El Sindicato de Camioneros elevó la presión sobre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la próxima licitación del servicio de recolección de residuos y reclama que se mantenga el esquema de indemnizaciones aplicado históricamente cuando finalizan las concesiones. El monto involucrado superaría los US$ 100 millones y alcanzaría a alrededor de 6.000 trabajadores.
El conflicto comenzó a escalar después de que trascendiera que los anteproyectos de los pliegos para las concesiones correspondientes al período 2028-2038 no contemplan, hasta el momento, partidas específicas destinadas a pagar esos resarcimientos.
Ante esa posibilidad, Pablo Moyano anunció el inicio de asambleas en las empresas que actualmente prestan el servicio y anticipó que el gremio analiza profundizar las medidas de protesta.
Qué es la llamada “Ley Moyano”
El reclamo gira alrededor de lo que dentro del sector se conoce como “Ley Moyano”. Pese a su denominación, no se trata de una norma aprobada por el Congreso ni de una ley formal.
Es una práctica laboral que comenzó a consolidarse durante la década de 1990 y establece que, cuando termina una concesión o cambia la empresa encargada de un servicio, los trabajadores son indemnizados y posteriormente recontratados por la nueva prestadora o continúan bajo el siguiente esquema contractual.
Para los cálculos indemnizatorios, el nuevo vínculo comienza sin la antigüedad anterior, aunque determinados beneficios laborales, como vacaciones, pueden mantener el reconocimiento de los años trabajados.
Camioneros sostiene que este mecanismo se aplica desde hace más de tres décadas y lo considera una conquista de los trabajadores del sector.
Cuánto dinero está en discusión
En la Ciudad trabajan alrededor de 6.000 empleados vinculados con la recolección de residuos. Según estimaciones del sector, indemnizar a la totalidad del personal podría demandar más de US$ 100 millones. Otras evaluaciones publicadas elevaron la cifra hasta aproximadamente US$ 200 millones.
El pliego actualmente vigente, prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2028, contempla un régimen de “Indemnizaciones Finales”. Bajo ese esquema, al finalizar el contrato las empresas calculan las indemnizaciones, el Gobierno porteño audita los montos y luego transfiere los recursos para que las compañías realicen los pagos.
Uno de los puntos centrales de la discusión es precisamente quién debería asumir ese costo en la próxima concesión.
Fuentes vinculadas con las empresas sostienen que afrontar íntegramente las indemnizaciones con recursos propios tendría un fuerte impacto financiero. En caso de mantenerse el sistema, una de las alternativas mencionadas es que el costo vuelva a ser cubierto por la Ciudad, eventualmente mediante un esquema de pagos.
Camioneros prepara asambleas y analiza un paro
Pablo Moyano confirmó que el gremio comenzó a organizar asambleas en las empresas de recolección de la Ciudad y advirtió que la discusión se intensificará si los próximos pliegos no incluyen las indemnizaciones.
“Históricamente, cada vez que hay un traspaso o se termina un contrato de la recolección y el barrido de calle, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del país, la empresa que se retira tiene que indemnizar a los trabajadores y las nuevas que ganen la nueva licitación tienen que absorber a la totalidad de los trabajadores. Sí. Esto se viene cobrando desde el año 90 y pico. Más de 30 años. Hay compañeros que han cobrado 3 o 4 indemnizaciones”.
El dirigente agregó: “Ha trascendido que en el próximo pliego de licitación no está contemplado el pago de las indemnizaciones. Yo esta noche (por la de este lunes) ya empiezo a hacer asamblea, voy a estar recorriendo todas las empresas en los distintos turnos para concientizar a la gente que esta va a ser una pelea, no solamente con Jorge Macri, que es un simple gerente de Milei, sino con los empresarios y con la justicia”.
El gremio analiza además realizar un cese de actividades y una movilización durante la audiencia pública prevista para el lunes 5 de octubre, cuando se discutirán los lineamientos de los nuevos pliegos.
Cómo será la nueva licitación
El Gobierno porteño pretende avanzar durante 2027 con la adjudicación de los nuevos contratos para que las empresas seleccionadas comiencen a operar en 2028, una vez finalizadas las concesiones actuales.
Entre las modificaciones que se analizan aparece una posible reorganización del sistema. Actualmente, la recolección está dividida en cinco grandes zonas operadas por diferentes empresas, pero el próximo modelo podría establecer más zonas de menor tamaño y permitir una mayor participación de prestadores.
La administración porteña busca contar con al menos un año de transición entre las actuales concesionarias y las empresas que resulten adjudicatarias.
Sin embargo, antes de que el proceso avance deberá definirse el tratamiento que tendrán los trabajadores y, principalmente, si el nuevo contrato reconocerá el pago de las indemnizaciones reclamadas por Camioneros.
Un conflicto que ya tiene antecedentes
La discusión no es nueva. La práctica conocida como “Ley Moyano” tuvo uno de sus antecedentes principales con la finalización del contrato de Manliba en 1998 y posteriormente se aplicó en distintos cambios de concesiones y operaciones empresariales.
En 2012, durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad, la Legislatura aprobó un bono destinado a financiar indemnizaciones para recolectores ante los cambios de concesión.
El mecanismo también apareció en conflictos vinculados con empresas privadas y otras actividades comprendidas dentro del convenio de Camioneros.
Ahora, con la renovación del sistema de recolección porteño nuevamente en discusión, el gremio busca garantizar que esa práctica vuelva a formar parte del esquema, mientras el Gobierno de la Ciudad todavía no definió si las indemnizaciones serán incorporadas a los pliegos definitivos.
La audiencia pública del 5 de octubre será la próxima instancia formal del proceso y también el primer escenario en el que podría quedar expuesta la magnitud del conflicto entre Camioneros y la administración porteña.
