Una circular del Ministerio Público generó cuestionamientos internos y encendió el debate sobre el acceso a la información de causas en trámite. Con el documento en mano, quedó claro que aquellas «sugerencias» que habían sido deslizadas por distintas fuentes fueron presentadas, en los hechos, como órdenes de cumplimiento bajo apercibimiento e incluso con posibles castigos determinados por la conducción del organismo, a cargo de Guillermo Baigorrí.
Según el protocolo estipulado, si se toma conocimiento de que un fiscal o un integrante de una UFI difundió información sobre un hecho por fuera de los canales oficiales, podrían adoptarse medidas como consecuencia.
Posibles sanciones para quienes incumplan
En ese sentido, se anticipa que las acciones punitivas podrían ser institucionales, administrativas, disciplinarias o incluso judiciales. En otras palabras, se prevén eventuales sanciones para quienes mantengan contacto con medios de comunicación por vías no oficiales o no autorizadas.
La disposición generó molestias en algunos sectores del Ministerio Público, donde se interpreta que el lineamiento podría afectar la autonomía de los fiscales, funcionarios del Estado designados por la Cámara de Diputados.
En uno de los pasajes del comunicado, se establece que los fiscales deberán «abstenerse de brindar información» y se «desaconseja mantener intercambios personales permanentes con periodistas respecto de causas en trámite». Esa redacción fue leída por sectores críticos como un posible acto de censura, en tensión con el artículo 14 de la Constitución Nacional, que protege la libertad de expresión.
Un canal único para difundir información
De acuerdo con la resolución, el objetivo es canalizar la información de los casos a través de una vía centralizada y que la Oficina de Comunicaciones, contemplada en el Manual de Persecución Penal, sea la fuente exclusiva de difusión.
El documento también hace referencia a información autorizada, lo que fue interpretado por fuentes consultadas como la posibilidad de que, antes de que el área comunique datos sobre una causa, esos contenidos deban ser revisados previamente por la Fiscalía General.
Si bien algunas fuentes no le dieron demasiada entidad a las directivas, las primeras consultas realizadas este jueves encontraron como respuesta el silencio de algunos fiscales, en línea con el nuevo criterio fijado por Baigorrí. Según esas voces, la primera reacción fue el temor a eventuales persecuciones, motivo por el cual se remiten las consultas a la Oficina de Comunicaciones.
El debate por la publicidad de los procesos
A nivel jurídico, varias fuentes advirtieron una posible contradicción con el propio Sistema Acusatorio, que se rige por el principio de publicidad y por la necesidad de que los procesos sean transparentes y conocidos por la sociedad.
El fiscal es titular de la acción penal pública y dirige las investigaciones. En ese marco, actúa en nombre de la sociedad frente a la posible comisión de delitos: no representa a la víctima ni a la policía, sino al interés general.
Por el momento, y sin una página oficial, el único sitio institucional activo del Ministerio Público es una cuenta de Instagram, donde suele aparecer Baigorrí con sus actividades institucionales e incluso hablando en cámara como principal interlocutor del organismo.
