La muerte de un bebé ocurrida tras un parto en el Hospital Guillermo Rawson dio origen a una investigación preliminar por presunta mala praxis obstétrica. La causa permanece en una etapa previa a su formalización, mientras la Unidad Fiscal de Delitos Especiales analiza si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal.
La denuncia fue presentada por la madre del niño, Nair Arroyo, quien sostiene que durante el trabajo de parto existieron demoras en la atención médica que habrían derivado en el fallecimiento de su hijo. La presentación fue realizada el 25 de abril, un día después de la muerte del bebé, con el patrocinio de la abogada Ángeles Olivera, quien actúa como querellante.
La denuncia de la familia
Según el relato de la madre, ingresó al hospital el 21 de abril, alrededor de las cinco de la mañana, con trabajo de parto avanzado, cinco centímetros de dilatación y ruptura de bolsa.
De acuerdo con la denuncia, el último monitoreo fetal se realizó cerca de las 11, momento en el que los profesionales le informaron que el bebé presentaba un estado normal.
La mujer aseguró que alrededor de las 14.30 ya tenía dilatación completa, aunque el parto no progresaba debido a que el bebé no descendía. Recién cerca de las 16.20 se decidió practicar una cesárea.
El recién nacido fue trasladado al servicio de Neonatología, donde permaneció internado durante tres días. Finalmente falleció el 24 de abril. Según manifestó la madre, los médicos le informaron que el bebé presentaba un derrame cerebral y otras complicaciones asociadas a la falta de oxígeno.
La situación de la causa
La abogada Ángeles Olivera explicó que, por el momento, la causa no fue formalizada debido a que las médicas consultoras de la Unidad Fiscal consideran inicialmente que se trataría de una muerte natural.
Ante ese escenario, la querella solicitó una pericia médica especializada en obstetricia para determinar si durante la atención del parto existieron demoras, omisiones o decisiones médicas que pudieran configurar una eventual responsabilidad profesional.
La controversia durante la pericia
Como parte de las medidas impulsadas por la querella, se realizó una pericia obstétrica en el Complejo Forense, en la que intervino como perito de parte el médico obstetra Jorge Mauna.
Según denunció la representación de la familia, cuando el análisis abordaba uno de los puntos considerados centrales para determinar la posible existencia de mala praxis, la médica consultora del Ministerio Público Fiscal, Beatriz Vázquez, decidió interrumpir el procedimiento y dar por finalizado el acto pericial.
Consultado sobre esa situación, el Ministerio Público Fiscal indicó que durante la pericia se analizaron nueve de los diez puntos previstos y que el último quedó sujeto a una disidencia técnica entre los profesionales intervinientes. En ese contexto, se resolvió concluir el procedimiento y permitir que cada especialista presente su informe por separado para ser posteriormente evaluado por el fiscal.
La querella sostiene una postura diferente y afirma que la interrupción vulneró el procedimiento previsto para este tipo de pericias. Según la abogada Olivera, durante el intercambio técnico la médica consultora manifestó que no correspondía que el perito de parte «le enseñara medicina obstétrica», situación que derivó en la finalización anticipada del acto pericial.
Con los informes técnicos pendientes de incorporación al expediente, la Fiscalía deberá analizar toda la prueba reunida para determinar si corresponde formalizar la causa e investigar la eventual existencia de responsabilidades penales vinculadas con la atención médica brindada durante el parto.
