La Justicia de San Juan enfrenta una jornada clave este miércoles para definir la situación procesal de un chofer de colectivo involucrado en un siniestro vial fatal. El hecho, que tuvo lugar el pasado 7 de abril en el departamento Capital, culminó con la muerte de una mujer de 64 años, quien fue embestida por la unidad de transporte público mientras intentaba cruzar la calzada.
Confesión y acuerdo de juicio abreviado
Durante la audiencia de juicio abreviado celebrada recientemente, el conductor del vehículo aceptó formalmente su responsabilidad en el hecho. Un elemento determinante en la causa fue la declaración del propio imputado, quien reconoció que manejaba usando el celular al momento del siniestro y que, debido a esa distracción, «no la vio» a la víctima. Este testimonio coincide con las pruebas recolectadas por la instrucción, especialmente las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona que captaron el momento exacto del atropello.
Ante esta admisión de culpabilidad, la Fiscalía solicitó una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso junto con una inhabilitación para conducir por el término de 6 años. Este tipo de acuerdos permite agilizar el proceso judicial mediante la aceptación de los cargos por parte del acusado a cambio de una reducción en la pretensión punitiva inicial, evitando así la instancia de un juicio oral y público tradicional.
Oposición de la familia y pedido de mayor gravedad
Sin embargo, la homologación del acuerdo no cuenta con el consenso de todas las partes involucradas. La familia de la víctima manifestó su rotunda oposición a la pena propuesta, exigiendo una acusación de mayor gravedad. Los familiares sostienen que el accionar del chofer trasciende la figura de una «simple imprudencia». Según su postura, el hecho de operar un teléfono móvil mientras se está al mando de un vehículo de gran porte implica una conducta cuyas «consecuencias eran previsibles».
El núcleo del reclamo radica en que la decisión consciente de desviar la atención del camino para utilizar un dispositivo electrónico constituye un agravante que no debería ser saldado con una condena de ejecución condicional. La querella busca que el caso avance hacia una instancia de juicio común donde se pueda discutir una calificación legal más severa, bajo la premisa de que quien conduce un transporte de pasajeros asume un deber de cuidado superior que fue vulnerado de forma deliberada.
Definición del magistrado
Tras escuchar los argumentos de la defensa, la Fiscalía y los representantes de la familia damnificada, el juez a cargo de la causa definirá este miércoles el futuro del expediente. El magistrado deberá resolver si homologa el acuerdo de juicio abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal o si, por el contrario, hace lugar al planteo de la querella, lo que obligaría a que la causa avance hacia una instancia mayor de debate para determinar una sentencia efectiva y acorde a la gravedad del reclamo de los deudos.
