El nuevo régimen penal juvenil que establece la imputabilidad desde los 14 años comenzó a regir en todo el país y, durante sus primeros días de aplicación en San Juan, no se registraron intervenciones judiciales con menores de 16 años.
La ley nacional 27.801 entró en vigencia el sábado 5 de septiembre y modificó el esquema anterior, que fijaba en 16 años la edad mínima de imputabilidad. Bajo la nueva normativa, adolescentes de 14 y 15 años pueden ser investigados, juzgados y condenados penalmente.
Las penas de prisión quedan reservadas para delitos graves y contemplan un máximo de 15 años, mientras que para infracciones menores se prevén alternativas como trabajos comunitarios y medidas de acompañamiento educativo.
En San Juan existen dos magistrados especializados en la materia, Jorge Toro y María Julia Camus, aunque la puesta en marcha del nuevo régimen volvió a poner bajo análisis las herramientas procesales, técnicas y materiales disponibles en la provincia.
Sin casos con menores de 16 años en el inicio
El juez penal de Niñez, Adolescencia y Minoridad Jorge Toro confirmó que durante los primeros días de vigencia de la nueva normativa no debió intervenir en hechos protagonizados por menores de 16 años.
«Yo estoy a cargo del turno penal juvenil, la primera quincena. Es decir, cuando he entrado en vigencia el nuevo régimen penal juvenil, que ha sido el día sábado 5, a las 0 horas yo he estado en turno», informó.
Sobre la actividad registrada durante esos primeros días, agregó que «en el marco de mi turno no me ha tocado intervenir respecto a ningún chico menor de 16 años. De hecho, el fin de semana no he tenido hechos de ninguna naturaleza, más que alguna denuncia, pero no en situaciones de flagrancia ni mucho menos hechos graves. Y recién, hoy en la madrugada he tenido intervención y dispuesto el traslado de un chico al centro de admisión y derivación, de un chico que es mayor de 15 años, tiene 17 años».
El magistrado también advirtió que el procedimiento penal juvenil vigente en San Juan necesita una actualización para adecuarse al nuevo escenario nacional.
«Nosotros tenemos un régimen procesal especializado, tenemos jueces penales juveniles, yo no soy juez de menor, soy juez penal juvenil, pero ha quedado desactualizado porque no es acusatorio como los adultos, sino es el viejo sistema mixto especializado. Eso significa que necesitamos transitar un proceso de especialización para tener un sistema moderno, con todas las garantías procesales que tienen los adultos más un plus, porque son personas en desarrollo, y generar una serie de cambios que no habilite a aplicar lo que se llama medida complementaria».
Faltan supervisores y herramientas para las medidas socioeducativas
Uno de los principales puntos señalados por Toro es la imposibilidad actual de aplicar plenamente determinadas medidas socioeducativas contempladas por el nuevo régimen.
Sobre ese aspecto explicó que «la medida complementaria, que es la medida socioeducativa, que es la que prevé la implementación de programas, de acompañamiento, la necesidad de la figura de un supervisor, no la podemos implementar todavía porque no está nada, ni las condiciones procesales ni las condiciones materiales y técnicas para ampliarlo. Pero sí, vamos, estamos interviniendo, tenemos facultad de exposición. Si hay que disponer la privación de libertad de un chico, se dispondrá, ya sea a esta etapa solo provisoriamente, obviamente. Y la verdad que no podría ir mucho más allá sobre, por ejemplo, si están dadas las condiciones en el Nazario Benavídez y demás, que me lo suelen preguntar, porque la realidad es que no tengo chicos alojados allí todavía».
El juez consideró además poco probable que aparezcan en lo inmediato planteos colectivos de amparo o medidas cautelares similares a los registrados en otras jurisdicciones.
«en definitiva, en la práctica, desde la entrada en vigencia de la ley, no han habido grandes cambios porque no hemos tenido hechos con la participación de menores de 16 años y mucho menos hechos graves. Respecto si ha habido algún planteo de inconstitucionalidad, no me imagino, esto es una apreciación mía, que en la provincia de San Juan puede haber algún planteo así, de algún tipo de medida cautelar, de amparo. En primer lugar, porque la realidad de San Juan no tiene nada que ver con el Conurbano, que es mucho más complejo, que la participación de los chicos en delitos suelen ser mucho más violentos, y tampoco porque hay una haya una organización de base trabajando con los chicos. Así que no me imagino ninguna organización haciendo un planteo, porque no hay ni esta realidad ni este tipo de organizaciones. Y creo que la provincia de San Juan tiene los recursos necesarios para empezar, por supuesto, como los tenemos nosotros, los mínimos y necesarios, pero que seguramente va a iniciar un proceso de fortalecimiento».
Finalmente, Toro señaló otra de las necesidades inmediatas del sistema provincial: «necesitamos avanzar urgentemente en la designación de la figura del supervisor, que todavía no lo ha resuelto la provincia. Debo decir que la mayoría de las provincias todavía no lo han resuelto, así que en eso no estamos muy distintos del resto del país».
Las defensoras ya prepararon planteos de inconstitucionalidad
En contraste con la estimación del magistrado, las defensoras oficiales penales de Niñez y Adolescencia María López y Betina Cuni confirmaron que ya cuentan con recursos preparados para cuestionar judicialmente la aplicación del nuevo régimen cuando se presente el primer caso.
Las funcionarias consideran que la normativa nacional resulta difícil de aplicar en San Juan debido a la ausencia de un código procesal acusatorio adaptado al régimen y a la falta de profesionales e infraestructura específica.
López explicó: «Nosotras sí venimos trabajando desde que se sancionó esta ley, ya veníamos trabajando por las dudas que si pasaba, que no teníamos una ley de procedimiento en San Juan que se adaptara. Ya tenemos los planteos de inconstitucionalidad, los tenemos listos para presentar, salvo que algo cambie, pero como está la ley nacional, para nosotros es inconstitucional e inconvencional, por lo tanto de imposible cumplimiento, sobre todo en algunos artículos que los hemos estudiado, están analizados y no es una cuestión solo nuestra. Esto a nivel nacional, nosotros todo el año nos hemos estado reuniendo con los defensores a nivel nacional».
La defensora también apuntó contra la incompatibilidad entre el procedimiento vigente en la provincia y el modelo contemplado por la legislación nacional.
«Nosotros actualmente tenemos un código de procedimiento que es inquisitivo mixto, por lo tanto, es imposible aplicar una ley nacional que está dirigida hacia un código que sea de procedimiento eh de acusatorio, de corte acusatorio. Por lo tanto, ya es por más voluntad que uno tenga el código de procedimiento que tenemos no se puede adaptar a esta ley nacional».
Cuni coincidió con esa evaluación y sostuvo: «En procedimentalmente es imposible. Nosotros tenemos en la actualidad un sistema mixto en donde el que investiga el dueño del proceso es el señor juez. Y el acusatorio es la titular de la acción, el Ministerio Público Fiscal, o sea, eh no resulta compatible así como está eh con nuestro proceso».
Las defensoras señalaron además la falta de profesionales especializados en psicología evolutiva dentro de la estructura judicial para garantizar que adolescentes de 14 años puedan comprender adecuadamente los procesos en los que intervienen.
También plantearon reparos sobre la infraestructura disponible para alojar adolescentes y señalaron que los establecimientos locales no atravesaron modificaciones organizativas vinculadas con la entrada en vigencia del nuevo régimen.
Otro de los puntos advertidos es la falta de dispositivos de tratamiento involuntario para adicciones, una problemática que, según las defensoras, afecta a más del 90% de los jóvenes que entran en conflicto con la ley penal.
Con el régimen nacional ya vigente, San Juan atraviesa sus primeros días de aplicación sin casos de menores de 16 años, pero con una discusión judicial abierta sobre las condiciones procesales, profesionales y materiales necesarias para instrumentarlo.
El nuevo régimen penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años comenzó a regir en San Juan sin casos registrados con menores de 16 años. Sin embargo, jueces y defensoras oficiales advirtieron sobre falencias procesales, falta de supervisores, profesionales especializados e infraestructura. Las defensoras anticiparon que presentarán planteos de inconstitucionalidad cuando aparezca el primer caso.
La imputabilidad bajó a los 14 años, pero en San Juan todavía faltan piezas básicas para aplicar el nuevo sistema como fue diseñado. La ley nacional ya está vigente, no hubo casos con menores de 16 años en los primeros días y, mientras tanto, jueces y defensoras miran un tablero donde algunas casillas institucionales todavía están vacías.
El juez Jorge Toro lo planteó con claridad: la provincia tiene jueces especializados y un régimen propio, pero funciona bajo un esquema mixto que quedó desactualizado frente al modelo acusatorio que supone la nueva legislación. Es como instalar un programa nuevo en una computadora que todavía conserva el sistema operativo anterior: puede encender, pero nadie garantiza que todos los botones respondan.
El asunto se vuelve más delicado con las medidas socioeducativas. La normativa prevé programas de acompañamiento y la figura de un supervisor, pero Toro aseguró que todavía no existen las condiciones procesales, materiales y técnicas necesarias para poner todo ese engranaje en funcionamiento.
Las defensoras oficiales María López y Betina Cuni fueron un paso más allá: ya tienen preparados planteos de inconstitucionalidad para utilizar cuando aparezca un caso alcanzado por la nueva edad de imputabilidad. Según sostienen, el sistema procesal provincial y la ley nacional hablan idiomas jurídicos diferentes y todavía no apareció el traductor.
También alertaron por la falta de profesionales especializados y por las condiciones de los establecimientos destinados al alojamiento de adolescentes. La discusión, entonces, dejó de ser solamente a qué edad puede intervenir el sistema penal y pasó a una pregunta bastante más incómoda: con qué herramientas piensa hacerlo.
La ley ya llegó; parte de la estructura todavía está buscando estacionamiento.