El proceso para definir el futuro del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, en San Rafael, volvió a quedar en el centro de la discusión política en Mendoza luego de que legisladores peronistas cuestionaran distintos aspectos de la licitación que llevan adelante la Provincia y la Nación.
El procedimiento contempla una concesión por 30 años para la generación eléctrica de los complejos Nihuiles I, II, III y IV, además de la venta del 100% de las acciones de Hidroeléctricidad Mendocina SA (Hemsa), la empresa provincial que quedó a cargo del sistema durante la etapa de transición.
Los cuestionamientos fueron planteados por legisladores de Encuentro Mendocino y Fuerza Patria, quienes reclamaron mayor información sobre la transparencia del proceso, el seguro correspondiente a los daños provocados por el aluvión de 2025 y el esquema de regalías hidroeléctricas.
Dudas sobre la licitación y el posible concesionario
El diputado Germán Gómez sostuvo que el bloque peronista presentó entre tres y cinco pedidos de informes que luego fueron acumulados y reclamó además que la ministra de Energía y Ambiente concurra a la Legislatura para brindar explicaciones.
«Estamos muy preocupados», sostuvo Gómez, al plantear dudas sobre el proceso que definirá quién tendrá a su cargo uno de los principales activos hidroeléctricos de Mendoza durante las próximas tres décadas.
Desde el peronismo también señalaron que publicaciones nacionales anticiparon la posibilidad de que Cemppsa, el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos SA, pueda quedar vinculada al futuro de Los Nihuiles.
La firma está relacionada con el Grupo Neuss a través de Edison Energy y fue contratada recientemente por Hemsa/Emesa para tareas de «asistencia en la operación y mantenimiento» de las centrales.
El Gobierno provincial explicó que se trató de «los únicos operadores locales calificados para realizar las actividades de gerenciamiento requeridas». Según la versión oficial, Hidronihuil SA informó que no se encontraba en condiciones de asumir esas tareas, mientras que Pampa Energía, operadora del sistema Diamante, comunicó 11 días antes de la reversión de la concesión que tampoco podía colaborar con la administración de los activos.
Desde el Ejecutivo explicaron: «Frente a esta situación y con 11 días para hacer frente a la explotación del sistema, los principales problemas que debíamos resolver se relacionaban con la operación de las centrales y el personal no cubierto con la nómina traspasada».
La oposición, sin afirmar que exista una adjudicación formal, consideró llamativo que una empresa ya tenga participación operativa mientras todavía está pendiente la licitación definitiva.
«Ya hay una toma parcial de Los Nihuiles por una empresa predeterminada», sostuvo Gustavo Perret, quien calificó la situación de «grave, sospechosa y al menos oscura».
El senador Félix González también cuestionó la participación del Grupo Neuss y planteó: «Hay medios nacionales que están instalando que Nihuiles está direccionado al Grupo Neuss. ¿Por qué estamos firmando un convenio de cooperación con el Grupo Neuss si nos hemos quedado con todos los trabajadores del exgrupo Hinisa? Si lo estamos operando hasta que llegue el nuevo concesionario, ¿por qué le damos esta gestión? Hay que aclarar estas cuestiones».
El seguro por los daños del aluvión
Otro de los puntos cuestionados por el PJ está relacionado con los daños provocados por los eventos climáticos registrados en enero de 2025 y el eventual cobro del seguro.
Según Gómez y Perret, existe un informe técnico que calculó en aproximadamente US$84 millones el costo de las reparaciones necesarias.
Los legisladores sostienen, sin embargo, que el eventual acuerdo con la aseguradora podría ubicarse alrededor de los US$45 millones.
«Hoy se está llegando a un arreglo por US$ 45 millones de dólares. No conozco a nadie que ceda US$ 40 millones de la nada», cuestionó Perret.
Desde el Gobierno provincial respondieron que el acuerdo con el seguro todavía no está cerrado.
La discusión adquiere especial relevancia porque los complejos Nihuil II y III quedaron fuera de servicio luego del aluvión.
El Ejecutivo sostiene que uno de los principales objetivos de la futura concesión será garantizar inversiones para recuperar esas centrales y modernizar Nihuil I y IV.
Desde el PJ reclaman que antes de avanzar quede determinado cuánto dinero se recuperará mediante el seguro, quién afrontará las reparaciones y en qué condiciones serán entregados los activos al nuevo concesionario.
La pelea por las regalías hidroeléctricas
Perret también cuestionó el esquema actual de regalías hidroeléctricas.
El legislador sostuvo que Mendoza percibe actualmente un 6% cuando, según su interpretación, debería recibir el 12%.
«¿Por qué las regalías son del 50% de lo que deberían cobrar?», planteó.
Además, afirmó que existen antecedentes legislativos y un dictamen de la Procuración del Tesoro que deberían formar parte de la discusión.
Desde el radicalismo respondieron que el Gobierno provincial mantiene desde hace años planteos judiciales destinados precisamente a reclamar el 12% de las regalías y evitar que ese porcentaje sea compartido con La Pampa.
El oficialismo también aseguró que los pedidos de informes presentados por la oposición fueron respondidos, contradiciendo el planteo del peronismo sobre una supuesta falta de información.
Mientras avanza la licitación nacional e internacional, las principales incógnitas políticas permanecen concentradas en tres ejes: quién terminará administrando Los Nihuiles durante los próximos 30 años, cuánto se recuperará por los daños del aluvión y cuál será finalmente el esquema de regalías que recibirá Mendoza.
