La Ley de Desarrollo Minero Local tuvo este lunes su primera jornada de debate en las comisiones de la Cámara de Diputados de San Juan, con la participación del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, junto a autoridades del Ejecutivo provincial. El tratamiento continuará este martes, cuando se espera que los legisladores avancen hacia una definición sobre el proyecto impulsado por el Gobierno.
Definiciones para el empleo y los proveedores locales
Durante la reunión, Fernández explicó que la iniciativa busca establecer criterios claros para definir qué se considera empleo y proveedor local, diferenciando entre quienes pertenecen a las comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros y aquellos proveedores del resto de la provincia.
Uno de los ejes centrales del proyecto establece que las empresas mineras deberán presentar planes de desarrollo donde detallen sus futuras necesidades de empleo y de bienes o servicios. Según el funcionario, esta herramienta permitirá anticipar la demanda y preparar tanto a los trabajadores como a los proveedores sanjuaninos para participar en los procesos de contratación.
«Lo que se busca es dar previsibilidad», señaló Fernández, al explicar que esos planes deberán indicar qué perfiles laborales serán requeridos, qué volumen de contratación se necesitará y qué servicios demandarán los emprendimientos mineros.
Objetivos progresivos e incentivos
El ministro remarcó que el proyecto no establece cupos obligatorios ni plantea contradicciones con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Explicó que la propuesta se basa en objetivos progresivos que deberán asumir las empresas dentro de sus planes de desarrollo.
Entre las metas previstas figura alcanzar hasta un 80% de contratación de mano de obra local y un 60% de adquisición de bienes y servicios disponibles en la provincia, contemplando incentivos para las compañías que logren esos objetivos.
Preparación de los proveedores sanjuaninos
Sobre la capacidad de las empresas locales para responder a las demandas de los grandes proyectos, Fernández sostuvo que ya existen proveedores con experiencia en la actividad minera, aunque reconoció que algunos contratos requerirán mayor escala o capacidad financiera.
En ese contexto, planteó la posibilidad de conformar consorcios o asociaciones entre empresas sanjuaninas para afrontar licitaciones de mayor envergadura y destacó que el tiempo de planificación permitirá que los proveedores se capaciten, obtengan certificaciones y lleguen en mejores condiciones para competir.
Tras esta primera jornada de debate, el tratamiento del proyecto continuará este martes en la Legislatura provincial, donde se espera una definición sobre el futuro de la iniciativa.
La Cámara de Diputados de San Juan inició el debate del proyecto de Ley de Desarrollo Minero Local con la participación de funcionarios del Ejecutivo provincial. La iniciativa busca definir criterios para el empleo y los proveedores locales, promover la planificación de las necesidades del sector y continuará su tratamiento este martes, cuando se espera una definición.
La ley todavía no salió, pero ya tiene agenda para el martes. En una provincia donde la minería mueve inversiones millonarias, la discusión pasó por una pregunta bastante menos glamorosa: quién trabaja, quién provee y cómo evitar enterarse de las oportunidades cuando ya pasó el tren.
La propuesta pide que las empresas mineras presenten con anticipación qué personal van a necesitar y qué bienes o servicios van a contratar. Es como pedirle a alguien que avise con tiempo cuántos invitados lleva al asado, pero con presupuestos que alcanzan para comprar varios barrios enteros y una lista de compras bastante más larga que carbón y vacío.
El argumento oficial apunta a dar previsibilidad. Si se sabe qué perfiles laborales harán falta y qué servicios demandarán los proyectos, habrá margen para capacitar trabajadores, certificar empresas y preparar proveedores antes de que lleguen las licitaciones. La planificación, esa palabra que suele aparecer cuando los plazos ya empezaron a correr, esta vez pretende llegar antes que las urgencias.
También quedó aclarado que la iniciativa no fija cupos obligatorios ni busca entrar en conflicto con el RIGI. En cambio, plantea objetivos progresivos para incrementar la contratación de mano de obra sanjuanina y la compra de bienes y servicios disponibles en la provincia, con incentivos para quienes alcancen esas metas. Traducido al castellano de ventanilla: no es una obligación, pero conviene cumplirla.
Otro punto del debate pasó por la capacidad de las empresas locales para competir en contratos de gran escala. La respuesta fue que muchas ya tienen experiencia, aunque algunas deberán asociarse para llegar al tamaño que exigen los proyectos. Porque una cosa es vender insumos y otra muy distinta es presentarse a una licitación que parece escrita con la lista de materiales para construir una ciudad.
El martes seguirá la discusión y podría llegar la definición. La ley todavía espera su voto. La expectativa ya empezó a hacer fila.