El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles la declaración indagatoria del exdiputado José Luis Espert en el marco de una causa que investiga un presunto delito de lavado de dinero. La pesquisa se centra en la relación del economista con el empresario Federico «Fred» Machado, quien fue condenado recientemente en Estados Unidos por fraude y lavado de activos, además de haber estado vinculado a una investigación por narcotráfico.
Según la acusación, Espert habría intentado otorgar apariencia legal a fondos recibidos de Machado mediante distintas operaciones económicas. Entre ellas, la compra de vehículos de alta gama, entre los que figuran un BMW y un Lexus, además de aportes realizados a un fideicomiso denominado Dunas. Para la fiscalía, estos movimientos podrían haber sido utilizados para justificar el origen del dinero.
La solicitud de la fiscalía
La solicitud de indagatoria también alcanza a Varianza SA, la sociedad comercial vinculada al exlegislador. De acuerdo con el expediente, la empresa habría presentado documentación contable presuntamente falsa con el objetivo de respaldar el ingreso de los fondos investigados.
Asimismo, el fiscal pidió que sea citado Mariano Cosentino, contador de Espert, por su participación en las operaciones bajo análisis.
La causa gira en torno a la relación entre Espert y Machado, quien respaldó financieramente la primera candidatura presidencial del dirigente liberal en 2019. El empresario reconoció en mayo ante la Justicia estadounidense haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero, situación que fortaleció las sospechas sobre los movimientos financieros que mantuvo con distintos allegados y socios.
La transferencia bajo investigación
Uno de los principales elementos que analiza la fiscalía es una transferencia por USD 200.000 que Machado envió a Espert en 2020. Según un contrato firmado entre ambos, el acuerdo contemplaba pagos por un total de USD 1.000.000.
El exdiputado sostuvo públicamente que el dinero correspondía a servicios de consultoría vinculados a un proyecto minero en Guatemala.
Sin embargo, los investigadores pusieron en duda esa explicación al señalar que Espert nunca viajó a Guatemala y que las minas relacionadas con el supuesto asesoramiento no se encontraban en funcionamiento. Además, indicaron que no existen pruebas concretas que acrediten la realización de tareas profesionales asociadas al contrato.
Bienes congelados y definición judicial pendiente
Mientras el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, analiza los pedidos de indagatoria, el dirigente mantiene congelados sus bienes y no puede disponer libremente de sus cuentas bancarias ni vender propiedades sin autorización judicial.
El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó la declaración indagatoria de José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos. La investigación se enfoca en una transferencia de USD 200.000 realizada en 2020 y en diversas operaciones financieras que, según la fiscalía, podrían haber buscado justificar el origen de esos fondos.
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USD 200.000 cruzaron de una cuenta a otra. Después apareció un contrato por USD 1 millón, una consultoría minera en Guatemala y una investigación judicial intentando descubrir si detrás del expediente había un negocio legítimo o una explicación armada con la misma precisión que una carpeta presentada cinco minutos antes de una auditoría.
La historia tiene todos los ingredientes del género: empresarios internacionales, minas que no producen, papeles contables bajo sospecha y vehículos de alta gama. Como si alguien hubiera mezclado una conferencia económica, un catálogo de concesionaria premium y una serie policial de trasnoche en el mismo archivo PDF.
La fiscalía sostiene que ciertas operaciones habrían servido para darle apariencia legal a fondos provenientes de Federico “Fred” Machado, un empresario que recientemente admitió delitos de fraude y lavado de dinero ante la Justicia estadounidense. Cuando una investigación incorpora esa clase de antecedentes, cada transferencia empieza a ser observada con el mismo entusiasmo con que un inspector revisa una declaración jurada que llegó demasiado prolija.
En el centro del caso aparece una explicación que intenta sostenerse sobre una consultoría minera en Guatemala. El problema es que los investigadores afirman que el asesor nunca viajó al país y que las minas vinculadas al supuesto proyecto ni siquiera estaban operativas. Es una dificultad logística considerable: asesorar una explotación minera inexistente a miles de kilómetros exige un nivel de trabajo remoto que ni los manuales de productividad se habían animado a imaginar.
También quedaron bajo análisis compras de vehículos, movimientos financieros y documentación presentada por una sociedad comercial relacionada con el dirigente. La fiscalía sospecha que algunos registros podrían haber sido confeccionados para respaldar ingresos cuya procedencia ahora se encuentra bajo la lupa judicial.
Mientras tanto, los bienes siguen congelados y el expediente continúa avanzando entre contratos, balances y transferencias internacionales. Porque en Argentina hay causas que se explican con una hoja de cálculo y otras que terminan necesitando una excavación arqueológica para encontrar el origen de cada peso. Esta parece decidida a probar ambas cosas al mismo tiempo.
El país donde una mina apagada puede terminar generando más actividad que una mina funcionando.
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