El juez federal Ariel Lijo viajará a París para integrar la delegación argentina que expondrá ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en una misión clave para defender la posición del país en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La comitiva será encabezada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, e incluirá a funcionarios de organismos nacionales y especialistas técnicos. Según la información conocida hasta el momento, también participará el juez federal Sebastián Casanello, junto a representantes de áreas vinculadas al control financiero, la persecución penal y la regulación estatal.
El viaje está previsto para mediados de junio y tendrá como objetivo exponer ante el organismo internacional los avances de la Argentina en materia antilavado. La misión busca evitar que el país sufra una calificación más severa o quede bajo una vigilancia internacional reforzada.
Qué es el GAFI y qué evalúa
El Grupo de Acción Financiera Internacional es el organismo que fija estándares globales para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de organizaciones criminales.
Sus evaluaciones son observadas por bancos, organismos multilaterales, calificadoras, inversores y sistemas financieros de todo el mundo. Por eso, una mala evaluación puede tener impacto directo sobre la confianza internacional, el costo de las operaciones financieras y el acceso al crédito externo.
El GAFI analiza si los países cuentan con herramientas normativas, judiciales, administrativas y financieras efectivas. No alcanza con tener leyes: el organismo exige demostrar resultados concretos.
Entre los puntos que se ponen bajo revisión aparecen las condenas por lavado de activos, la capacidad de investigación patrimonial, la cooperación entre organismos públicos, el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, los controles bancarios y la persecución del financiamiento de delitos complejos.
El riesgo de la lista gris
La denominada lista gris del GAFI reúne a países que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Ingresar en esa categoría no implica una sanción directa, pero sí coloca al país bajo un monitoreo más estricto. Las consecuencias pueden incluir mayores controles sobre operaciones financieras, incremento de costos en transferencias internacionales, pérdida de confianza de inversores y dificultades adicionales para acceder a financiamiento externo.
Para un país con necesidad permanente de dólares, crédito e inversiones, una mala evaluación del GAFI no sería un detalle técnico. Sería una señal política y económica de alto impacto.
Por qué viaja Ariel Lijo
La explicación oficial es que Lijo aportará experiencia judicial sobre investigaciones complejas vinculadas con delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado.
Sin embargo, su participación generó cuestionamientos porque se trata de un magistrado con fuerte exposición pública y política. Lijo fue impulsado por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema, pero su intento de llegar al máximo tribunal terminó bloqueado.
Primero, la Corte Suprema rechazó otorgarle licencia para asumir sin renunciar a su juzgado federal. Luego, el Senado rechazó su pliego, en una votación que dejó sin respaldo legislativo la candidatura promovida por el Poder Ejecutivo.
Ese antecedente vuelve incómoda su presencia en una misión internacional destinada a mostrar institucionalidad, independencia judicial y capacidad de control estatal.
La pregunta política detrás del viaje
El interrogante central no pasa sólo por la legalidad de la participación de un juez federal en una delegación oficial, sino por su oportunidad institucional.
¿Puede un magistrado que interviene en causas sensibles vinculadas al poder político integrar una comitiva destinada a respaldar la posición internacional del Gobierno?
La pregunta cobra mayor peso porque Lijo tiene intervención o cercanía con expedientes de alto impacto público. Entre ellos aparecen investigaciones relacionadas con funcionarios nacionales y áreas cuestionadas, como la Agencia Nacional de Discapacidad, uno de los organismos atravesados por denuncias y por fuertes debates sobre recortes presupuestarios.
En paralelo, el Gobierno nacional enfrenta críticas de sectores sociales por restricciones en prestaciones, pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones, reducción de programas sociales, cambios en subsidios al transporte y dificultades en el acceso a medicamentos.
En ese contexto, la misión ante el GAFI queda atravesada por una contradicción política: mientras en París se buscará mostrar un Estado eficaz, coordinado y sólido en sus controles, dentro del país crecen los reclamos por el impacto del ajuste sobre áreas sensibles.
Qué se juega la Argentina
La presentación ante el GAFI no será apenas una reunión protocolar. Argentina deberá demostrar que su sistema antilavado tiene capacidad real para investigar, perseguir, condenar y recuperar activos vinculados a delitos complejos.
La delegación buscará exhibir resultados judiciales, reformas normativas, cooperación institucional y estadísticas que permitan sostener que el país cumple con los estándares internacionales.
Un resultado negativo podría derivar en nuevas exigencias, mayor presión sobre el sistema financiero y una señal desfavorable para inversores y organismos internacionales.
Después de la exposición en París, la Argentina deberá continuar presentando informes, avances y resultados concretos ante el organismo. Allí se verá si la estrategia oficial alcanza para evitar observaciones más severas.
Lo que quedará abierto es la discusión política sobre la elección de los voceros. Porque si la misión busca defender la transparencia institucional del país, la presencia de Ariel Lijo obliga a mirar no sólo qué argumentos llevará la Argentina, sino también quiénes fueron elegidos para pronunciarlos.
