre la boca oriental del Estrecho y las del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde.
La tensión aumentó posteriormente cuando Patricia Bullrich habló del “control” argentino sobre el Estrecho de Magallanes. La dirigente reconoció después que se había confundido y explicó que pretendía referirse al canal de Beagle.
Bullrich envió una aclaración al embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, y remarcó que el Estrecho de Magallanes pertenece completamente a Chile.
Chile ratificó su soberanía sobre el Estrecho
El presidente chileno José Antonio Kast respondió con firmeza ante cualquier interpretación que pudiera poner en duda la soberanía de su país sobre ese corredor marítimo.
“Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes”, afirmó el mandatario.
Más allá del intercambio político, la situación jurídica permanece sin modificaciones. El Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 establecen que el Estrecho se encuentra bajo soberanía chilena. Argentina reconoce ambos acuerdos como vigentes y definitivos.
El canciller argentino Pablo Quirno también intervino para descomprimir la situación. Aseguró que el Gobierno nacional respeta los tratados vigentes y definió a Argentina y Chile como “socios en el sur”.
Quirno explicó además que, cuando se refirió a una Argentina “bicontinental y bioceánica”, hablaba de la presencia del país en el Atlántico Sur y de su proyección hacia la Antártida, y no de un reclamo territorial sobre Chile.
Una nueva ruta comercial hacia las Islas Malvinas
Mientras ambos gobiernos intentaban cerrar la discusión sobre el Estrecho, avanzó una negociación comercial con potencial para generar un nuevo punto de conflicto.
La Falkland Islands Development Corporation, organismo perteneciente a la administración británica de las islas, acordó con la naviera chilena Easter Island avanzar en la creación de una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino.
El primer viaje está previsto para noviembre de 2026. El servicio permitiría transportar alimentos, frutas, verduras, vinos, gas licuado, materiales de construcción y repuestos.
En la actualidad, la principal conexión marítima de las islas con Sudamérica parte desde Montevideo y recorre cerca de 2.000 kilómetros. La alternativa desde Punta Arenas permitiría reducir aproximadamente a la mitad esa distancia y disminuir los costos de transporte.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, figura entre los principales impulsores del proyecto. De acuerdo con sus estimaciones, las islas poseen un poder de compra cercano a los US$20 millones anuales.
Radonich sostuvo además que las restricciones comerciales aplicadas desde 2011 habrían generado pérdidas cercanas a los US$300 millones para la economía de la región chilena de Magallanes.
En el marco de las negociaciones, una delegación integrada por 25 empresarios vinculados con las islas tiene previsto visitar Punta Arenas durante el 28 y 29 de septiembre.
El decreto argentino y el recorrido que puede definir el conflicto
Argentina mantiene vigente el Decreto 256/2010, que establece la necesidad de contar con autorización previa para aquellos barcos que se dirijan hacia las Islas Malvinas o regresen desde ellas cuando naveguen por aguas jurisdiccionales argentinas.
Por ese motivo, el recorrido exacto que realice el nuevo servicio marítimo será determinante. Si la embarcación atraviesa aguas argentinas sin contar con el permiso correspondiente, Buenos Aires podría imponer multas o iniciar procedimientos administrativos.
Chile podría argumentar que se trata de navegación comercial protegida por el derecho marítimo internacional. A su vez, los promotores de la conexión aseguran que la embarcación no utilizará la bandera de las islas, sino la de otro país.
La decisión apunta a evitar las consecuencias de la declaración firmada en 2011 por los países del Mercosur y respaldada entonces por Chile, que impide el ingreso a puertos regionales de embarcaciones que utilicen la bandera de las Malvinas.
El excomandante de la Armada chilena Julio Leiva anticipó que la nueva conexión podría generar “problemas” con Argentina, aunque señaló que hasta el momento la aplicación del decreto argentino fue limitada.
Por ahora, la controversia diplomática no afectó los pasos fronterizos ni el transporte terrestre entre Argentina y Chile. Esta situación resulta particularmente relevante para Tierra del Fuego, cuya conexión terrestre con el resto del territorio argentino depende del tránsito por Chile.
Para viajar por tierra desde Santa Cruz hasta Río Grande o Ushuaia es necesario ingresar a territorio chileno, recorrer alrededor de 237 kilómetros, atravesar el Estrecho de Magallanes mediante un ferry y volver a entrar a la Argentina a través del paso San Sebastián.
Por ese corredor circulan personas, vehículos particulares, colectivos y camiones que transportan mercadería hacia una provincia en la que viven alrededor de 186.000 habitantes, según los resultados definitivos del Censo 2022.
Una eventual escalada diplomática podría derivar en controles adicionales, mayores demoras y un incremento de los costos logísticos. Sin embargo, actualmente no existen restricciones ni anuncios que pongan en riesgo el abastecimiento de Tierra del Fuego.
El conflicto que se perfila, por lo tanto, no está centrado en una nueva discusión limítrofe. Argentina y Chile reconocen que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile y sostienen que respetarán los tratados internacionales vigentes.
La diferencia se concentra en el terreno comercial y geopolítico. Chile busca recuperar oportunidades económicas vinculadas con las Islas Malvinas, mientras Argentina procura impedir que el territorio bajo control británico profundice sus conexiones comerciales internacionales.
El primer momento relevante será a finales de septiembre, cuando se concrete la visita de la delegación empresarial a Punta Arenas. El segundo llegará en noviembre, fecha prevista para la primera navegación del nuevo servicio.
Si la embarcación evita las aguas jurisdiccionales argentinas o solicita la autorización correspondiente, la controversia podría limitarse al terreno diplomático. Si navega sin permiso por zonas bajo jurisdicción argentina, Buenos Aires podría aplicar sanciones y abrir un nuevo episodio de tensión con Chile.
