Las demoras y las esperas más extensas en las paradas de colectivos generaron reclamos entre los usuarios del transporte público de San Juan. En ese contexto, el secretario general de UTA San Juan, **Marcelo Maldonado**, explicó que las empresas redujeron cerca de un **30% de las frecuencias** y atribuyó la medida a presuntas deudas que el Estado provincial mantiene con los prestadores del servicio.
El dirigente sindical precisó que la modificación del esquema operativo fue resuelta por el sector empresario y que actualmente se trabaja con un cronograma similar al que se aplica durante los períodos de vacaciones, cuando disminuye la demanda de pasajeros.
«Las frecuencias han sido reducidas por parte del sector empresario. Se está trabajando con lo que serían horarios de vacaciones, cuando no hay clases y demás situaciones», explicó Maldonado.
Empresas atribuyen la medida a presuntas deudas del Estado
Según detalló el titular de UTA San Juan, la Cámara Empresaria del Transporte informó que la decisión responde a dificultades económicas derivadas de **supuestas deudas que el Estado provincial mantiene con las empresas**.
«Esta decisión la toma la Cámara Empresaria ante importantes deudas que mantiene el Estado con ellos. Es lo que nos han manifestado, y esto hace que ellos deban tomar esta decisión para racionar el combustible y de esa manera poder seguir prestando el servicio y no cortarlo totalmente», indicó.
Maldonado remarcó que el esquema actual replica el funcionamiento habitual de las vacaciones. «Para los que no entienden, es como el horario de vacaciones el que están manteniendo», sostuvo. «Se reduce aproximadamente un 30% de los servicios en cada línea cuando hay vacaciones. Esto se está aplicando en una época en que no tenemos vacaciones», afirmó.
El dirigente advirtió que la medida impacta tanto en los usuarios como en los trabajadores, ya que fue diseñada para períodos de menor circulación vinculados al receso escolar y laboral.
Preocupación por las condiciones laborales de los choferes
Además del efecto sobre los pasajeros, Maldonado señaló que la reducción de unidades genera complicaciones para los conductores, especialmente por la dificultad para cumplir con los descansos durante la jornada.
«Con las clases normales y todo eso, están las ocho horas prácticamente sin poder hacer los descansos en los paraderos, no poder bajarse en ocho horas al baño», explicó.
El secretario general de UTA indicó que el gremio ya trasladó este planteo a la Cámara Empresaria y reclamó una adecuación urgente de los horarios.
«Más allá de que es una decisión empresaria y que nosotros nada tenemos que ver con esa decisión, deberán en forma urgente adecuar los horarios para que los trabajadores puedan tener los descansos pertinentes entre vuelta y vuelta», expresó.
Salarios, deudas y monitoreo oficial
Consultado sobre un posible impacto en el pago de salarios, Maldonado aseguró que la Cámara Empresaria les transmitió que **los sueldos no corren riesgo**.
«La Cámara ha manifestado que bajo ningún punto de vista eso va a suceder, que los salarios no están en peligro», señaló.
No obstante, aclaró que existe preocupación por la continuidad de la reducción de unidades y las consecuencias que podría generar si la situación se prolonga.
De acuerdo con lo expresado por el dirigente, las empresas sostienen que las deudas del Estado provincial estarían vinculadas principalmente a **los boletos escolares, la gratuidad para docentes y la compensación tarifaria**, correspondiente a la diferencia entre el valor actual del pasaje y el costo que debería tener.
«Ellos manifiestan que tienen deudas importantes, principalmente con los boletos escolares y los docentes gratuitos, y también con la compensación tarifaria, es decir, la diferencia entre lo que vale y debería valer el pasaje», explicó.
Finalmente, sostuvo que la normalización de las frecuencias dependerá de las gestiones que lleven adelante las empresas y el Gobierno provincial.
Ante el aumento de los reclamos, la **Secretaría de Tránsito y Transporte** inició este viernes un monitoreo del servicio para verificar si las irregularidades denunciadas por los usuarios se reflejan en la prestación diaria.
Según pudo conocerse, el organismo busca evaluar el funcionamiento de las distintas líneas antes de definir si corresponde adoptar medidas o solicitar explicaciones a las empresas prestatarias. **Hasta el momento, las autoridades no informaron si exigirán la normalización del servicio ni qué acciones podrían implementarse.**
