El Gobierno nacional resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios para aprobarlo en el Senado. La decisión evitó una derrota parlamentaria, aunque el resto de la iniciativa continúa en debate con propuestas que también generan posiciones enfrentadas.
La reforma sobre tierras había comenzado con una propuesta de amplia flexibilización para la adquisición de campos por parte de extranjeros y posteriormente fue reemplazada por un esquema que elevaba el límite de extranjerización del 15% al 25%. Ninguna de las alternativas consiguió respaldo suficiente entre gobernadores, bloques dialoguistas y legisladores provinciales.
Como consecuencia, continúan vigentes el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, el máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero y las restricciones sobre áreas consideradas estratégicas. El oficialismo, no obstante, anticipó que buscará impulsar una reforma específica sobre este tema en una futura negociación parlamentaria.
Desalojos más rápidos, uno de los principales cambios en debate
Uno de los ejes centrales del proyecto establece que los procesos judiciales de desalojo pasen a tramitarse por la vía sumarísima, permitiendo que un juez pueda ordenar la restitución anticipada de un inmueble cuando considere verosímil el derecho del propietario o de quien reclama su devolución.
En el caso de alquileres destinados a vivienda, se mantiene la obligación de una intimación mínima de diez días por falta de pago. Además, cuando existan niños, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, deberán intervenir organismos de protección y podrá otorgarse un plazo para facilitar una solución habitacional transitoria.
Los impulsores de la medida sostienen que permitirá resolver con mayor rapidez situaciones de usurpación, contratos vencidos o alquileres impagos. En cambio, los sectores críticos advierten que también podría acelerar desalojos de familias que ingresaron legalmente a una vivienda y luego enfrentaron dificultades económicas, aun cuando existan mecanismos de protección previstos en el proyecto.
Expropiaciones con mayores exigencias para el Estado
La iniciativa también propone endurecer las condiciones para que el Estado pueda avanzar con una expropiación. Entre los cambios previstos figura la obligación de justificar con mayor precisión la utilidad pública de cada medida y la posibilidad de incorporar el lucro cesante dentro de la indemnización cuando el propietario demuestre pérdidas económicas derivadas del proceso.
Quienes respaldan esta modificación consideran que fortalecerá la seguridad jurídica y evitará compensaciones insuficientes o demoradas. Por el contrario, sus detractores sostienen que podría incrementar los costos y extender los plazos para la ejecución de obras públicas como rutas, hospitales o viviendas.
Terrenos incendiados y debate ambiental
Otro de los puntos que permanece en discusión elimina o reduce las restricciones que actualmente impiden durante 30 y 60 años cambiar el uso, vender o lotear determinados terrenos afectados por incendios. El proyecto mantiene parte de la protección para los bosques nativos, aunque flexibiliza las condiciones para otras superficies agropecuarias y ecosistemas.
Desde el oficialismo argumentan que la medida evitará que incendios accidentales paralicen actividades productivas durante décadas y permitirá que cada provincia adapte las regulaciones según sus características. Los sectores ambientalistas y parte de la oposición advierten, en cambio, que reducir las prohibiciones podría generar incentivos económicos para provocar incendios con el objetivo de modificar posteriormente el destino del suelo.
Un debate que sigue abierto
La exclusión de la reforma sobre tierras no significó el cierre definitivo de la discusión. El Gobierno confirmó que buscará impulsar ese capítulo en un proyecto independiente, mientras intenta avanzar con el resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La discusión en el Senado continúa atravesada por dos visiones contrapuestas. Mientras el oficialismo sostiene que las modificaciones buscan fortalecer el derecho de propiedad, brindar previsibilidad y atraer inversiones, la oposición considera que varios de los cambios propuestos pueden reducir la capacidad de intervención del Estado, afectar la protección ambiental y limitar las garantías para sectores vulnerables.
