A más de 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado volvió a ratificar su postura: sostiene que no existió suicidio y que el caso debe leerse como un homicidio vinculado a la denuncia que el fiscal había presentado por el Memorándum con Irán. En sus declaraciones más recientes, la exesposa de Nisman insistió en que el crimen fue cometido para silenciarlo y volvió a apuntar contra sectores de inteligencia.
Arroyo Salgado afirmó que “nunca tuvo dudas de que su muerte había sido un homicidio” y sostuvo que “el asesinato de Nisman fue obra de servicios de inteligencia locales, sin los cuales no hubiera sido posible”. Su planteo coincide con la línea actual de la investigación federal, que considera la muerte del fiscal como un homicidio, aunque todavía no identificó a los autores materiales ni intelectuales.
La hipótesis del asesinato
Para Arroyo Salgado, la muerte de Nisman fue una operación destinada a frenar el impacto institucional de su denuncia. En esa línea, resumió su postura con una frase contundente: “Para silenciarlo tenían que matarlo”. La jueza sostiene que la escena del departamento de las Torres Le Parc fue manipulada para instalar la hipótesis del suicidio y que los primeros pasos de la investigación estuvieron marcados por graves irregularidades.
La investigación judicial también registró cuestionamientos al resguardo inicial de la escena. Según el informe fiscal citado en la causa, por el lugar circularon más de 80 personas y hubo irregularidades que, con el paso del tiempo, complicaron la reconstrucción precisa de lo ocurrido durante las horas posteriores a la muerte del fiscal.
En una exposición realizada en el Rotary Club de Buenos Aires, Arroyo Salgado sumó una afirmación de alto impacto político: dijo que los supuestos partícipes del hecho tendrían vínculos con servicios de inteligencia que operan en áreas relacionadas con Yacimientos Carboníferos Río Turbio y con funcionarios públicos del actual Gobierno nacional. La magistrada no aportó mayores detalles en esa intervención pública.
Por qué dejó de ser querellante
Aunque continúa siendo una de las voces más firmes en sostener la hipótesis del asesinato, Arroyo Salgado dejó de representar a sus hijas como querellante en 2018. En el escrito presentado ante el juez Julián Ercolini explicó que la decisión buscaba proteger y resguardar el núcleo familiar, tras años de exposición pública, amenazas y desgaste emocional.
En entrevistas recientes, la jueza dijo que hoy se siente en paz por haber hecho lo que estuvo a su alcance para colaborar con el esclarecimiento del caso y para contener a sus hijas, Iara y Kala. También sostuvo que ambas “viven orgullosas de ser Nisman, con admiración por la valentía del padre y por el ejemplo que les dio”.
El estado de la causa
La causa judicial sigue abierta en el fuero federal. El expediente mantiene procesado a Diego Lagomarsino como partícipe necesario del presunto homicidio, por haber entregado el arma que terminó vinculada a la muerte del fiscal. También continúan procesados los custodios que debían resguardar a Nisman durante aquel fin de semana de enero de 2015.
La calificación judicial del caso se apoya, entre otros elementos, en la pericia de Gendarmería Nacional, que sostuvo que Nisman fue asesinado por dos personas. Esa conclusión fue tomada por la investigación federal para sostener la hipótesis de homicidio, aunque el expediente todavía no logró determinar quiénes ejecutaron el hecho ni quiénes lo habrían ordenado.
El fiscal Eduardo Taiano también pidió avanzar sobre archivos y comunicaciones vinculadas a sectores de inteligencia. En el informe difundido al cumplirse 10 años de la muerte de Nisman, la fiscalía sostuvo que el crimen estuvo motivado por su labor en la Unidad Fiscal AMIA y por su actuación relacionada con el Memorándum de Entendimiento con Irán.
El contexto político
Arroyo Salgado también marcó diferencias entre el posicionamiento del actual Gobierno y el de administraciones anteriores. Valoró que Javier Milei haya hablado públicamente de asesinato al recordar a Nisman y señaló que, por primera vez, un presidente en ejercicio hizo un homenaje en esos términos, basado en lo que sostiene la Justicia.
La jueza vinculó el legado de Nisman con la investigación del atentado a la AMIA y con la denuncia por el Memorándum con Irán. En esa línea, ha definido su muerte como un hecho de extrema gravedad institucional y, en declaraciones anteriores, llegó a considerarla un “tercer atentado terrorista” por el vínculo que atribuye entre el crimen y la causa AMIA.
La postura de Arroyo Salgado se mantiene sin cambios sustanciales: para ella, el caso no puede ser leído como una muerte individual sino como un crimen contra un fiscal que investigaba terrorismo internacional y había denunciado a la conducción política del país. A más de una década, la investigación conserva procesamientos relevantes, pero todavía carga con la deuda principal: identificar a todos los responsables del homicidio de Alberto Nisman.
<p>A más de 11 años de la muerte de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado ratificó su convicción de que el fiscal fue asesinado para silenciarlo. La jueza federal volvió a vincular el caso con sectores de inteligencia y cuestionó las irregularidades iniciales de la investigación. La causa sigue abierta, con Diego Lagomarsino procesado como partícipe necesario. :contentReference[oaicite:0]{index=0}</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
El caso Nisman tiene esa capacidad argentina de seguir abierto como una herida institucional y, al mismo tiempo, como un expediente que parece haber envejecido dentro de un laberinto diseñado por alguien con alergia a las respuestas. Pasaron más de 11 años, cambiaron gobiernos, funcionarios, discursos, climas políticos y hasta redes sociales, pero la pregunta central sigue ahí, sentada en primera fila: quién lo mató y quién dio la orden.
Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal y madre de sus hijas, no se movió un milímetro de su postura. Para ella no hubo suicidio, ni confusión, ni tragedia doméstica mal interpretada. Hubo un homicidio, una operación y una escena armada para que el país discutiera durante una década lo que, según su mirada, debía haberse investigado desde el primer minuto: “Para silenciarlo tenían que matarlo”.
La jueza volvió a poner sobre la mesa una hipótesis áspera: la intervención de “gente entrenada” vinculada a los servicios de inteligencia. Y en sus últimas declaraciones sumó una línea que sacudió el tablero, al relacionar supuestos partícipes con sectores ligados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio y con funcionarios del actual Gobierno nacional. Una frase suficiente para que la política argentina, siempre tan moderada como una alarma de auto a las tres de la mañana, volviera a mirar el caso con la mandíbula tensa.
La escena del departamento de Le Parc aparece, en su relato, como el primer gran pecado original de la investigación. Por allí circularon demasiadas personas, se perdieron tiempos decisivos y se instaló con rapidez una versión de suicidio que ella rechazó desde el inicio. En un país donde un expediente puede tener más giros que una serie policial escrita por un comité de crisis, esa primera noche sigue funcionando como el capítulo que nadie logra cerrar sin discutir.
Arroyo Salgado dejó de ser querellante en 2018, pero no dejó de hablar. Explicó entonces que lo hizo para proteger a sus hijas y reconstruir una vida familiar atravesada por amenazas, desgaste y exposición pública. La causa, mientras tanto, avanzó con una certeza judicial fuerte —la calificación de homicidio— y una ausencia todavía brutal: no están identificados los autores materiales ni intelectuales.
El expediente Nisman sigue siendo una caja negra del poder argentino. Tiene pericias, custodios procesados, un colaborador señalado, servicios de inteligencia en la sombra, un fiscal muerto antes de presentarse en el Congreso y una familia que sostiene que no hubo accidente ni decisión personal, sino un crimen político. La historia, por ahora, no ofrece cierre: apenas una sucesión de puertas entreabiertas, sospechas persistentes y una Justicia que camina con la velocidad de quien sabe que cada paso pisa dinamita.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
A más de 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado volvió a ratificar su postura: sostiene que no existió suicidio y que el caso debe leerse como un homicidio vinculado a la denuncia que el fiscal había presentado por el Memorándum con Irán. En sus declaraciones más recientes, la exesposa de Nisman insistió en que el crimen fue cometido para silenciarlo y volvió a apuntar contra sectores de inteligencia.
Arroyo Salgado afirmó que “nunca tuvo dudas de que su muerte había sido un homicidio” y sostuvo que “el asesinato de Nisman fue obra de servicios de inteligencia locales, sin los cuales no hubiera sido posible”. Su planteo coincide con la línea actual de la investigación federal, que considera la muerte del fiscal como un homicidio, aunque todavía no identificó a los autores materiales ni intelectuales.
La hipótesis del asesinato
Para Arroyo Salgado, la muerte de Nisman fue una operación destinada a frenar el impacto institucional de su denuncia. En esa línea, resumió su postura con una frase contundente: “Para silenciarlo tenían que matarlo”. La jueza sostiene que la escena del departamento de las Torres Le Parc fue manipulada para instalar la hipótesis del suicidio y que los primeros pasos de la investigación estuvieron marcados por graves irregularidades.
La investigación judicial también registró cuestionamientos al resguardo inicial de la escena. Según el informe fiscal citado en la causa, por el lugar circularon más de 80 personas y hubo irregularidades que, con el paso del tiempo, complicaron la reconstrucción precisa de lo ocurrido durante las horas posteriores a la muerte del fiscal.
En una exposición realizada en el Rotary Club de Buenos Aires, Arroyo Salgado sumó una afirmación de alto impacto político: dijo que los supuestos partícipes del hecho tendrían vínculos con servicios de inteligencia que operan en áreas relacionadas con Yacimientos Carboníferos Río Turbio y con funcionarios públicos del actual Gobierno nacional. La magistrada no aportó mayores detalles en esa intervención pública.
Por qué dejó de ser querellante
Aunque continúa siendo una de las voces más firmes en sostener la hipótesis del asesinato, Arroyo Salgado dejó de representar a sus hijas como querellante en 2018. En el escrito presentado ante el juez Julián Ercolini explicó que la decisión buscaba proteger y resguardar el núcleo familiar, tras años de exposición pública, amenazas y desgaste emocional.
En entrevistas recientes, la jueza dijo que hoy se siente en paz por haber hecho lo que estuvo a su alcance para colaborar con el esclarecimiento del caso y para contener a sus hijas, Iara y Kala. También sostuvo que ambas “viven orgullosas de ser Nisman, con admiración por la valentía del padre y por el ejemplo que les dio”.
El estado de la causa
La causa judicial sigue abierta en el fuero federal. El expediente mantiene procesado a Diego Lagomarsino como partícipe necesario del presunto homicidio, por haber entregado el arma que terminó vinculada a la muerte del fiscal. También continúan procesados los custodios que debían resguardar a Nisman durante aquel fin de semana de enero de 2015.
La calificación judicial del caso se apoya, entre otros elementos, en la pericia de Gendarmería Nacional, que sostuvo que Nisman fue asesinado por dos personas. Esa conclusión fue tomada por la investigación federal para sostener la hipótesis de homicidio, aunque el expediente todavía no logró determinar quiénes ejecutaron el hecho ni quiénes lo habrían ordenado.
El fiscal Eduardo Taiano también pidió avanzar sobre archivos y comunicaciones vinculadas a sectores de inteligencia. En el informe difundido al cumplirse 10 años de la muerte de Nisman, la fiscalía sostuvo que el crimen estuvo motivado por su labor en la Unidad Fiscal AMIA y por su actuación relacionada con el Memorándum de Entendimiento con Irán.
El contexto político
Arroyo Salgado también marcó diferencias entre el posicionamiento del actual Gobierno y el de administraciones anteriores. Valoró que Javier Milei haya hablado públicamente de asesinato al recordar a Nisman y señaló que, por primera vez, un presidente en ejercicio hizo un homenaje en esos términos, basado en lo que sostiene la Justicia.
La jueza vinculó el legado de Nisman con la investigación del atentado a la AMIA y con la denuncia por el Memorándum con Irán. En esa línea, ha definido su muerte como un hecho de extrema gravedad institucional y, en declaraciones anteriores, llegó a considerarla un “tercer atentado terrorista” por el vínculo que atribuye entre el crimen y la causa AMIA.
La postura de Arroyo Salgado se mantiene sin cambios sustanciales: para ella, el caso no puede ser leído como una muerte individual sino como un crimen contra un fiscal que investigaba terrorismo internacional y había denunciado a la conducción política del país. A más de una década, la investigación conserva procesamientos relevantes, pero todavía carga con la deuda principal: identificar a todos los responsables del homicidio de Alberto Nisman.
El caso Nisman tiene esa capacidad argentina de seguir abierto como una herida institucional y, al mismo tiempo, como un expediente que parece haber envejecido dentro de un laberinto diseñado por alguien con alergia a las respuestas. Pasaron más de 11 años, cambiaron gobiernos, funcionarios, discursos, climas políticos y hasta redes sociales, pero la pregunta central sigue ahí, sentada en primera fila: quién lo mató y quién dio la orden.
Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal y madre de sus hijas, no se movió un milímetro de su postura. Para ella no hubo suicidio, ni confusión, ni tragedia doméstica mal interpretada. Hubo un homicidio, una operación y una escena armada para que el país discutiera durante una década lo que, según su mirada, debía haberse investigado desde el primer minuto: “Para silenciarlo tenían que matarlo”.
La jueza volvió a poner sobre la mesa una hipótesis áspera: la intervención de “gente entrenada” vinculada a los servicios de inteligencia. Y en sus últimas declaraciones sumó una línea que sacudió el tablero, al relacionar supuestos partícipes con sectores ligados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio y con funcionarios del actual Gobierno nacional. Una frase suficiente para que la política argentina, siempre tan moderada como una alarma de auto a las tres de la mañana, volviera a mirar el caso con la mandíbula tensa.
La escena del departamento de Le Parc aparece, en su relato, como el primer gran pecado original de la investigación. Por allí circularon demasiadas personas, se perdieron tiempos decisivos y se instaló con rapidez una versión de suicidio que ella rechazó desde el inicio. En un país donde un expediente puede tener más giros que una serie policial escrita por un comité de crisis, esa primera noche sigue funcionando como el capítulo que nadie logra cerrar sin discutir.
Arroyo Salgado dejó de ser querellante en 2018, pero no dejó de hablar. Explicó entonces que lo hizo para proteger a sus hijas y reconstruir una vida familiar atravesada por amenazas, desgaste y exposición pública. La causa, mientras tanto, avanzó con una certeza judicial fuerte —la calificación de homicidio— y una ausencia todavía brutal: no están identificados los autores materiales ni intelectuales.
El expediente Nisman sigue siendo una caja negra del poder argentino. Tiene pericias, custodios procesados, un colaborador señalado, servicios de inteligencia en la sombra, un fiscal muerto antes de presentarse en el Congreso y una familia que sostiene que no hubo accidente ni decisión personal, sino un crimen político. La historia, por ahora, no ofrece cierre: apenas una sucesión de puertas entreabiertas, sospechas persistentes y una Justicia que camina con la velocidad de quien sabe que cada paso pisa dinamita.