El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, volvió a quedar en el centro de la discusión política luego de que crecieran los cuestionamientos sobre la postura del Gobierno argentino frente a la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas.
El yacimiento, situado a unos 200 kilómetros de Puerto Argentino, fue autorizado por autoridades británicas de las islas y es desarrollado por la petrolera israelí Navitas, que posee el 65% del proyecto, junto con la británica Rockhopper Exploration, que conserva el 35% restante.
Según estimaciones citadas en torno al proyecto, las reservas del área representarían una magnitud equivalente a una parte significativa de la producción petrolera de Vaca Muerta.
El reclamo argentino por la explotación en Malvinas
La autorización otorgada por las autoridades de las islas generó críticas debido a que Argentina sostiene que cualquier actividad de exploración o explotación de recursos naturales en la plataforma continental debe contar con aprobación nacional.
El marco legal argentino, establecido por la Ley 26.659, regula las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La Cancillería argentina expresó su rechazo al avance del proyecto, aunque sectores críticos cuestionaron el alcance y la velocidad de la respuesta oficial.
El ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, sostuvo que la situación requiere una postura más firme y cuestionó la relación entre la empresa Navitas y el Estado israelí.
«Si el gobierno de Israel quisiera actuar, Navitas saldría de Malvinas», afirmó Carmona, al considerar que la petrolera mantiene vínculos relevantes con autoridades de ese país.
Antecedentes judiciales y el avance del proyecto
La explotación petrolera en las islas no es un conflicto nuevo. Según especialistas vinculados a la cuestión Malvinas, distintas empresas intentaron avanzar en proyectos similares durante los últimos años.
El director de Agenda Malvinas, Daniel Guzmán, recordó que en 2015 Cristina Fernández de Kirchner presentó una denuncia penal contra compañías involucradas en actividades hidrocarburíferas en la zona.
En ese expediente, la Justicia Federal de Río Grande dispuso sanciones económicas, secuestro de equipamiento y medidas contra algunas empresas, aunque posteriormente las acciones judiciales perdieron impulso.
Las cuentas de Navitas y la discusión económica
En los últimos días también surgieron cuestionamientos sobre la situación financiera de Navitas y la forma en que la compañía presentó sus resultados económicos.
De acuerdo con información difundida por especialistas, la empresa habría registrado ganancias mediante la utilización de mecanismos contables vinculados a beneficios fiscales derivados de pérdidas acumuladas de compañías anteriores.
El análisis sostiene que, sin esos mecanismos, la petrolera habría presentado pérdidas económicas en sus balances.
Desde sectores críticos del proyecto consideran que la viabilidad financiera de la operación está vinculada a beneficios obtenidos a partir de la explotación de recursos ubicados en una zona cuya soberanía es reclamada por Argentina.
La relación entre Navitas e Israel
Representantes israelíes señalaron que Navitas es una empresa privada y que el Estado de Israel no participa directamente en sus operaciones.
Sin embargo, críticos del proyecto remarcan los vínculos existentes entre integrantes de la compañía y organismos públicos israelíes. Entre ellos mencionan a Yacob «Koby» Katz, vicepresidente de la petrolera y ex funcionario del Ministerio de Infraestructura, Energía y Agua de Israel.
Para Carmona, esa relación debería motivar una intervención diplomática israelí para evitar que la empresa continúe con sus actividades en Malvinas.
Las críticas al Gobierno argentino
Dirigentes vinculados al reclamo por la soberanía cuestionaron la política exterior del gobierno de Javier Milei respecto a Malvinas y señalaron que la administración libertaria mantiene una postura menos confrontativa frente al Reino Unido.
Carmona sostuvo que el Gobierno busca mostrar avances diplomáticos, pero afirmó que esos resultados no implican cambios concretos en la disputa de soberanía.
El debate volvió a instalarse luego de las declaraciones oficiales relacionadas con el Mundial y la cuestión Malvinas, en un contexto donde el reclamo histórico argentino volvió a ocupar espacio en la agenda pública.
Mientras el proyecto Sea Lion continúa su desarrollo, la discusión por los recursos naturales en el Atlántico Sur vuelve a combinar intereses económicos, diplomacia internacional y la histórica disputa por las islas.
